Según activistas de DDHH de la mujer, internas del Centro Penitenciario de la Región Andina aseguran que la mujer presentó malestares pero no fue atendida oportunamente
Defensores de DDHH de la mujer denunciaron que una privada de libertad que murió en el Hospital Universitario de Los Andes, IHULA el pasado seis de septiembre, no fue trasladada a tiempo desde el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) para recibir atención médica en el principal centro asistencial.
Luego del deceso, información policial reveló que la mujer identificada como Omaira del Carmen González, de 49 años de edad presentó problemas de salud, y posteriormente, fue llevada por custodios de la penitenciaría ubicada en las adyacencias a la población de San Juan de Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida hasta el centro de salud, dónde falleció.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que la mujer quien según dijeron estaba recién ingresada a la instalación carcelaria, no fue atendida a tiempo. “La señora estaba recién procesada por extorsión y la habían metido en el cuartico de aislamiento por la cuestión del COVID-19. Había llegado enferma y la otra persona, una chica que estaba con ella, había reportado varias veces que la subieran, les decía que estaba muy mal, que se retorcía y que la trasladaran y nunca lo hicieron, solo la metían en la enfermería y no le hacían nada, al parecer era diabética o tenía COVID-19”, señaló la fuente, que pidió no ser identificada.
Paciente diabética
Luego del ingreso de la privada de libertad de 49 años a la sala de emergencia de adultos del IHULA, se conoció que presentó un cuadro de cetoacidosis diabética que le causó la muerte.
En el caso de los Centros de Detención Preventiva (CDP) y del internado judicial, familiares han denunciado en otras ocasiones, que los privados de libertad no cuentan con los medicamentos ni con el personal médico necesario para brindar atención a reclusos enfermos dentro de las instalaciones.
En el marco de la Revolución del Sistema Judicial, la comisión designada por la Asamblea Nacional ha evaluado la condición en la que se encuentran los detenidos y privados de libertad, para minimizar la situación de hacinamiento en los recintos de reclusión, condición que favorece la proliferación de enfermedades entre los reclusos.
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