Decisiones CIDH Vzla

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009

Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos*

de 24 de noviembre de 2009

Medidas Provisionales Respecto de la República Bolivariana de Venezuela

Asuntos

Internado Judicial de Monagas (“La Pica”);

Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare);

Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e

Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II

Visto:

  1. Las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) de 13 de enero y 9 de febrero de 2006 y 3 de julio de 2007, en el asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). En esta última, el Tribunalresolvió, inter alia:
  2. [r]eiterar al Estado que mantenga las medidas que informa ya está adoptando, así como adopte de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en [“La Pica”], de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en el Internado[, y]
  3. [r]eiterar al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte aquéllas necesarias para: a) reducir sustancialmente el hacinamiento […]; b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos; c) separar a los internos procesados de los condenados; d) ajustar las condiciones de detención del Internado a los estándares internacionales sobre la materia, y e) brindar la atención médica necesaria a los internos, de tal forma que se garantice su derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional de los detenidos, que cuente con la participación de los representantes[.]
[…]
  1. Las Resoluciones de la Corte Interamericana de 30 de marzo de 2006 y 30 de noviembre de 2007, en el asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). En esta última, el Tribunalresolvió, inter alia:
  2. [r]eiterar al Estado que mantenga las medidas que informa ya está adoptando, así como adopte de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en [la Cárcel de Yare], de las personas que puedan ingresar en el futuro al centro penitenciario en calidad de internos, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes, de conformidad con lo ordenado por el Tribunal en la Resolución emitida el 30 de marzo de 2006 en [este] asunto[.]
[…]
  1. La Resolución de la Corte Interamericana de 2 de febrero de 2007, en el asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), mediante la cual resolvió, inter alia:
  2. [r]equerir al Estado que adopte, de forma inmediata y definitiva, las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes[, y]
  3. [r]equerir al Estado que, además de las medidas de implementación inmediata ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, en particular: a) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos; b) reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención; c) proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario; d) separar a los internos hombres de las internas mujeres; e) separar a los internos procesados de los condenados, y f) establecer un mecanismo de supervisión periódica de las condiciones de detención.
[…]
  1. La Resolución de la Corte Interamericana de 8 de febrero de 2008, en el asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II (en adelante “El Rodeo”), mediante la cual resolvió, inter alia:
  2. [r]equerir al Estado que adopte las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en [el Rodeo], en particular para evitar heridas y muertes violentas.
[…]
  1. Las comunicaciones mediante las cuales el Estado de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) presentó información acerca de la implementación de medidas provisionales en los cuatro asuntos de referencia:
  2. a) “La Pica” - escritos de 8 de agosto y 4 de octubre de 2007; 4 de marzo, 4 de junio, 28 de julio, 9 de septiembre, 26 de octubre y 17 de diciembre de 2008;
  3. b) Cárcel de Yare - escritos de 7 de enero, 4 de marzo, 4 de junio, 28 de julio, 9 de septiembre y 30 de octubre de 2008, y de 6 de enero y 23 de junio de 2009;
  4. c) Cárcel de Uribana - escritos de 28 de junio y 27 de agosto de 2007; 14 de mayo, 4 de junio, 9, 22 y 27 de julio, 28 de octubre y 17 de diciembre de 2008, y de 5 de junio de 2009, y
  5. d) El Rodeo - escritos de 18 de abril, 19 de junio, 18 de agosto, 14 y 30 de octubre de 2008, y de 6 de enero, 4 y 22 de junio y 16 de julio de 2009.
  6. Los escritos de los respectivos representantes de los beneficiarios (en adelante “los representantes”), mediante los cuales presentaron sus observaciones en relación a la implementación de medidas provisionales en los referidos cuatro asuntos:
  7. a) “La Pica” - comunicaciones de 10 de septiembre y 9 de noviembre de 2007, y de 19 de marzo, 16 de abril, 11 de julio y 16 de octubre de 2008;
  8. b) Cárcel de Yare - comunicaciones de 1 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril, 4 y 11 de julio, 22 de septiembre, 31 de octubre y 22 de diciembre de 2008, y de 2 de septiembre de 2009;
  9. c) Cárcel de Uribana - comunicaciones de 14 de junio, 23 de agosto y 27 de septiembre de 2007; 19 de marzo, 16 de abril, 10 de julio, 1 de octubre y 22 de diciembre de 2008, y de 13 de julio de 2009, y
  10. d) El Rodeo - comunicaciones de 19 de marzo, 16 de abril, 23 de mayo, 2 y 11 de agosto, 10 de octubre y 22 de diciembre de 2008, y 29 de julio y 23 de octubre de 2009.
  11. Las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”), mediante las cuales presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado en relación a la implementación de medidas provisionales en los citados cuatro asuntos:
  12. a) “La Pica” - escritos de 20 de septiembre y 30 de noviembre de 2007; 8 de mayo, 25 de julio y 20 de octubre de 2008, y de 17 de febrero de 2009;
  13. b) Cárcel de Yare - escritos de 7 de marzo, 8 de mayo, 25 de julio y 2 de diciembre de 2008, y de 4 de febrero y 25 y 26 de agosto de 2009;
  14. c) Cárcel de Uribana - escritos de 21 de junio, 17 de agosto y 31 de octubre de 2007; 28 de julio y 18 de noviembre de 2008, y de 17 de febrero y 31 de julio de 2009, y
  15. d) El Rodeo - escritos de 20 de febrero, 6 de junio, 21 de agosto y 1 de octubre de 2008, y de 8 de enero y 25 de agosto de 2009.
  16. La nota de la Secretaría de la Corte de 10 de diciembre de 2008, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, se solicitó al Estado que presentara, a más tardar el 30 de enero de 2009, un único informe en el cual hiciera referencia a las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en los referidos cuatro centros penitenciarios. En particular, el Estado debía informar acerca de las medidas adoptadas para evitar que las personas en dichos centros resulten heridas o sufran muertes violentas. Asimismo, se indicó que, una vez recibido este único informe, así como las respectivas observaciones que presentaran la Comisión Interamericana y los representantes en cada asunto, el Tribunal consideraría, así como lo ha hecho en relación con otros casos y asuntos, la pertinencia de convocar a una audiencia pública para evaluar el cumplimiento de las medidas provisionales en estos cuatro centros penitenciarios.
  17. El escrito de 30 de enero de 2009, mediante el cual el Estado presentó el informe único sobre las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad en los referidos cuatro centros penitenciarios.
  18. Las comunicaciones de 9 y 31 de marzo de 2009, mediante las cuales los representantes y la Comisión Interamericana, respectivamente, presentaron sus observaciones al informe único del Estado (supra Visto 9).
  19. La audiencia pública celebrada por la Corte en su sede en San José de Costa Rica el 30 de septiembre de 2009 para analizar la situación en los cuatro asuntos[1]. En el curso de dicha audiencia pública el Tribunal obtuvo información por parte del Estado y las observaciones de la Comisión Interamericana y de los representantes sobre la implementación de las medidas provisionales que se mantienen en los presentes asuntos. En el marco de dicha audiencia, los representantes hicieron entrega a la Secretaría de la Corte de unas listas de firmas de los beneficiarios de las medidas provisionales, a través de las cuales solicitaban a este Tribunal el mantenimiento de las mismas. Durante el transcurso de la audiencia, los representantes solicitaron la ampliación de las medidas provisionales a favor de los señores Humberto Prado y Carlos Nieto Palma.
  20. El escrito de 8 de octubre de 2009 mediante el cual los representantes de los beneficiarios presentaron “[sus] argumentos respecto a[l] mantenimiento [y] ampliación” de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal en los cuatro asuntos de referencia. En dicho escrito, los representantes solicitaron lo siguiente:
  21. [m]antener las [m]edidas [p]rovisionales dictadas por [la] Corte […] a favor de las personas que se encuentren en las cárceles de La Pica, Yare, Uribana y El Rodeo, y adopte, sin perjuicio de las anteriores, cualquier otra medida necesaria para que las condiciones de las cárceles se adapten a los estándares internacionales en la materia. Lo anterior con la finalidad de que el Estado las adopte de forma inmediata y evitar así de forma eficiente que […] muera [o] se afecte la integridad personal de [al]gún interno o de cualquier otra persona que se encuentre en los referidos centros[;]
  22. [r]eiterar al Estado su deber de cumplir con las medidas provisionales ordenadas por la […] Corte en particular:
  23. a) reducir sustancialmente el hacinamiento[;]
  24. b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos[;]
  25. c) separar a los internos procesados de los condenados[;]
  26. d) ajustar las condiciones de detención a los estándares internacionales sobre la materia[;]
  27. e) brindar atención médica necesaria a los internos[, y]
  28. f) realizar supervisión periódica de las condiciones de detención, el estado físico y emocional de los internos[;]
  29. [a]mpliar las […] medidas provisionales al señor Carlos Alberto Nieto Palma, Director de la organización Una Ventana a la [L]ibertad y los miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones, los señores/as Marianela Sánchez, María Inés García, Emil Niño, Wilmer Linero, Miriam Bolívar y Humberto Prado, este último Director del [Observatorio Venezolano de Prisiones];
  30. [r]equerir al Estado que se reúna con los representantes de los beneficiarios y que les d[é] participación en la planificación e implementación de las medidas de protección que se adopten en aras del cumplimiento de la[s] misma[s;]
  31. [r]equerir al Estado que no se criminalice a los defensores de los derechos humanos en las cárceles;
  32. [s]olicit[ar] al Estado que informe oportunamente respecto a las acciones que haya tomado para el debido cumplimiento de las mismas;
  33. [r]equ[erir] al Estado […] que agilice el retardo procesal que afecta a las personas privadas de libertad en los presentes asuntos[, y]
  34. [s]olicit[ar] al Estado garantizar a los familiares de los internos el respeto a sus derechos humanos cuando realizan una visita a los referidos centros penitenciarios evitando que sean víctimas de humillaciones y tratos degradantes.
  35. La nota de la Secretaría de la Corte de 13 de octubre de 2009, mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, se otorgó al Estado y a la Comisión Interamericana un plazo improrrogable hasta el 23 de octubre de 2009 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los argumentos y anexos remitidos por los representantes sobre el mantenimiento y ampliación de las medidas provisionales en los presentes cuatro asuntos (supraVisto 12).
  36. Las comunicaciones de 19 y 30 de octubre de 2009, mediante las cuales la Comisión Interamericana y el Estado, respectivamente, presentaron sus observaciones a los argumentos presentados por los representantes respecto al mantenimiento y ampliación de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal en los cuatro asuntos de referencia (supra Visto 12).

