Jéssika Ferrer, UVL/ Zulia
Por el hacinamiento no existe distanciamiento social; la obligatoriedad del uso de mascarilla se limita al tránsito de los privados de libertad fuera del calabozo o en tribunales; el acceso a alcohol, productos de higiene o agua es restringido, por no decir inexistente; la limpieza o desinfección de los espacios no es constante y la única medida de prevención que se cumple, medianamente a cabalidad, es la suspensión de los días de visita. En este panorama, el COVID-19 asecha sigilosamente a los reclusos de los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Zulia, desde 2020. Oficialmente, no ha habido contagios, muertos ni enfermos. Solo las denuncias y las solicitudes de familiares para despistajes colectivos en algunos despachos y un leve incremento de los decesos por dificultades respiratorias o neumonía bilateral.
Tras el anuncio presidencial del arribo del virus al territorio nacional se implementaron, en marzo de 2020, las primeras medidas en los calabozos, entre ellas, la suspensión, desde el 20 de marzo de 2020, del ingreso de visitantes a las comandancias. A los pocos días, en abril, el ejecutivo nacional anunció que en Maracaibo surgió un foco infeccioso en el mercado popular Las Pulgas, se redoblaron los controles y se empezó la desinfección de espacios públicos y de los calabozos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, San Carlos de Zulia, las sedes de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía regional y algunas municipales.
Según un familiar, en la sede de la Delegación Maracaibo del CICPC aislaron en el tercer piso a todos los casos sospechosos de COVID-19. “Hubo un brote entre los detectives y a todos los presos con síntomas sospechosos los llevaron a la torre. Nunca nos dijeron si hubo muertos, pero si casos graves”. Los parientes de los presos recuerdan que ante la alarma, un grupo acudió a la emisora Fe y Alegría para exigir públicamente el despistaje de los detenidos. Solo se logró que desinfectaran las áreas.
El ejecutivo, los familiares y los privados de libertad estuvieron atentos los primeros seis meses de la pandemia ante cualquier anomalía en los calabozos. Tal es el caso de la denuncia de los reclusos del pabellón B del retén de San Carlos de Zulia, quienes difundieron, el 21 de julio de 2020, un vídeo de una celda repleta de enfermos con fiebre, tos y estornudos. Dos días después de su divulgación, una comitiva de la Alcaldía de Colón desinfectaba el penal y otra evaluaba a los internos.
Con el paso de los meses, la angustia tanto de los privados como de sus parientes disminuyó. Se adaptaron a las nuevas rutinas penitenciarias y en algunos calabozos se retomaron, de acuerdo a las semanas de flexibilización, las visitas. Tal es el caso del retén de Cabimas, donde sin más control de bioseguridad que el uso de la mascarilla se permite, desde noviembre de 2020, el ingreso a los familiares, de 7.00 de la mañana a 2.00 de la tarde, los sábados de flexibilización. Ahí adentro se olvidan de mascarillas y se aglomeran unos al lado de otros en los pabellones.
El COVID-19 pareció ausente de los calabozos zulianos hasta el 14 de noviembre de 2020 cuando la familia de Jeison José Villasmil González, de 46 años, privado de libertad del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), solicitó apoyo económico para costear los medicamentos luego de que en un informe médico del Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta les precisara que padecía coronavirus. Al detenido lo aislaron y se recuperó sin complicaciones.
El año 2020 concluyó con un leve repunte de decesos por enfermedades respiratorias. De los 148 privados de libertad que perecieron en los calabozos regionales, 14 perdieron su vida por complicaciones respiratorias no asociadas a la tuberculosis. Por ninguno de los casos hubo pronunciamiento del Ejecutivo regional ni de los directores de los cuerpos de seguridad. Ricardo Lugo, secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación, detalló, en una entrevista con UVL, que unos 40 internos del retén de Cabimas murieron durante el primer año de pandemia. No precisó causas, aunque asomó la tuberculosis como una de las principales patologías.
Neumonía nueva causa de muerte
La región inicia 2021 con un repunte en los casos de COVID-19. Pero no es hasta abril cuando un grupo de familiares exige el despistaje del coronavirus en las celdas de la Delegación Caja Seca, tras dos decesos continuos en ese despacho y que catalogaron como sospechosos. El primer privado de libertad en morir fue José Olmedo Mendoza (44), a quien se le complicó la tuberculosis con una insuficiencia respiratoria aguda y quedó sin aliento el 26 de marzo de 2021. Diez días después, el 5 de abril de 2021, falleció José Wilfredo Matheus Ramos, de 44 años, quien permanecía recluido en los mismos calabozos. Según los familiares, este último cumplía tratamiento por coronavirus.
Al día siguiente de la muerte de Ramos, Yeovana Nava, comisario general del CICPC; el diputado Guly Bert Antúnez y el personal de salud del Hospital Juan de Dios Martínez y del Centro de Diagnóstico Integral Rómulo Gallegos efectuaron, el 6 de abril de 2021, una jornada para el despistaje de tuberculosis y COVID-19 entre presos y funcionarios y la desinfección de las áreas administrativas, calabozos y de atención al público.
de desinfección de calabozos. Foto: Cortesía
Los dos decesos de la Delegación de Caja Seca del CICPC fueron como un punto de partida para las denuncias de decesos sospechosos. En la morgue del Servicio Autónomo del Hospital de Maracaibo, centro piloto para recepción de pacientes COVID-19, ingresó, el 23 de abril de 2021, el cadáver de Leonel Enrique Torres González, de 45 años, quien falleció en el centro de salud por un paro respiratorio tras sufrir neumonía bilateral.
Ángel Segundo Parra, de 30 años, C.I. 25.294.487 y privado de libertad del Internado Judicial Dr. Francisco Delgado murió, el 21 de abril de 2021, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) La Chamarreta, al oeste de Maracaibo, tras sufrir “un shock séptico producido por neumonía bilateral complicada con tuberculosis, lo que le produjo un paro respiratorio”.
El deceso que causó más alarma entre los internos lo reportaron, el 8 de mayo de 2021, en los calabozos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en el municipio San Francisco. Tairo Segundo Ramos Porffil, de 20 años, no permaneció dos días detenido. Ingresó al calabozo el 6 de mayo y en la mañana del 8 de mayo arribó su cadáver al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Maracaibo. Sus compañeros alegaron que murió por tuberculosis, pues a su llegada al comando lo recluyeron con quienes padecen esa enfermedad. No hubo parte oficial de su causa de muerte.
En un escenario de desinformación oficial, presunciones de los parientes y pánico de quienes ocupan los calabozos policiales y militares de la región han transcurrido los 14 meses y medio desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela. “Aquí no hay acceso a medicinas ni bombonas ni mucho menos UCI. Nos toca confiar en la oración, en esa fe que viene por el oír y oír la palabra de Dios”, expresó resignado un privado de libertad de la PNB.
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