San Cristóbal.- Familiares de detenidos en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) acudieron al Ministerio Público a denunciar algunas irregularidades que hay en ese centro de reclusión ubicado en Santa Ana municipio Córdoba del estado Táchira.
Elizabeth Pinto, hermana de un recluso, manifestó que fueron atendidos «cordialmente» en el Ministerio Público y entregaron un texto detallando los diferentes problemas del CPO.
«En el documento hicimos peticiones, respecto a la violación de derechos humanos, por la salud, por la integridad física; también pedimos que se le reconozcan sus beneficios a los detenidos para que no haya también retardo procesal», explicó la vocera.
Pintó narró que su hermano acudió a la medicatura del CPO por un dolor y le inyectaron el brazo y no sabe qué sucedió porque ahora el hombre no puede levantar esa extremidad por una lesión que, al parecer, le generó la inyección.
«Es el brazo derecho con el que hacía sus manualidades. Es triste y lamentable la situación que se vive en cuanto a la salud porque ya tenemos pérdidas humanas y no se está respetando el derecho a la vida, que es lo que exigimos, el derecho que ellos tienen que están consagrados en la Constitución, el derecho a la alimentación derecho a la salud, derecho a la integridad física», denunció.
Asegura que «hay demasiada corrupción» y por ellos están exponiendo la situación asegurando que quien no tiene dinero para trasladar a sus familiares, no tiene opción.
Sobre los traslados, Pinto explicó que deben pagar hasta 300 mil o 200 mil pesos (colombianos) porque es la cantidad que les exigen y el argumento que les dan es que no hay vehículos, ni gasolina ni choferes pero que todo tiene como fin, pedir dinero a los familiares.
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