Considerando:

  1. Que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.
  2. Que el artículo 25.1 del Reglamento de la Corte dispone que, “[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención”.
  3. Que este Tribunal recuerda que la Convención Americana requiere que, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la gravedad sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual también supone que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables.
  4. Que al dictar las medidas provisionales el Tribunal no requiere, en principio, pruebas de los hechos que prima facie parecerían cumplir con los requisitos del artículo 63. No obstante, el mantenimiento de las medidas sí exige una evaluación de la Corte en cuanto a la persistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables que dio origen a las mismas[2], sobre la base de información probatoria[3].
  5. Que es indispensable que las medidas provisionales mantengan plena vigencia y produzcan sus efectos hasta tanto el Tribunal ordene su levantamiento y notifique al Estado su decisión en este sentido[4]. Es así que a efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales el Tribunal debe analizar si persiste la situación de extrema gravedad y urgencia que determinó su adopción, o bien si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento de la Corte a través de los casos contenciosos[5].
  6. Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos, en la medida que buscan evitar daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo[6].
  7. Que el Estado tiene el deber de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción y que dicho deber de protección y garantía es más evidente al tratarse de personas que, como en los presentes asuntos, se encuentran recluidas en centros de detención bajo la custodia del Estado[7].
  8. Que de acuerdo con las Resoluciones de la Corte dictadas entre 2006 y 2008 (supraVistos 1 al 4) en los asuntos de “La Pica”, Yare, Uribana y El Rodeo (en adelante “los cuatro centros penitenciarios” o “los cuatro asuntos”), el Estado ha estado y está obligado, inter alia, a adoptar las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios concernidos, en particular para evitar heridas y muertes violentas.
  9. Que la Corte valora la alta utilidad de la audiencia celebrada para conocer sobre el estado actual de las medidas provisionales ordenadas en los presentes cuatro asuntos.

