Las condiciones celda adentro de hacinamiento y déficit nutricional y sanitario en los Centros de Detención Preventiva en el estado Vargas se agudizan aún más por la cuarentena obligatoria por el COVID-19. Pero afuera los familiares viven otro calvario, para garantizar un plato de comida a los suyos. Ellos están tan invisibilizados, como la propia población de los CDP
Nadeska Noriega Ávila / UVL Vargas
Ana María Gómez tuvo cinco hijos. Tres de ellos viven fuera del país, uno murió y el otro, su hijo menor, está recluido en el Retén de Caraballeda, bajo la custodia de la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Para Gómez, las penurias que ha enfrentado desde el mes de marzo, cuando se declaró la cuarentena en Venezuela para enfrentar la propagación de la pandemia por COVID-19, le han ocasionado más dolor y preocupación que cuando supo que su hijo había caído preso.
Garantizar la comida del hijo la ha obligado a hacer malabares. A renunciar a su propio almuerzo. A ingeniárselas para hacerla llegar, por no tener efectivo para pagar el transporte público. A esperar que los custodios acepten la vianda que ha preparado. Gómez se siente cansada. No solo física, sino emocional y económicamente. Ha tenido que distanciar las entregas de comida, para no fallecer en el intento.
“Antes del coronavirus, habían tres días de visita. Aquí en Caraballeda uno ve a su familia por el balcón, porque no hay espacio. Esos días uno traía la comida. Y si cuadrabas con los policías, te dejaban llevarles comida sin preparar y allí les hacían de comer. Pero desde que llegó esta cuarentena, la cosa se ha puesto ruda. Yo vivo en Catia La Mar y debo agarrar hasta tres carros para venir a Caraballeda. Los bancos están cerrados, no tengo efectivo para pagar. A veces no tengo gas, porque se están tardando para traerme la bombona. Uno intenta traer aunque sea un pan, para que no estén pasando tanta hambre, pero esto es terrible. Están pasando trabajo ellos y estamos pasando trabajo nosotras”, indica Gómez.
El plural en su declaración obedece a que su vivencia, es compartida con por lo menos otras 68 mujeres y hombres, que son los más asiduos familiares que acuden a llevar comida al Retén de Caraballeda. Aunque en el espacio hay en promedio unos 190 reclusos, algunos son extranjeros, oriundos de Caracas o del interior del país y no reciben visitas. A otros los familiares no van a visitarles.
Los familiares llegan al retén con agua y comida. Cuando los funcionarios dan la orden comienzan a entregarla en una suerte de cesta que suben con mecates por el balcón enrejado del reclusorio.
“Lo peor es que no hay un lineamiento claro. En un principio nos prohibieron las visitas y que se trajera comida. Luego de las protestas y las huelgas de hambre, nos dijeron que podíamos traer comida. Algunos días, comida preparada y otras veces se trae cruda. Pero lamentablemente lo que más se trae es arroz o pasta. Quizás plátanos y papa. No alcanza para salado”, cuenta Juan Requena, cuyo hijo adulto, también permanece en el Retén de Caraballeda.
Una lucha en el Retén de Macuto
Si bien cierto, que la cuarentena obligatoria por el COVID-19 ha empeorado las condiciones de las celdas en los Centros de Detención Preventiva en el estado Vargas, también es cierto que la realidad del país, hace que fuera de las celdas, los familiares vivan su propio calvario, para garantizar un plato de comida a los suyos. Ellos se sienten invisibilizados, tanto o más, que la propia población de los CDP.
“No nos hace caso. Nos cambian las horas para recibir la comida. A veces esperan días para entregarla a nuestros familiares y la comida se daña. Esto es una lucha. Vamos y hablamos con el jefe, se arregla por unos días y luego volvemos otra vez con los problemas. Y te lo dicen claro los policías: si te quejas son tus familiares los que van a pagar. Así que no tenemos muchas opciones. Aguardamos calladas a que nos abran la puerta y nos reciban los alimentos”, refiere la esposa de un detenido en el Retén de Macuto, uno de los centros de detención preventiva del estado Vargas con mayor población de privados de libertad, bajo la custodia de la Policía Regional de La Guaira. La mujer no desea ser identificada. Teme a represalias por expresar el maltrato del que dice son objeto los familiares, que acuden a llevar comida, desde que inició la cuarentena.
Desde Caracas al litoral
Si trasladarse dentro del estado Vargas requiere por lo menos de un gasto de entre 40 y 60 mil bolívares, cada vez que se va a un centro de detención preventiva, venir desde Caracas al litoral central puede triplicar el gasto, es decir entre 150 o 180 mil bolívares como mínimo
De esto puede dar fe María Ramírez. Familiar de un recluso del Retén de Caraballeda, en los últimos meses confiesa haber perdido peso. Esto por las largas caminatas que debe dar para traer alimento hasta el centro de reclusión.
“Camino desde la casa, en 23 de Enero, hasta Gato Negro. Como no tengo ningún papel que diga que voy a trabajar, no me dejan montarme en el Metro de Caracas. Luego tomo el autobús que viene hasta Caraballeda. A veces uso es el de La Guaira. Allí el pasaje son 40 mil bolos, pero a veces los choferes se ponen creativos y cobran hasta 80 mil. Luego camino hasta el retén. Uno pasa entre tres o cuatro horas para moverse desde Caracas al retén. Lo que hemos acordado los que tenemos presos de Caracas, es venir una sola y le trae la comida a seis o siete. Así la paridera no es tan constante”.
Ramírez dice que algunos familiares que viven en Caracas, en ocasiones no tienen para pasaje y por ello piden cola a los transportistas. Algunos son solidarios. Otros le recriminan por tener familiares presos.
“Es como si uno tuviese la culpa. Como si uno tuviese que pagar. Si los presos de uno metieron la pata. Pero ya están presos. Ellos están cumpliendo su castigo. Pero no tener agua, vivir uno sobre otro y también hambre, no es castigo. Es inhumano. Entonces a las preocupaciones de no tener la comida completa o el pasaje completo, se une que te vean feo, que te digan que no es su problema. Es que los presos y las familias, no somos problemas de nadie. Y ahora peor que el único problema es el bendito coronavirus”.
Acuerdos varían según el CDP
En algo que coinciden los familiares de los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva de Vargas, es que la situación con la comida y los acuerdos a los que se puede llegar, varían según sea el organismo policial que custodia los centros.
Familiares refieren que han logrado acuerdos con la Policía Municipal de Vargas, que mantiene una celda en el comando ubicado en el sector El Playón en Macuto. La celda, que era originalmente para casos puntuales, terminó convirtiéndose en un centro de detención preventiva, donde hay un promedio de 25 privados de libertad.
“A nosotros nos habían prohibido las visitas por la cuarentena. La comida se la estaban dando en la municipal, pero era poca comida. Nosotros hablamos con los jefes y ellos nos autorizaron a ir hasta allá, usando nuestros tapabocas y guantes. Por el tema de la movilidad acordamos que una semana, nosotros llevaremos la comida y otra semana le darán la comida en la policía. Nos pidieron llevar unas escudillas con tapa e identificadas, para dárselas a cada detenido. Como allí son menos, es más fácil organizarse”, cuenta Rebeca García, esposa de un detenido en este comando de la policía municipal varguense.
Con esta metodología, que han aplicado durante los últimos 21 días de la cuarentena, García dice que se le ha aligerado la carga a los familiares y también la preocupación. Sin embargo coincide que no sabe cómo poder seguir respondiendo, si la cuarentena y la situación país continúan.
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