Equipo de UVL en Apure
La defensa de Elie Joseph Machaalani Hanna, natural de Camaguán, estado Guárico, de origen libanés, publicista y comerciante detenido en las celdas del Cuerpo Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-Barinas) durante ocho meses acusado de hurto calificado y fraude exige el cumplimiento del debido proceso reglamentado en el Artículo 49.3 de la Constitución Nacional.
Machaalani se enfrenta a distintas acusaciones surgidas tras una denuncia presentada por su ex empleador en un contexto de solicitud de rendición de cuentas. Sin embargo, la denuncia fue erróneamente dirigida a la Fiscalía de Barinas, que carece de legitimidad para tratar estos hechos, porque presuntamente ocurrieron en San Fernando de Apure, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso.
A pesar de las múltiples solicitudes relacionadas con la incompetencia del tribunal en razón del territorio, las autoridades judiciales de Barinas han decidido continuar con un juicio en este estado que socava el principio del juez natural, dejando a Machaalani en un peligroso limbo judicial. El caso de ha emergido como un sombrío símbolo de la corrupción arraigada y la falta de imparcialidad que afectan al Sistema judicial de Barinas.
El Dr. Jackson Chompre, abogado defensor de Machalani asegura que “se está violando el derecho de ser juzgado por los jueces naturales, es decir, los jueces que en virtud del principio locus comisi delicti, tienen atribuida la competencia y la jurisdicción para juzgarlo, como está establecido en el Artículo 49 Ordinal Tercero de la Constitución, y los Artículo 7 y 58 del Código Orgánico Procesal Penal ”, dijo para UVAL.
La competencia está establecida en el Artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece a rajatabla que la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.
“Según la denuncia presentada por el Sr Damian, esos hechos ocurrieron en San Fernando de Apure. Por ello estamos planteando que se está violentando esa garantía por lo cual pedimos un avocamiento ante la Sala Penal del TSJ, la cual ya fue admitida y designado ponente al Dr. Maikel Moreno, estamos esperando la decisión para que le sustraigan el expediente a Barinas y lo remitan a la jurisdicción competente, que son los tribunales de Apure, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos”, apuntó el jurista apureño.
La defensa ha enfatizado que esta situación no es meramente un ataque personal contra Machaalani, sino que representa un uso abusivo del sistema judicial que amenaza con erosionar la integridad de la justicia misma.
Se han presentado solicitudes de intervención al Tribunal Supremo de Justicia, evidenciando la posible falta de ética y profesionalismo de los fiscales y jueces involucrados en este caso. Este escenario se convierte en un grito desgarrador que revela la injusticia que enfrenta Elie Machaalani y, por extensión, a toda la sociedad venezolana.
Considera la defensa absolutamente imperativo que se garantice un juicio justo y transparente en la jurisdicción que corresponde, protegiendo así los derechos de Elie Joseph Machaalani y estableciendo un precedente firme en la lucha contra la corrupción judicial en Venezuela.
La comunidad exige justicia y clama por el cese inmediato de estas prácticas abusivas que deshonran nuestra fe en el sistema judicial.
Los altos funcionarios del gobierno deben centrar su atención en este caso, actuando con la urgencia necesaria para restaurar la confianza pública y asegurar que la justicia, en su forma más pura, prevalezca. La integridad del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos dependen de la capacidad de abordar estas cuestiones con seriedad y eficacia.
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