*

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  1. Que si bien el Tribunal recibió y ha tramitado por separado cada uno de los cuatro asuntos (supra Vistos 1 al 4), considera conveniente analizar conjuntamente la información presentada por las partes al respecto, tal y como se hizo en la audiencia pública (supra Visto 11), por razones de economía procesal (infra Considerandos 43 y 44).
  2. A) Sobre el mantenimiento de las medidas provisionales
  3. Que el Estado ha informado, inter alia, lo siguiente respecto a la implementación de las medidas provisionales ordenadas por la Corte:
  4. a) se ha reducido el “índice de violencia” en los penales como consecuencia de las medidas de distinta índole adoptadas por el Estado. Según el Estado, ésto se ve reflejado en las siguientes cifras: en el año 2008 hubo 151 heridos y 85 muertos en los cuatro centros penitenciarios, que representan un 2.94% y 1.66% de la población carcelaria total en estos centros, respectivamente, y 158 heridos y 55 muertos en el año 2009, que representan un 2.59% y 0.90% de dicha población, respectivamente. Por tanto, para el Estado, “de manera pequeña, pero significativa […] va[n] en descenso […] las cifras [de violencia en los referidos centros penitenciarios]”;
  5. b) “se han llevado a cabo requisas [no intrusivas, a través de equipos electrónicos,] en las que se han decomisado armas de fuego, armas de fabricación carcelaria, artefactos explosivos, municiones de diferente calibr[e], sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre otros objetos de tenencia prohibida”. No obstante, el Estado reconoció que por “[la]ausencia de control efectivo” respecto de los custodios asistenciales, es decir, del personal civil a cargo de la seguridad interna de los centros penitenciarios, “ha resultado realmente […] imposible la persecución de los hechos de tráfic[o] de armas dentro d[e los] penal[es]”;
  6. c) “se lograron acuerdos entre la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso y las autoridades superiores de la Guardia Nacional Bolivariana[, es decir, las autoridades militares a cargo de la seguridad externa de los centros penitenciarios,] para reforzar la vigilancia en todas las cárceles con la finalidad de evitar que se generaran motines […] de difícil control y a su vez garantizar el respeto de los derechos humanos”;
  7. d) se provee una alimentación balanceada “en todos los [c]entros [p]enitenciarios por los [s]ervicios de [a]limentación del Ejército, con el fin de asegurar una buena distribución a nivel nacional”. Además, “se presentan quince (15) tipos de menú, los cuales son escogidos por cada [c]entro [p]enitenciario, según sus exigencias”;
  8. e) se han desarrollado actividades destinadas a prevenir la propagación de enfermedades y operativos de limpieza y fumigación, y existe “[s]alubridad [en] las instalaciones[ y] disponibilidad total de servicios básicos”;
  9. f) en cuanto a los problemas de hacinamiento, se pueden constatar avances en la infraestructura de los cuatro centros penitenciarios, referidos básicamente a laconstrucción de muros perimetrales, casetas de requisas, torres de iluminación, ductos de agua, baños y dormitorios, y a la creación de un sistema informático para la gestión penitenciaria (SIGEP). Asimismo, se tiene prevista la construcción de 15 centros de reclusión que “solucionar[ía]n los problemas de hacinamiento”. “[L]a migración de internos a [nuevos] centros se produce en la medida en que [se tenga] la capacidad [para ello en otros centros que cuenten] con funcionarios, con especialistas penitenciarios, con psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales y abogados y servicios médicos para atender un mayor número de población[,] puesto que de lo contrario [se] estarí[a] migrando población, […] para que esté desatendida [y] desocupada”;
  10. g) las respectivas Fiscalías del Ministerio Público han iniciado 132 investigaciones frente a los eventos violentos ocurridos en las cárceles, “destaca[ndo] que de todas e[llas] s[ó]lo una corresponde a abuso por parte de un funcionario de [seguridad]”;
  11. h) “[e]l programa de formación de custodios asistenciales [h]a arrojado entre el año 2004 y […] 2008, la incorporación de 792 custodios […] al sistema [penitenciario]”, sin embargo se generan problemas de capacidad, ya que dicho trabajo no resulta muy atractivo para los respectivos egresados;
  12. i) se han implementado misiones educativas orientadas a la aprobación del sexto grado de educación básica, la culminación del bachillerato, la realización de estudios superiores, la inserción de los reclusos al sistema productivo del penal y a la ejecución de acciones en materia de formación, capacitación y organización laboral, indicando que uno de los factores que limita la mayor participación es “el elemento volitivo de los reclusos”;
  13. j) se “realizaron evaluaciones [de algunos] casos de […] internos[,] con miras a acceder a las diferentes f[ó]rmulas alternativas de cumplimiento de pena”. Además, el 21 de abril de 2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad en contra de los artículos 374, 375, 406, 407, 456, 457, 458, 460 y 470 del Código Penal y los artículos 31 y 32 de la Ley contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, decretando la suspensión de los efectos de las normas que prohibían el otorgamiento de “[b]eneficios [p]rocesales y [f]órmulas [a]lternativas de [c]umplimiento de la [p]ena”. Asimismo, mediante Resolución No. 789 de 7 de agosto de 2008 se dispuso “la creación de diez (10) nuevos [d]espachos [f]iscales a nivel [n]acional”. En la misma línea, el Estado informó que mediante Decreto Nº 6.398 de fecha 9 de septiembre de 2008, se creó la Comisión Nacional de Indultos;
  14. k) se creó el Consejo Superior Penitenciario como órgano “encargado del diseño y formulación de políticas estructurales que atiendan de forma integral el Sistema Penitenciario”. Finalmente, el Estado presentó información respecto de la implementación del Programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos-Sub-programa ‘Comunidad Penitenciaria’”, el “Proyecto de Humanización Penitenciaria” y el nuevo “Modelo de Gestión Penitenciaria”, y
  15. l) se podrán planificar las visitas de los representantes a los cuatro centros penitenciarios una vez se encuentre instalado el sistema informático para la gestión penitenciaria (SIGEP) (supra Visto 11.f).
  16. Que los representantes manifestaron, inter alia, lo siguiente respecto de la implementación de las medidas provisionales:
  17. a) “el Estado vulnera continua, sistem[á]tica y notoriamente el derecho a la vida e integridad personal de la población reclusa”. Desde que se adoptaron las medidas provisionales en cada una de las cárceles venezolanas [concernidas], el resultado de la violencia carcelaria ha sido de 502 muertos y 1041 heridos (55 muertos y 84 heridos en La Pica; 135 muertos y 190 heridos en Yare; 158 muertos y 405 heridos en Uribana, y 154 muertos y 362 heridos en El Rodeo). Además, “s[ó]lo [en] lo que va del año 2009, en estos centros penitenciarios ya han muerto 55 personas y han resultado 158 heridos”. Así, “[e]n Venezuela mueren más reclusos que en el resto del hemisferio, y cada dos años y medio muere el equivalente a toda la población de un centro penitenciario completo en [el] país”;
  18. b) las huelgas de hambre y los “autosecuestros de familiares” tienen como principales causales, inter alia, la exigencia de destitución o cambio de autoridades, la falta de respeto de los lapsos procesales respecto de los internos que no han sido condenados por delito alguno y que se encuentran en prisión bajo condición de procesados, las dilaciones indebidas para el otorgamiento de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena para los internos condenados, el maltrato físico por parte de efectivos de la Guardia Nacional, la exigencia de “condiciones de infraestructura acordes con la población penal y [la falta de] respeto a sus familiares”;
  19. c) “continúan los procedimientos de requisa a fin de desarmar a la población reclusa, donde prevalecen los vejámenes por parte de los efectivos de la [G]uardia [N]acional”. Para los representantes, “la causa principal de la extrema violencia que se vive en las cárceles venezolanas, es el ingreso de armas de fuego […] prov[eniente de lo que ellos denominan] mafias carcelarias compuestas por funcionarios tanto de la Guardia Nacional como del Ministerio de Interiores y Justicia, que son los que tienen la facilidad y negocian y trafican […] armas [con] los reclusos que están dentro de las cárceles”;
  20. d) “[s]i bien el número de vigilantes aumentó respecto al que existía para el momento de emi[sión de] la[s] resoluci[ones] de medidas provisionales […], [su número] sigue siendo insuficiente”. Además, se reiteró que “desde la emisión de las resoluciones de es[t]a Corte hasta la actualidad, nunca h[a] coincidido el número de vigilantes apostados según los informes del Estado y los que [los representantes] p[ueden] observar” en sus visitas a las cárceles”;
  21. e) los internos suelen consumir alimentos suministrados por sus familiares, de manera que sólo aquellos internos que no tienen apoyo familiar consumen los alimentos del centro de reclusión. Así, los internos manifiestan “inconformidad por la poca cantidad y mala calidad de la comida”;
  22. f) existe “déficit de médicos y de insumos necesarios para brindarle debida atención médica a la población reclusa. Los cuatro centros de reclusión suman una población de más de 4.000 internos, en los cuales sólo laboran un aproximado de seis médicos con una carencia de insumos”;
  23. g) si bien “reconoce[n] los esfuerzos emprendidos por el Estado en aras de atacar los severos problemas de infraestructura”, “prevalece el hacinamiento, aunado a infraestructuras deterioradas”, pese a “los esfuerzos del Estado en la construcción de 15 comunidades penitenciarias”. Los centros de reclusión “carecen de baños”, “el servicio de agua suele ser restringido, y el espacio donde se baña la población suele ser un espacio común, el cual carece de privacidad, afectando la dignidad de los reclusos”. En la misma línea, “no existe un proceso eficaz de recolección de basura”, lo que determina la “acumula[ción de] excrementos, generando un estado de insalubridad permanente”;
  24. h) los internos no se encuentran separados en función a su grado de peligrosidad, edad, estado en el proceso, si es penado, si es primario, si es reincidente, “simplemente [se da] una clasificación parroquial cuando llega el interno al área de la prevención [y] los propios funcionarios le [preguntan] a dónde quier[e] ir, y [éste elige el lugar en el que cree] puede estar más a salvo”;
  25. i) “no se conoc[e] de procesos disciplinarios ni administrativos contra las autoridades y funcionarios responsables de los centros penitenciarios, [ni de] acusaci[ón] pena[l] algun[a] contra los presuntos responsables de los hechos de violencia acaecidos dentro de los penales, ni mucho menos […] de una sola sentencia condenatoria […] firme en estos casos”, de manera que concluyeron que existe “una impunidad generalizada que incentiva y protege los hechos de violencia”;
