Centros de Detenciones Preventivos de la entidad carecen de traductores para mejorar comunicación con etnia que reside en la entidad
Equipo UVL – Anzoátegui.
Giovanna Pellicani.
Leonel se dedicó durante dos meses a recorrer diariamente unos 10 kilómetros para llevar alimentos a su cuñado y a su sobrino. Ambos habían sido detenidos por funcionarios de Polianzoátegui que mal interpretaron las declaraciones de una adolescente Warao.
Tanto Leonel como los jóvenes detenidos, habitan en el sector Pica de Neverí, comunidad en la que hacen vida unos 85 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, nativos de Delta Amacuro, que llegaron al estado Anzoátegui hace tres años con miras de contar con una mejor calidad de vida, pero la historia ha sido otra.
“Representantes de Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente entrevistaron a mi hija un día. Ella no habla español y a todo lo que le preguntaban estas personas ellas decía si o se quedaba callada. Luego de esa entrevista ellos determinaron que mi cuñado y mi sobrino habían abusado de mi hija, pero tras las investigaciones realizadas se logró saber que no era así y fueron liberados”, detalló.
Leonel cuenta que fueron dos largos meses de ver a diario a su cuñado de 29 años y a su sobrino de 17 dentro de un reducido calabozo de la comandancia de Polianzoátegui, ubicada en el crucero de Lechería. Allí estuvieron detenidos junto a dos hombres pertenecientes a la población común.
En este transcurso el joven Warao caminaba unos diez kilómetros para salir del sector Pica del Neverí, ubicado en la zona rural del municipio Bolívar, y llegar a la avenida José Antonio Anzoátegui donde podía tomar un vehículo de transporte público para dirigirse a la comandancia de Polianzoátegui, situada en el crucero de Lechería, al norte del estado Anzoátegui.
“Las mujeres salían a vender en los semáforos algunas piezas artesanales para tener dinero y comprar agua para que tomaran los muchachos, porque en la comunidad tomamos agua del río. Allá no nos llega agua por tubería”, contó.
Pese a las adversidades y dificultades que enfrentaba Leonel para movilizarse a diario, él intentaba garantizar una comida al día a sus hermanos Waraos, a quienes aprovechaba de ver en los días de visita en las áreas que habilitaban para hablar con ellos y allí asegura que le contaban que tenían una letrina en un espacio reducido para hacer sus necesidades.
Sobre la ventilación de la celda reveló que era escasa, a tal punto, que ambos contrajeron escabiosis y de ello se dieron cuenta el pasado martes 12 de diciembre, cuando el joven y el adolescente fueron libertados, tras no encontrar elementos suficientes que los vincularan al delito del que se les acusaba. Les otorgaron medidas cautelares bajo presentación cada 30 días.
“Ya están con nosotros, pero ellos no contaron con traductores para su defensa y sólo tuvieron el apoyo de uno de los Waraos que dominaba el español, sin embargo, no fue de mucha utilidad en las presentaciones porque no siempre lo dejaron pasar a las audiencias”, resaltó.
La falta de traductores y dominio del español parecen haber sido causal principal de ambas detenciones y de que el joven y adolecentes estuvieran 62 días detenidos. Ahora temen salir sin compañía del sector en el que habitan.
Se repitió la historia
El pasado 23 de septiembre se registró una detención similar, y en esta oportunidad los indígenas de las comunidades de Bajo Hondo y Kashama cerraron el paso por la Troncal 16, sentido El Tigre – Cantaura para solicitar la liberación de ocho indígenas que habían sido arrestados por presunto tráfico de combustible.
Fueron jóvenes de 26, 29, 31 y 36 años de edad, quienes un mes más tarde contaron con libertades condicionales bajo presentación cada 15 días, y sus familiares junto con miembros de la comunidad de indígenas denunciaron que en los calabozos de Polianzoátegui nunca contaron con alimentación, asistencia, médica, traductores y agua potable.
Según declaraciones de algunos de los habitantes de las comunidades indígenas es poca la ayuda que éstos reciben por parte del actual gobierno por lo que han tenido que recurrir a la venta de artesanías en las calles de la entidad. Allí han sido víctimas de actos intimidatorios por parte de funcionarios policiales que les quitan las piezas para luego pedirle que se retiren del lugar.
Esta conducta se repite en todo el estado Anzoátegui frente a la debilidad y falta de comunicación con los miembros de las comunidades indígenas que intentan buscar a diario un sustento para sus familiares.
Mientras tanto Leonel asegura que seguirán trabajando para garantizar el sustento del día a día para toda la comunidad de Waraos, lo que considera que los convierte en indígenas vulnerables frente a la actuación policial.
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