Desnutrición crece en calabozos de Guarenas-Guatire-Barlovento y agrava a enfermos de otras patologías

La desnutrición afecta a más de 15% de la población privada de libertad en los CDP de las regiones Guarenas-Guatire y Barlovento del estado Miranda

Más del 15% de la población privada de libertad en los 10 CDP monitoreados por Una Ventana a la Libertad en estas regiones mirandinas están afectados por desnutrición. De ese total, más de la mitad padece de otras enfermedades, que se han vuelto comunes en los calabozos policiales, lo que complica sus cuadros de salud

Lidk Rodelo Ruidíaz  UVL – Miranda

Durante el más reciente monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad en los diez (10) centros de detención preventiva (CDP) ubicados en las regiones Guarenas-Guatire y Barlovento, ambas ubicadas al extremo este del estado Miranda, en la región capital, se pudo constatar que la desnutrición afecta a 15,16% de la población privada de libertad.

En los 10 CDP investigados se alberga a 587 privados de libertad, entre hombres y mujeres, en edades que van desde la adolescencia hasta la tercera edad. De ese total de reclusos, en al menos 89 de ellos se evidencia delgadez extrema, debido a la poca alimentación que reciben, lo que se traduce en desnutrición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la desnutrición como “el estado proteico originado por el consumo deficiente de alimentos y de una ingestión energética inferior a los requerimientos, durante periodos prolongados”.

Las investigaciones realizadas por Una Ventana a la Libertad, durante períodos anteriores al actual momento, han permitido identificar los casos de desnutrición. La mayoría de los casos, aunque no son todos, obedecen a que los privados de libertad pertenecen a familias en pobreza extrema y, además, residían en regiones alejadas de donde fueron detenidos, por lo que a sus familiares se les dificulta trasladarse diariamente a estos lugares a llevarles sus respectivas comidas.

Aunque los privados de libertad están bajo la custodia del Estado, según las leyes vigentes en Venezuela, en el caso de los CDP son los familiares quienes deben proveerles la alimentación diaria a los reclusos, así como los medicamentos para el tratamiento de diferentes patologías médicas y, en la mayoría de los casos, hasta el agua para el consumo y el aseo personal.

A la lejanía entre los CDP y los poblados en los que residen los detenidos, se debe sumar las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19 en Venezuela, así como la escasez de combustible para el traslado diario de los familiares.

Por otra parte, al menos 48 de los privados de libertad que padecen de desnutrición, cifra que representa más de la mitad del total de desnutridos, también están afectados por otras enfermedades que se han vuelto comunes en los CDP.

18 de ellos tienen tuberculosis, 48 sufren de afecciones de la piel como la escabiosis, y al menos 45 están afectados por cuadros virales gripales, casos que no han sido ni confirmados ni descartados para COVID-19.

Una Ventana a la Libertad ubicó a la madre de uno de los reclusos afectados por tuberculosis y con alto grado de desnutrición, en una de sus visitas al CDP donde está retenido su hijo. Ella asegura que la desnutrición agrava las complicaciones de salud que aquejan al detenido.

“A mí se me hace imposible venir todos los días a traerle su comida y si pudiera venir siempre, tampoco tengo comida todos los días ni siquiera para mí. Esto es muy duro, porque es como si estuviera dejando morir a mi hijo que ya tiene casi un año con tuberculosis. Sé que su poca alimentación le ha agravado su condición, porque ya casi no puede caminar y de seguir así, quedará en cama pronto y todo será peor. Pido ayuda para mi hijo, una medida humanitaria para que pueda morir en su casa, con su familia”, argumentó la madre del detenido en la Delegación Municipal Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien pidió no ser identificada por temor a represalias.

El CDP con más casos de desnutrición es la Policía Municipal de Pedro Gual, en la población de Cúpira, una zona rural en la región Barlovento del estado Miranda. A pesar de que este lugar fue descongestionado durante las jornadas de la denominada Revolución Judicial, aún se mantiene el hacinamiento. En este lugar conviven actualmente más de 70 privados de libertad y al menos 15 de ellos tiene desnutrición severa.

Gracias a las jornadas médicas realizadas por Una Ventana a la Libertad en alianza con el Proyecto Once Trece, se pudo detectar un caso de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la Policía Municipal de Plaza. Este joven de 20 años también está afectado por un cuadro de desnutrición crónica; sin embargo, sus familiares no pudieron ser contactados para una entrevista.

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