  26. j) las misiones educativas y laborales implantadas por el Estado se deben “masificar”, “ya que el porcentaje de participantes es bajo con respecto a la población penal existente”. Al respecto, indicaron que el porcentaje de participantes se ha reducido “porque la población teme asistir a las áreas donde se desarrollan tales actividades, ya que la vida de los mismos corre peligro”;
  27. k) desde hace 15 años “Venezuela tiene el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios [del que] han egresado más de 900 penitenciaristas en menciones como seguridad, gerencia, tratamiento y administración, y ni siquiera el 5% de ese personal humano venezolano está trabajando en las cárceles”;
  28. l) “[l]a población reclusa sigue exigiendo el respeto de los lapsos procesales, el otorgamiento de beneficios procesales; el otorgamiento de las [fó]rmulas [a]lternativas de [c]umplimiento de la [p]ena[,] y las prestaciones de evaluaciones psicosociales”;
  29. m) en cuanto a las Fiscalías con Competencia Penitenciaria, “destaca[ron] que a pesar de los esfuerzos emprendidos para su creación, no se está garantizando la rehabilitación del ex interno y el respeto a sus derechos humanos”. Asimismo, notaron con beneplácito la creación de la Comisión Nacional del Indulto, así como la implantación del programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”;
  30. n) hasta la fecha se ha condicionado el acceso de los representantes a los recintos penitenciarios “a la obtención previa de un ‘permiso expreso’ otorgado por la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso”, y
  31. o) “estamos frente a una situación de extrema gravedad y urgencia, y que a menos de que continúen vigentes las medidas se van a producir daños irreparables a las personas privadas de libertad en Venezuela”. Así, indicaron que la adopción de las medidas provisionales “de alguna manera h[a] incidido en que el Estado venezolano preste una atención […] especial o complementaria a la que venía prestando [a]l tema [carcelario]”.
  32. Que al respecto, la Comisión observó, inter alia, que:
  33. a) “de la información remitida no se desprende que el Estado haya emprendido alguna acción concreta e inmediata con el propósito de evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en [los centros penitenciarios], de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en [dichos centros]”. La Comisión observó que, “[d]urante la vigencia de las medidas, se ha producido la muerte de varios internos en incidentes de violencia; otros han recibido graves heridas; se han producido huelgas de hambre, fugas [y] reportes de malos tratos por parte del personal de custodia, particularmente durante las requisas y otros incidentes de diversa gravedad”. “[E]sta situación de violencia demostrada en las estadísticas oficiales [aportadas por el Estado] es el principal indicador de la necesidad de mantener vigentes estas medidas provisionales”. Para la Comisión, la buena voluntad del Estado y las medidas emprendidas para generar cambios han resultado “insuficiente[s] para superar e[l] alto índice de violencia carcelaria”, ya que las propias “estadísticas oficiales […] demuestran que no son idóneas[ ni] eficaces para superar la situación de extrema gravedad [y] urgencia y para erradicar los daños irreparables en las personas internas y en terceras personas”. Asimismo, la Comisión señaló que el Estado “no ha logrado recuperar el control interno de estas prisiones”;
  34. b) existe falta de información por parte del Estado con relación a las problemáticas más estructurales que permiten el rearme de la población penitenciaria con posterioridad a los decomisos, especialmente la ausencia de controles efectivos por parte de los funcionarios respectivos;
  35. c) mientras el número de reclusos en los penales asciende, el número de custodios va disminuyendo, lo que no contribuye a la resolución de la situación de riesgo”. En este sentido, la Comisiónobservó con preocupación la discrepancia en la información aportada sobre el número de custodios;
  36. d) “el Estado no ha suministrado información sobre los progresos que se han presentado a nivel alimentario”. Por otro lado, para la Comisión es “necesario que la Corte requiera al Estado la presentación de un detalle sobre la capacidad instalada de cada una de las celdas de las unidades actualmente habilitadas para el uso, y un listado de internos con indicación de su ubicación física actual, no sólo por unidad, sino por celda, con el propósito de establecer el nivel de hacinamiento d[e cada] establecimiento y a partir de ello, determinar las acciones inmediatas que pudieran tener un impacto positivo en su reducción”. Si bien valoró los esfuerzos del Estado para la construcción de nuevos centros de detención, resaltó que aquél “no menciona plazos estimados de finalización de las [obras de infraestructura] y que no presenta información acerca del mejoramiento de la situación de los detenidos mientras se efectúan estos trabajos”. Asimismo, destacó “que el Estado no se ha hecho cargo en ninguno de sus informes de las alegaciones de los representantes en cuanto a la no existencia de baños […], ni a sus alegaciones sobre las restricciones en el servicio [de] luz y de agua, y la carencia de insumos en la[s] enfermería[s] de la[s] cárcel[es]”. De acuerdo con la Comisión, “[e]l hacinamiento en cifras tan elevadas y la falta de infraestructura básica como baños y acceso a agua potable se encuentran directamente relacionados con la violencia[,] pues los internos deben pelear por un espacio vital, lo que favorece la creación de relaciones de poder y dominación y la agrupación de internos en pandillas”;
  37. e) si bien “se han verificado esfuerzos del Estado “con relación a las jornadas médicas[, deportivas, culturales] y de fumigación”, la Comisión señaló que dichas medidas “[se] deben revestir de periodicidad e incluir a la totalidad de los internos a fin de lograr el objetivo de reinserción social que pretenden”;
  38. f) el Estado no ha presentado “información sobre avances en la investigación de los hechos de violencia”;
  39. g) en cuanto a los programas de educación, “el porcentaje de personas privadas de libertad […] que atienden a [éstos] es muy reducido y que el Estado no ha aportado información respecto [a] quiénes tienen acceso a [tales] programas, cuál es su capacidad, cuáles son los mecanismos de difusión de su existencia, etc.”;
  40. h) “[s]i bien es cierto que la aplicación de las fórmulas alternativas [de penas] puede ser relevante, el número de otorgamientos de estas medidas [es] mínim[o] y no tien[e] un impacto sustancial en la sobrepoblación d[e los] centro[s] penitenciario[s]”;
  41. i) la creación del Consejo Superior Penitenciario, las 26 Fiscalías Nacionales con Competencia Penitenciaria, los nuevos despachos fiscales a nivel nacional con competencia en régimen penitenciario, la Comisión Nacional de Indultos y la implementación del programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”, constituyen iniciativas positivas por parte del Estado. Sin embargo, la Comisión “solicit[ó] a la Corte que requiera al Estado que presente información precisa al respecto”;
  42. j) “es importante que se acuerden mecanismos para facilitar las visitas de los representantes y de organizaciones de la sociedad civil a los centros de detención, con el fin de favorecer el control social respecto de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en Venezuela”, y
  43. k) “los tres presupuestos convencionales que determinan [el mantenimiento de] las medidas provisionales están latentes” y que en los casos concretos, la adopción de las mismas es particularmente “útil […] para superar condiciones o situaciones de violencia insuperables por las vías normales de que disponen los Estados, y para crear condiciones de seguridad para la vida”.
  44. Que el propósito fundamental de la adopción de las medidas provisionales en estos cuatro asuntos es la protección eficaz de la vida e integridad personal de los beneficiarios (supra Vistos 1 al 4). Al respecto, de la información aportada por las partes se desprende que, transcurridos entre año y medio y tres años y medio desde la adopción de las medidas provisionales en los cuatro centros penitenciarios, continúan reportándose hechos de violencia con resultado de cientos de muertos y heridos (supraConsiderandos 11.a y 12.a). Asimismo, se mantienen condiciones carcelarias contrarias a la protección de la integridad y dignidad de los beneficiarios de dichas medidas.
  45. Que la situación de extrema gravedad y urgencia no ha sido negada por el Estado. Igualmente, el Estado no ha solicitado el levantamiento o la modificación de las medidas provisionales ordenadas en los cuatro asuntos de referencia. Por el contrario, el Estado presentó cifras oficiales e información que corroboran la existencia de altos índices de violencia que han causado numerosas muertes y la afectación a la integridad personal de los reclusos en los centros penitenciarios en cuestión (supraConsiderando 11a).
  46. Que la Comisión y, particularmente, los representantes han presentado prueba y argumentación suficiente que permite al Tribunal apreciar razonablemente que continúa una situación de extrema gravedad y urgencia que justifica el mantenimiento de las presentes medidas provisionales, con el propósito de evitar daños irreparables a la vida e integridad de los beneficiarios.
  47. Que teniendo en cuenta que el Estado se comprometió en la audiencia pública a superar la actual situación carcelaria en un plazo razonable de “cinco años”, y valorando los esfuerzos realizados hasta el momento por Venezuela en ese sentido, este Tribunal considera conveniente mantener vigentes las medidas provisionales a favor de los beneficiarios de los cuatro centros penitenciarios de referencia, de manera que no se reporten hechos de violencia que causen ni una muerte ni lesión más en agravio de personas privadas de libertad que, como tales, están sujetas al control del Estado, quien tiene un deber especial de garante en relación a aquéllas.
  48. Que si bien este Tribunal es consciente de que la problemática de los centros penitenciarios en general, y en Venezuela en particular, requiere de acciones a mediano y largo plazo, a efectos de adecuar sus condiciones a los estándares internacionales sobre la materia, los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna[8].
  49. Que, en ese sentido, el Estado debe adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en los cuatro centros penitenciarios de referencia, de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno más. Ello comprende la adopción de medidas tendientes a prevenir que en el futuro se desarrollen situaciones de amotinamiento, huelgas, los denominados “auto-secuestros” u otras que alteren el orden en dichos centros[9].
  50. Que en razón de ello, el Tribunal considera imprescindible que el Estado brinde información puntual sobre las medidas que adopte para dar pronto y total acatamiento a la obligación de proteger la vida e integridad personal de todos los beneficiarios en los citados cuatro centros penitenciarios. El Estado deberá presentar un informe en el que se refiera de manera específica a aquellos hechos de violencia en los cuatro centros penitenciarios que resulten en beneficiarios heridos y muertos, en su caso, así como a las medidas adoptadas para evitar que dichos hechos se repitan.

