Desde el inicio de la pandemia, en marzo 2020, las medidas de prevención y despistaje para el coronavirus han ido variando. En muchos casos se ha visto que la ciudadanía ha bajado la guardia. Lo mismo ocurre en los Centros de Detención Preventiva del litoral central, donde ya no se realizan despistajes y las medidas de bioseguridad, son cada vez menos estrictas
Nadeska Noriega, UVL/ Vargas
Tras quince meses de haber confirmado la presencia del COVID-19 en Venezuela y de haber decretado un proceso de cuarentena absoluta y posteriormente la modalidad de 7 x 7, intercalando semanas de cuarentena radical y cuarentena flexible, las medidas de bioseguridad y el despistaje de COVID-19, han sido dejados de lado, por lo menos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Vargas, siete de ellos monitoreados por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.
“En un primer momento hubo cierta intención de realizar despistajes en los centros de detención preventiva. Y se hicieron. Pero con el paso del tiempo, la prioridad fue dirigida a otros sectores y no hacia los privados de libertad. En un promedio, desde hace seis meses, no se hace despistaje. Tampoco se aplican medidas de distanciamiento, pues con el tema del hacinamiento por la sobrepoblación, es imposible. El protocolo aquí, es que cuando a un privado de libertad se le ven síntomas de fiebre, tos o fallas respiratorias, se aísla y se llama a la Brigada de Emergencias Hospitalarias y ellos vienen hacen chequeo y si lo amerita hacen la prueba. Pero nada de jornadas especiales”, cuanta una fuente policial, que labora en el Centro de Detención Preventiva que funciona en el Retén de Caraballeda, bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Lo que reporta el funcionario en Caraballeda, ocurre en igual o parecida medida en el Retén de Macuto y en los otros centros de detención que funcionan en los comandos de la Policía Municipal de Vargas, del Cicpc – La Guaira y en los comandos antidrogas y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Nacional, que funcionan en el puerto de La Guaira y Maiquetía.
En estos centros, el COVID-19 ha pasado a un segundo plano. De hecho, la única medida que se conserva, es la suspensión de visitas en las semanas de la llamada cuarentena radical, sin embargo, los familiares se acercan a los centros de detención a llevar comida para los privados de libertad, exista o no la medida de cuarentena.
Bajando la guardia
“Aquí el problema es que se ha bajado la guardia. Al principio a la familia hasta gel nos echaban, pero, poco a poco, se ha ido olvidando que el COVID-19 existe. Nosotros si estamos pendientes. Y cuando nuestro familiar nos dice que hay alguno con fiebre o tos, pues buscamos ayuda. Nosotros creemos que se debe hacer un triaje respiratorio para los presos. Una revisión más profunda. No solo esperar al día que protestan”, cuenta Rosalía Camacho, madre de un privado de libertad del Retén de Macuto.
La preocupación de Rosalía y de otros familiares es legítima. Los Centros de Detención Preventiva, por las características que poseen, son focos de propagación de enfermedades infectocontagiosas y por supuesto del COVID-19. A los privados y privadas de libertad, en lo CDP del litoral central, por ejemplo, se les dificulta el acceso al agua para el higiene diario, muchos no cuentan con equipos de bioseguridad y protección individual, mientras tienen dificultades para mantener la distancia física y reciben atención médica limitada.
“El despistaje debería realizarse a cada detenido, porque el riesgo lo traen los nuevos privados de libertad. Cada vez que llega uno, se hace el intento de verificar que no tiene ningún síntoma que lo haga sospechoso para COVID- 19. Hubo un momento, el año pasado entre mayo y agosto, en que en algunos Centro de Detención Preventiva se contó con pruebas de descarte rápido para COVID-19, y de hecho, hubo casos que salieron positivos y se pusieron en aislamiento. Creo que esa precaución es la que ha impedido que haya más casos en los retenes, pero las autoridades de salud no nos han facilitado más pruebas rápidas”, asegura un funcionario del Retén de Macuto.
Otro aspecto que los familiares abordan, es la inclusión de los privados de libertad en el Plan Nacional de Vacunación. “Ser vacunado es un derecho, pero como los presos son siempre los grandes olvidados, nadie viene y dice que van a poner vacunas para prevenir el COVID-19 en los retenes, cuando bien saben que es aquí donde hay más riesgos y son espacios que un solo caso, puede traer como consecuencia toda una tragedia y un foco de contagios, sobre todo teniendo en cuenta que sus condiciones de reclusión, no les permiten mantener la distancia física”, dice Maigualida Gómez, pareja de un privad de libertad, en el retén de Caraballeda.
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