Familiares y abogados claman al ministerio de Asuntos Penitenciarios que los penados sean trasladados a la Comunidad Penitenciaria de Coro
Eva Riera
Defensores de derechos humanos y familiares de privados de libertad consideran que el Estado Venezolano ha hecho caso omiso de las denuncias efectuadas por las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Venezuela, entre las que se encuentra Una Ventana a la Libertad. Mucho menos ha tomado medidas para solucionar el retardo procesal, pese a que en su mayoría los reos ya han sido condenados y tienen boleta de traslado a penales. Por todas estas razones, el grave hacinamiento en que se encuentran los centros de detención preventiva no solo persiste sino que tiende a agravarse.
Luis Uzcátegui, presidente del Comité ProDefensa de Víctimas de Violaciones a los DDHH (Coprovih), con sede en Coro, considera que la situación en los calabozos policiales es deplorable y no ha mejorado en nada. La situación la conoce de primera mano debido a que tiene un hermano detenido en la comandancia de Polifalcón desde hace ocho meses, y ha visto cómo éste ha bajado considerablemente de peso debido a la falta de comida. Además, ha recibido amenazas de muerte.
En 2017, Uzcátegui introdujo una comunicación ante la Fiscalía Superior del estado Falcón, donde denunció presuntos tratos crueles e inhumanos contra los privados de libertad en la Comandancia de la policía regional. “Creo que a raíz de esta acción, el trato ha mejorado, habrá algunos funcionarios que no respetan las leyes, pero la mayoría están acatando las normativas y han tratado de manera positiva a los familiares que van a llevar comida a los detenidos”, precisó.
En su opinión, las ONG que vigilan los derechos humanos de la población penitenciaria, juegan un papel fundamental y son la “piedrita de tranca” de las instituciones públicas del Estado. Si las ONG no existiesen, los entes del Estado trabajarían menos y sería más crítica la situación del retardo procesal pues la presión que le meten para que hagan justicia es fuerte y han trabajado de manera positiva en favor de los reos. Aseguró que Coprovih ha trabajado de la mano de la iglesia evangélica proyectando la defensa constante de los privados de libertad en las sedes de Polifalcon y el Cicpc de Coro y Tucacas. Han efectuado jornadas de barbería así como de reparto de alimentos.
Urgen los traslados (INTER)
A las puertas del Cicpc ubicado en Punto Fijo, municipio Carirubana, un grupo de madres exigió el traslado de sus hijos a la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPDC), un derecho humano que el ministerio de Asuntos Penitenciarios viola al prohibir los nuevos ingresos al mencionado penal.
Teresa Arias aseguró que su hijo tiene 18 meses recluido en la sede de la policía científica, pese a que ya fue condenado y tiene boleta para la CPDC. “Así como él hay otros que tienen mucho tiempo y no tienen derecho a redención. Pedimos que nos ayuden para que los trasladen a ellos a otro sitio donde estén mejor, que paguen su delito por lo que hayan hecho mal, está bien, pero son seres humanos y merecen otro trato”, comentó.
El hijo menor de Emilia de Marin llegó a la sede principal del Cicpc de Punto Fijo hace 16 meses y ya está penado, pero aún espera que las autoridades cumplan la orden judicial que posee para ser llevado a la CPDC.
-Pedimos que los trasladen, no se les está viendo la pena, se les está yendo el tiempo y aquí hay enfermedades. Hambre no pasan porque como sea les traemos la comida y nos la reciben, pero no todos los funcionarios nos atienden bien. El nuevo jefe del Cicpc es más amable y nos da a entender que somos seres humanos y que nuestros hijos valen. Pero antes que él llegara, hubo un personal que nos dijo que quienes estaban adentro eran unos animales. Ese día fui y puse la queja, sé que no son joyas, pero tampoco los tienen que maltratar porque son seres humanos y merecen respeto – enfatizó Marín.
Otra madre que pidió la reserva de su nombre denunció el hacinamiento que se vive en los calabozos. “Ya mi hijo está condenado a seis años, pero está allí en ese hueco donde hay toda la inmundicia, las necesidades las hacen en bolsas. Queremos que se pongan la mano en el corazón para que sean trasladados. Mi hijo me pide lo del traslado porque quiere hacer algo más que estar allí sin hacer nada. Queremos que los pongan a estudiar, echar pico y pala lo que sea, pero que hagan algo porque de aquí van a salir peor, el ocio los pone a inventar cosas malas”, indicó.
Ministerio plenipotenciario (INTER)
El Director ejecutivo del Observatorio Penal Falconiano, abogado Salvador Guarecuco, asegura que lejos de acabarse el hacinamiento que se vive en los retenes policiales de Falcón éste empeorará en los próximos meses de aprobarse la reforma a la Ley de Servicio Eléctrico que tipifica el robo de material estratégico como terrorismo y no admite el otorgamiento de medidas cautelares.
Asimismo reveló las razones por las que organismos policiales que en el pasado no custodiaban presos, ahora tienen las celdas colapsadas. -Erróneamente para descongestionar Polifalcón –precisó Guarecuco-, el ministro Reverol, a través de la misión A toda Vida Venezuela y, conjuntamente con Argenis Ruiz, Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón, acordaron que cada organismo de seguridad que detuviera un presunto delincuente se llevara a su preso si quedaba privado de libertad, además la ministra Iris Varela tiene prohibido el ingreso a la Ciudad Penitenciaria.
Dijo que la situación es tan grave que hay adolescentes presos junto con adultos, lo cual viola la LOPNA, debido a que la Entidad de Atención a Adolescentes Varones, de Coro, también tiene prohibido nuevos ingresos. Pero, además, denunció que en éste centro de reclusión para menores de edad, existe un régimen militar que vulnera el artículo 253 de la Constitución que establece que el régimen penitenciario interno debe ser manejado por civiles. Se está cumpliendo un grave adoctrinamiento contra estos adolescentes, según alertó.
Respecto al retardo procesal y la prohibición de traslados a la CPC, Guarecuco reiteró su llamado a la Defensoría del Pueblo para que ejecute acciones de amparo a favor de los privados ya sea penados o procesados. “El Plan Cayapa en nuestra opinión es un plan de admisión de hechos, ilegal, inconstitucional, violatorio del debido proceso, del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva” -aseveró.
Salvador Guarecuco considera que es un abuso de poder ordenado por el ministerio de Asuntos Penitenciarios que contraviene la autonomía del juez. Expresa que el nuevo código de 2012 fue un retroceso porque no derogó el COPP sino que hizo uno nuevo en el que el ministerio de Asuntos Penitenciarios es juez y parte, confundió las funciones del poder judicial y las transformaron en poder ejecutivo en materia de ejecución de pena y en materia de beneficios procesales.
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