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  1. Que la Corte valora los esfuerzos realizados por el Estado en cuanto a la implementación de medidas y actividades tendientes a mejorar la situación de los beneficiarios de las medidas provisionales, particularmente en lo relacionado con salud, educación, cultura, trabajo, alimentación, fumigación, infraestructura, capacitación de custodios, fórmulas alternativas de cumplimiento de penas y creación de nuevas fiscalías nacionales con competencia penitenciaria, entre otras. El Tribunal insta a Venezuela a continuar con el desarrollo de éstas y otras actividades con miras a mejorar la situación carcelaria del país. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal reitera que en el marco de las presentes medidas provisionales la obligación del Estado se debe centrar en implementar e informar acerca de aquellas medidas que estén directamente vinculadas con la protección de la vida e integridad de los beneficiarios.

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  1. Que finalmente, y considerando la relevancia de este aspecto en cuanto al seguimiento de las medidas provisionales en los presentes cuatro asuntos, el Estado debe resolver a la mayor brevedad, y en consulta con los representantes, los trámites pendientes para otorgar el permiso que se exige a éstos para su ingreso a los centros penitenciarios.
  2. B) Sobre la solicitud de ampliación de las medidas provisionales a favor de los representantes de los beneficiarios
  3. Que en el marco de la audiencia pública celebrada en relación con los cuatro asuntos de referencia, los representantes solicitaron la ampliación de las medidas provisionales a favor del señor Humberto Prado, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, así como del señor Carlos Alberto Nieto Palma, Director de la organización Una Ventana a la Libertad. Ambas personas son representantes acreditados en los presentes asuntos.
  4. Que sobre el señor Humberto Prado, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, adicionalmente a la información ya existente en el marco del expediente de solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana el 16 de mayo de 2007, los representantes se refirieron a tres nuevos hechos que justificarían la solicitud de ampliación de medidas provisionales, a saber: 1) la investigación a los directivos del Observatorio Venezolano de Prisiones emprendida por el secretario del Ministro Ramón Rodríguez Chacín “buscando enjuiciarl[o]s por traición a la patria e instigación a la rebelión civil”. Concretamente, “en el presente año, se habría iniciado una investigación penal en […] contra [del señor Humberto Prado] por su presunta responsabilidad de los delitos antes mencionados, en base a presuntas pruebas que l[o] vinculan con estos actos”; 2) “información [reciente] en [la] prensa (Diario La Razón, 6 de septiembre de 2009) en donde se afirma que se ha abierto una averiguación en […] contra [del señor Humberto Prado] por su presunta responsabilidad por la situación conflictiva que viven las cárceles venezolanas”, y 3) lo manifestado por el agente del Estado en la audiencia pública, al referirse a “la coincidencia que a su parecer existe entre las huelgas que se desarrollan en las cárceles venezolanas cada vez que el [Observatorio Venezolano de Prisiones] se encuentra ante los órganos del [S]istema [Interamericano] realizando las denuncias correspondientes”.
  5. Que en lo que respecta al señor Carlos Nieto, los representantes se refirieron a un hecho puntual ocurrido el 19 de agosto de 2009, alrededor de las 11:00 a.m. De acuerdo con los representantes, en dicha ocasión el señor Carlos Nieto:

recibió una visita en su domicilio de tres presuntos funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana, quienes se encontraban uniformados y portando sus cascos en las manos. El [s]eñor Nieto les abrió la puerta y los invitó a pasar, presumiendo que se trataba de algún trámite relacionado con las medidas de protección que lo amparan -tal como la firma de las actas que regularmente distintos funcionarios [le] hacen llegar en su residencia[.] Sin embargo, cuando los presuntos funcionarios se encontraban dentro de su domicilio le informaron que debía acompañarlos, debido a que tenían órdenes de ello. A pesar de solicitar que le explicaran el motivo y si existía alguna orden judicial para acompañarlos, los presuntos funcionarios hicieron caso omiso a dicha solicitud. Incluso cuando [el señor Nieto] insistió en que debía comunicarse con sus abogados para saber cuáles eran los derechos que lo protegían frente a este acto irregular, los presuntos funcionarios esgrimieron que si por su profesión de abogado no podría defenderse personalmente, a lo que éste respondió que en este caso en particular, él tenía la condición de víctima y por lo tanto prefería que otros abogados lo representaran. El [s]eñor Nieto en virtud de esta situación, y en vista de que se encontraba solo en su vivienda, pidió a los funcionarios unos minutos para ir a su habitación con el pretexto de ir al baño, y fue entonces cuando accedió al computador y envió un mensaje a la red social ‘[T]witter’, informando de la presencia de tales presuntos funcionarios en su residencia. Al volver a la sala, los presuntos funcionarios lo interrogaron respecto al comunicado público que ha circulado con las peticiones de las personas privadas de libertad en el Centro de Reclusión Penitenciario ‘Tocorón’. Seguidamente, le expresaron ‘¿Por qué mejor no te callas la boca y no te metes en más peos? Deberías dejar de estar sacando esas cosas del Ministro’, con relación a las denuncias realizadas por las irregularidades en los centros penitenciarios del país, a lo que el señor Nieto les respondió que [‘]no sacaba nada en contra de nadie, y que [é]se era su trabajo como defensor de derechos humanos, por lo que no tenía por qué callarse[’]. La visita de estos presuntos funcionarios policiales duró aproximadamente 30 minutos y se vio interrumpida por la gran cantidad de llamadas que el [s]eñor Nieto recibió al enviar la información por la red ‘twitter’. Al observar tantas llamadas telefónicas, los supuestos funcionarios se retiraron y concluyó así la visita, no sin antes manifestarle ‘que tuviera cuidado’.

  1. Que además de los nuevos hechos presentados por los representantes respecto de los señores Humberto Prado y Carlos Nieto, en el marco de la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 30 de septiembre de 2009, el Estado se refirió a “dos casualidades” que, en el presente año, habían determinado la coincidencia entre presentaciones de Venezuela ante los órganos del Sistema Interamericano y el inicio de huelgas en los centros penitenciarios del país. El Estado señaló que: i) en marzo de 2009, cuando Venezuela presentaba la situación de las cárceles ante la Comisión Interamericana, “hubo huelgas en trece cárceles, huelgas de hambres” y ii) el día en el que se encontraba en audiencia ante la Corte, “y [desde] hace dos días, ha[bía] una huelga de hambre en [la cárcel de] Uribana”, concluyendo que los representantes “ni siquiera se cuida[ban de ocultar esas coincidencias]”. Para los representantes, lo declarado por el Estado constituye prueba de la “estigmatización” o “criminalización” en contra de los defensores de derechos humanos que, finalmente, respalda la solicitud de “ampliación de las medidas provisionales para que el trabajo de [éstos] sea debidamente respetado, protegido, garantizado, fomentado y querido por el Estado venezolano”.
  2. Que con posterioridad a la audiencia pública, en su escrito de 8 de octubre de 2009 (supraVisto 12) los representantes solicitaron la “[a]mplia[ción de] las […] medidas provisionales [a favor de] los miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones, los señores/as Marianela Sánchez, María Inés García, Emil Niño, Wilmer Linero[ y] Miriam Bolívar”. Sin embargo, los representantes no presentaron hechos concretos sobre la alegada situación de extrema gravedad y urgencia y daños irreparables respecto de estas personas.
  3. Que sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales, la Comisión “reiter[ó] sus observaciones de 6 de julio de 2009 respecto de la situación del señor Humberto Prado”, concluyendo que “no t[enía] observaciones adicionales que formular”. La Comisión no se refirió a la situación del señor Carlos Nieto ni a la de los demás miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones.
  4. Que sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales a favor del señor Humberto Prado, el Estado recordó que el 8 de junio de 2007 “fueron acordadas [a nivel doméstico medidas de protección a favor de aquél] por el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, comisionándose a funcionarios pertenecientes a la Policía del Estado Miranda y Municipio Libertador”. Sin embargo, “[u]na vez finalizad[a su] vigencia, el [referido] Juzgado de Control […] indicó que para solicitar la ampliación de la misma debían cumplirse los requisitos de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, entre l[o]s cuales est[á] la entrevista del denunciante con el Ministerio Público”. De conformidad con el Estado, “[l]a Fiscalía Trigésimo Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, a los fines de solicitar la prórroga de la Medida de Protección, agotó las vías de comunicación con el [señor] Humberto Prado Sifontes, siendo imposible lograr su comparecencia a la sede de dicha Representación Fiscal, para que interpusiera denuncia en caso de haber sido objeto de nuevas amenazas, riesgo o peligro de daño a su integridad física, libertad, bienes materiales o menoscabo sustancial de sus derechos; por lo que[, de acuerdo con el Estado,] el [señor Humberto Prado] no ha hecho uso de las facultades que le otorga [dicha] Ley de Protección […], impidiendo de esta manera al Ministerio Público velar y garantizar los derechos fundamentales que le asisten”. En ese sentido, el Estado concluyó que los representantes “no puede[n] pretender acceder al [Sistema Interamericano] cuando no ha[n] agotado las instancias internas, en este caso las [m]edidas de [p]rotección otorgadas por un tribunal venezolano”. El Estado no se refirió a la situación del señor Carlos Nieto ni a la de los demás miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones.
  5. Que, como se señaló anteriormente (supra Considerando 3), para efectos de la adopción o ampliación de medidas provisionales, la Convención Americana requiere que la gravedad sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado, que el riesgo o amenaza involucrado sea inminente y que exista una probabilidad razonable de que se materialice un daño irreparable. Para tales efectos, se deben establecer hechos que prima facie parecerían cumplir con los requisitos del artículo 63 de la Convención. Asimismo, para determinar si existe una situación prima facie de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables, la Corte puede valorar el conjunto de factores o circunstancias políticas, históricas, culturales o de cualquier otra índole que afectan al beneficiario o posible beneficiario y lo colocan en una situación de vulnerabilidad en un determinado momento, por lo cual se vería expuesto a recibir lesiones a sus derechos. Esta situación puede crecer o decrecer en el tiempo dependiendo de un sinnúmero de variables, pero únicamente las situaciones extremas y urgentes merecerán protección mediante medidas provisionales[10]. En todo caso, contrario a lo señalado por el Estado, la Convención Americana no exige que se dicten medidas provisionales únicamente cuando se hayan agotado todos los recursos internos que puedan estar disponibles para evitar daños irreparables causados por situaciones extremadamente graves y urgentes. Por el contrario, el mecanismo de medidas provisionales requiere únicamente que se demuestren los requisitos convencionales de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño que están señalados en el artículo 63 de la Convención (supraConsiderando 4).
  6. Que al ordenar medidas provisionales el Tribunal también puede valorar la existencia de un conjunto de factores o circunstancias que revelen graves agresiones contra un grupo determinado al cual pertenece el posible beneficiario, lo cual podría colocarlo en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables. Sin embargo, la mera pertenencia a dicho grupo no sería, en todos los casos, suficiente para ordenar medidas provisionales. Se requiere que se demuestre la extrema gravedad y urgencia mediante, por ejemplo, una serie de graves ataques contra el grupo al que pertenece el potencial beneficiario que permita, a su vez, inferir razonablemente que éste también será atacado, aun cuando aquél no haya sido amenazado directamente[11].
  7. Que los representantes no han presentado hechos que demuestrenprima facie que las señoras Marianela Sánchez, María Inés García y Miriam Bolívar y los señores Humberto Prado, Carlos Alberto Nieto Palma,Emil Niño y Wilmer Linero pertenezcan a un grupo que ha sido objeto de graves amenazas. Por lo tanto, dado que como grupo no se ha demostrado que existe una situación de extrema gravedad y urgencia, corresponde al Tribunal analizar si existen motivos particulares para ordenar la ampliación de las presentes medidas provisionales, en razón de la información presentada por las partes respecto de cada una de estas personas.

B.1) Humberto Prado

  1. Que respecto al señor Humberto Prado, con motivo de una solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión en el mes de mayo de 2007, este Tribunal ha estado supervisando la situación con relación a las supuestas amenazas y actos intimidatorios cometidos en su contra por parte de funcionarios del Estado, así como con relación a supuestos actos intimidatorios contra su vida y la de su familia. En dicho trámite, el Tribunal ha tomado conocimiento de que el 8 de junio de 2007 el Estado ordenó la adopción de “medidas de protección”, designando a la policía del estado de Miranda y a la del Municipio Libertador para resguardar la vida e integridad del señor Prado Sifontes y su familia, tanto en su domicilio como en el centro de trabajo de aquél (supra Considerando 29).Con relación a dichas “medidas de protección”, la Corte hace notar que el señor Humberto Prado Sifontes y su familia y las autoridades del Estado tienen pendiente realizar coordinaciones orientadas a la posible prórroga de las mismas en la jurisdicción interna, siempre de conformidad con los requisitos establecidos por la ley venezolana.
  2. Que no obstante lo anterior, la situación planteada por los representantes en el presente asunto es de otra índole. A diferencia de la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada en el año 2007 por la Comisión, los representantes solicitaron que el Tribunal ordene la ampliación de las medidas provisionales que ya fueron ordenadasrespecto de la grave situación carcelaria descrita anteriormente, con el propósito de proteger la vida e integridad del señor Humberto Prado, en razón de su rol como representante de los beneficiarios. Al respecto, se ha señalado que el señor Prado está siendo supuestamente investigado, con el propósito deenjuiciarlo por el delito de traición a la patria e instigación a la rebelión civil, por sus actividades como representante de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales. El Estado no ha refutado dicha afirmación de los representantes (supra Considerando 24).
  3. Que el actuar del Estado hacia el señor Humberto Prado, en su calidad de director de una organización no gubernamental que representa a beneficiarios de las presentes medidas, debe apreciarse dentro del contexto de violencia extrema que, según se ha constatado en la presente Resolución, existe en varias cárceles de Venezuela (supraConsiderandos 14, 15 y 16). Según información aportada recientemente (supra Visto 6.d), el Tribunal tiene constancia que el señor Prado es y ha sido intermediario en varias situaciones altamente volátiles de enfrentamientos entre el Estado y los beneficiarios de medidas provisionales. Por ejemplo, recientemente en la cárcel El Rodeo, los beneficiarios aparentemente secuestraron a un funcionario público y solicitaron la presencia del señor Prado, entre otros, para mediar la situación y atender los reclamos de los internos. Hechos como éstos evidencian que el señor Prado se ve envuelto en situaciones peligrosas como representante visiblemente activo de los beneficiarios.
  4. Que dicho contexto de violencia y volatilidad colocan al señor Humberto Prado en una situación prima facie de grave riesgo para su vida e integridad que, según lo informado recientemente, requiere de medidas urgentes de protección. Por lo tanto, el Tribunal considera que se deben ampliar las presentes medidas provisionales para proteger la vida e integridad del señor Humberto Prado.

B.2) Carlos Nieto Palma

  1. Que en cuanto a la solicitud de ampliación de las presentes medidas a favor del señor Carlos Nieto, el Tribunal recuerda que las medidas otorgadas a su favor, con fecha 9 de julio de 2004, fueron levantadas mediante Resolución de la Corte Interamericana de fecha 26 de enero de 2009, al considerar que no se había remitido información que demostrara la subsistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia y de prevención de daños irreparables que existió al momento de ordenar las referidas medidas a su favor[12].
  2. Que, no obstante lo anterior, la Corte observa que la presente solicitud de ampliación de medidas se basa en hechos diferentes a los que sustentaron, en su momento, la orden de medidasprovisionales a favor del señor Nieto hace más de cinco años. Según los representantes, el 19 de agosto de 2009 el señor Carlos Nieto recibió una visita en su domicilio por parte de tres presuntos funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana, quienes se encontraban uniformados y portando sus cascos en las manos, y quienes alegadamente lo amenazaron o intimidaron para que cesara de hablar públicamente sobre la situación de las personas privadas de libertad en el Centro de Reclusión Penitenciario “Tocorón”.
  3. Que contrario a lo señalado anteriormente en relación con el señor Prado, las supuestas amenazas o actos intimidatorios que vivió el señor Nieto no guardan relación con las presentes medidas provisionales, puesto que el Centro de Reclusión Penitenciario “Tocorón” no es uno de los cuatro centros penitenciarios materia del presente asunto.Consecuentemente, la Corte no considera procedente aceptar la solicitud de ampliación de medidas provisionales a favor del señor Nieto. Sin embargo, el Tribunal recuerda que el Estado tiene el deber de respetar los derechos de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana (infraConsiderando 42).

B.3) Otros representantes

  1. Que en cuanto a los demás miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones, las señoras Marianela Sánchez, María Inés García y Miriam Bolívar y los señores Emil Niño y Wilmer Linero, la solicitud de ampliación de medidas parece sustentarse únicamente en que dichas personas son miembros de una organización que defiende los derechos de personas privadas de libertad en Venezuela.
  2. Que al respecto, la Corte observa que los representantes no han presentado prueba alguna que demuestre que existe una situación prima facie de extrema gravedad y urgencia respecto de las señoras Marianela Sánchez, María Inés García y Miriam Bolívar y los señores Emil Niño y Wilmer Linero. Asimismo, el Tribunal no encuentra elementos de juicio suficientes quepermitan inferir razonablemente que dicha situación exista. Por lo tanto, la Corte no considera procedente aceptar la solicitud de ampliación de medidas provisionales respecto de las señoras Marianela Sánchez, María Inés García y Miriam Bolívar y los señores Emil Niño y Wilmer Linero.
  3. Que no obstante lo anterior, resulta pertinente reiterar nuevamente que el Estado tiene un deber de proteger y respetar las funciones que puedan desempeñar organizaciones no gubernamentales y otros grupos o individuos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas privadas de libertad, ya que éstas constituyen un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su custodia[13].

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  1. Que con base en el principio de economía procesal, resulta pertinente no sólo analizar de manera conjunta la información presentada respecto de cada asunto (supra Considerando 10),sino también unir procesalmente el trámite de los mismos y la ampliación de medidas a favor del señor Humberto Prado con posterioridad a la emisión de la presente Resolución.En este sentido, esta Corte tiene en cuenta que en cada uno de los cuatro asuntos se ordenó, inter alia, que el Estado adoptase medidas para proteger la vida e integridad de todas las personas que se encuentren en los cuatro centros penitenciarios, en particular para evitar heridas y muertes violentas (supra Vistos 1 al 4). Por lo tanto, el daño irreparable que se busca evitar con la adopción de estas medidas provisionales es el mismo en los cuatro asuntos. Asimismo, el Tribunal observa que los beneficiarios de las medidas en los cuatro asuntos son grupos de personas que se encuentran en situaciones similares por su condición de internos, trabajadores o visitantes en cuatro centros penitenciarios venezolanos (supra Vistos 1 al 4), cuyas condiciones de detención y protección se rigen bajo un único sistema. Además, la Corte observa que las cuatro medidas provisionales fueron solicitadas por la Comisión Interamericana respecto de un mismo Estado, y si bien existen diferencias en cuanto a la representación legal de los diferentes beneficiarios, también es cierto que existen representantes en común para todos los beneficiarios. Adicionalmente, el Tribunal observa que las partes no han objetado a que se procesen conjuntamente los cuatro asuntos y considera que fue muy útil el proceso y la presentación de información respecto de los mismos de manera conjunta durante la audiencia pública celebrada el 30 de septiembre de 2009. Por último, la Corte considera que la ampliación de medidas provisionales a favor del señor Humberto Prado tiene el propósito de proteger su vida e integridad en razón de su rol como representante de los beneficiarios de medidas en tres de los cuatro asuntos de referencia.
  2. Que para tales efectos, de conformidad con la parte resolutiva de la presente resolución, el Estado deberá presentar, como lo ha hecho anteriormente (supra Visto 9), un único informe en el cual hará referencia a la situación en las cuatro cárceles y a las medidas de protección adoptadas a favor del señor Humberto Prado de manera conjunta. Asimismo, tanto la Comisión como los representantes deberán presentar un sólo escrito, en el cual deberán remitir observaciones al respecto.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 y 30 del Reglamento,

RESUELVE:

  1. Requerir al Estado que mantenga y adopte las medidas necesarias paracontinuar protegiendo la vida e integridad personal de los beneficiarios de los siguientes cuatro centros penitenciarios: Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II.
  2. Requerir al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Humberto Prado.
  3. Requerir al Estado que, a partir del 15 de febrero de 2010, remita bimestralmente un informe donde se refiera, de manera específica, a las medidas que esté adoptando para proteger la vida e integridad de los beneficiarios. La Comisión Interamericana y los representantes de los beneficiarios deberán presentar sus observaciones a dichos informes en el plazo de seis y cuatro semanas, respectivamente, contado a partir de la recepción de los mismos.
  4. Requerir al Estado que, en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de la presente resolución y en diálogo con los representantes de los beneficiarios, resuelva los trámites pendientes para otorgar el permiso que se les exige a éstos para su ingreso a los centros penitenciarios.
  5. Desestimar la solicitud de ampliación realizada por los representantes de los beneficiarios respecto de las señoras Marianela Sánchez, María Inés García y Miriam Bolívar y los señores Carlos Alberto Nieto Palma,Emil Niño y Wilmer Linero, por los motivos señalados en los Considerandos 39 y 41 de la presente Resolución.
  6. Solicitar a la Secretaría que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios.

Diego García-Sayán

Presidente en Ejercicio

Sergio García Ramírez Manuel E. Ventura Robles

Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alesandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Diego García-Sayán

Presidente en Ejercicio

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

* Por razones de fuerza mayor, la Presidenta de la Corte, Jueza Cecilia Medina Quiroga, y el Juez Leonardo A. Franco no participaron en la deliberación y firma de la presente Resolución. El Vicepresidente, Juez Diego García-Sayán, asumió la Presidencia, conforme al artículo 5.1 del Reglamento de la Corte.

[1] A esta audiencia comparecieron, por la Comisión Interamericana, el señor Florentín Meléndez, Comisionado y las señoras Lilly Ching Soto, Karla Quintana Osuna y Silvia Serrano Guzmán, Especialistas de la Secretaría Ejecutiva; por los representantes, la señora Marianella Villegas Salazar y los señores Humberto Prado, Wilmer Linero, Francisco Quintana, Carlos Ayala Corao, Carlos Nieto, Carlos Miguel Reaño y Emil Niño, y por el Estado, las señoras Luisangela Andarcia, Abogada de la Oficina del Agente del Estado y Consuelo Cerrada, Directora Nacional de Servicios Penitenciarios, y los señores Germán Saltrón Negretti, Agente; Alejandro Castillo, Director de Actuación Procesal del Ministerio Público; Roberto Acosta, representante de la Oficina de Actuación Procesal del Ministerio Público, y Reynaldo Hidalgo, Gerente del Proyecto de Humanización Penitenciaria.

[2] Cfr. Asunto Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de abril de 2009, considerando séptimo; Asunto A. J. y otros. Medidas Provisionales respecto de Haití. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2009, considerando décimo octavo, y Asunto Pérez Torres y Otros (Campo Algodonero). Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, considerando vigésimo.

[3] Cfr. Asunto Carpio Nicolle y otros. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, considerando décimo quinto; Asunto A. J. y otros,supra nota 2, considerando décimo octavo, y Asunto Pérez Torres y Otros (Campo Algodonero), supra nota 2, considerando vigésimo.

[4] Cfr. Asunto Liliana Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 1 de marzo de 2005, considerando décimo; Caso Gutiérrez Soler. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de julio de 2009, considerando sexto, y Caso Bámaca Velásquez. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009, considerando cuadragésimo sexto.

[5] Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de agosto de 1998, considerando sexto; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Medidas Provisionales respecto del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de enero de 2009, considerando cuarto, y Asunto de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2008, considerando quinto.

[6] Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asunto A. J. y otros, supra nota 2, considerando quinto, y Asunto Fernández Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de abril de 2009, considerando quinto.

[7] Cfr. Asunto Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana).MedidasProvisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, considerando séptimo, y Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de julio de 2007, considerando décimo.

[8] Cfr. Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de 9 de febrero de 2006, considerando diecinueve.

[9] Cfr. Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), supra nota 8, considerando diecisiete.

[10] Cfr. Caso Carpio Nicolle, supra nota 3, considerando vigésimo sexto; Asunto Liliana Ortega y otras.Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de julio de 2009, considerando vigésimo segundo, y Caso 19 Comerciantes. Medidas Provisionales respecto deColombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de julio de 2009, considerando septuagésimo primero.

[11] Cfr. Caso Carpio Nicolle, supra nota 3, considerando vigésimo séptimo y Asunto Liliana Ortega y otras, supra nota 10, considerando vigésimo tercero.

[12] Cfr. Asunto de Carlos Nieto y otros. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de 26 de enero de 2009, considerando veinte.

[13] Cfr. Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), supra nota 8, considerando catorce; AsuntoLysias Fleury. Medidas Provisionales respecto de Haití. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2003, considerando décimo, y Asunto Giraldo Cardona. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2006, considerando decimonoveno.

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