En el primer mes de la comisión en el estado Falcón, el Centro de Detención Preventiva ubicado en la policía municipal de Carirubana pasó de tener 158 detenidos a hombres a 56, la cifra más baja en los últimos cinco años
Irene Revilla/ UVAL Falcón
Pasar por el frente de la Policía Municipal de Carirubana, ubicada en Punto Fijo, la principal ciudad de la Península de Paraguaná y no sentir el olor a sudor humano, heces y orina, era inevitable. Si se entraba por la puerta principal del recinto, los olores eran aún más fuertes. Esto se debía a que en el lugar, según el monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad en junio de 2021, antes de instaurarse la Comisión para la Revolución Judicial habían detenidos 129 adultos masculinos, 6 adolescentes y 3 mujeresen un espacio que fue construido sólo para 15 y que debido al alto número de privados de libertad, los cuartos de descanso de los uniformados llegaron a convertirse en zonas de resguardo para los detenidos.
Esa situación cambió con la llegada al occidente del país de la Comisión para la Revolución Judicial, que fue designada por el gobierno de Nicolás Maduro para que en 90 días, se aceleraran los procesos judiciales con la promesa de acabar con el hacinamiento y el retardo procesal. Jesús López Marcano, director de la policía municipal, declaró a Una Ventana a la Libertad que esto era una solicitud desde el año 2018, cuando la sede llegó a tener 178 detenidos, número que doblaba la cifra de uniformados. «Para ese entonces era un peligro latente, la sede no fue construida para tener a las personas más de setenta y dos horas en este lugar. No tenía los espacios ni las condiciones para albergar tantas personas, así que hubo un momento que decidí y le dije a mis uniformados que no hicieran más procedimientos, que había que buscar la manera de descongestionar la sala», recuerda López Marcano.
Al momento de la llegada de la comisión que se instaló la tercera semana de julio, la policía municipal albergaba 158 detenidos, entre ellos, cinco mujeres. Para poder tenerlos a todos, fue necesario habilitar los cuartos de descanso de los funcionarios; además de redoblar guardias para poder tener los espacios más seguros durante las noches, principalmente. En la primera visita de la comisión se pasó a tener 109 detenidos; 57 procesados y 52 penados. En la segunda visita, en la que la comisión estuvo revisando expedientes hasta las 4:00 am, en la policía solo quedaron 55 hombres y una mujer.
La comisión otorgó medidas bajo arresto domiciliario, libertades por cumplimiento de pena y destacamentos de trabajo. López Marcano, aplaudió la medida de trabajo que le dio la oportunidad de descongestionar el CDP, una solicitud que había hecho desde el año 2018 y que le generaba una gran preocupación al poner en riesgo a los uniformados y a los vecinos del sector dónde está ubicada la sede. Para el también abogado, con una larga trayectoria en las policías de la región, es importante que el Ministerio Público evite el retardo procesal que es lo que genera el atraso y que los CDP estén convertidos en las nuevas cárceles.
López Marcano recordó que pese a que hizo varias solicitudes al Ministerio Público y al Ministerio Penitenciario en el año 2018, no obtenía las respuestas que la sede necesitaba, asegura que su mayor temor era una huelga o una reyerta que terminara en una fuga masiva que pusiera en peligro a los habitantes de los alrededores. Afortunadamente, se dieron planes cayapas y con ello se iban de cinco a 10 detenidos hasta llegar a una cifra de 120 o 130 personas. En ese momento entendió que esa cifra no debía aumentar porque de lo contrario volvería a superar el número de uniformados y sería un riesgo mayor tener más presos que custodios.
Una de las cosas que le llamó la atención es que cuando solicitaba cupos en la Comunidad Penitenciaria de Coro, las condiciones que eran obligatorias para recibir al preso, eran casi imposibles de cumplir. «Pedían un tipo con dentadura perfecta, sin marcas ni tatuajes, que no tuviera esto o aquello y era absurdo, por eso es que las policías teníamos tantos penados cumpliendo condenas en nuestras sedes, porque era un proceso que te otorgarán un cupo en el lugar. También ayudaba el retardo procesal, yo tenía casos de presos que no habían pasado de la audiencia de presentación; otros que los deteníamos dos y tres veces por semana; hasta que indagué y me di cuenta que había un chanchullo en los tribunales; el preso pagaba y salía, nosotros lo volvíamos a agarrar y volvía a salir. Me fui a Caracas, presente la queja y mandaron una comisión para los tribunales, volaron cabezas y todo cambió, aunque los casos siguieron engavetados», afirmó.
López Marcano aseguró que pese al gran hacinamiento, siempre buscó jornadas de salud para los detenidos; amplió los horarios de la entrega de la comida para evitar la desnutrición y también resalta como un logro de su gestión, ser la única policía que otorga visitas conyugales, ya que habilitó un cuarto para tal fin y son los mismos privados de libertad quienes hacen su lista y optan por la visita de su pareja; con ello, eliminó la posibilidad de violaciones entre los detenidos o acciones que perjudicaran la moral y las buenas costumbres.
Madres pidieron atención a todos los casos
Los familiares de los privados de libertad, permanecieron en vigilia en las afueras de la policía municipal las dos primeras semanas de julio, en espera de los resultados de las revisiones de la comisión. Las madres pedían que se revisaran todos los casos, porque muchos de ellos eran inocentes de lo que se les imputaba.
Declararon que para la revisión de casos, había preferencia y los uniformados pasaban primero a sus amigos. Yelitza Jiménez, madre de un joven condenado por el delito de robo, recordó que el retardo procesal la obligó a estudiar las leyes para exigir sus derechos. «Estuve nueve meses caminando para ese tribunal para exigir una cita, gracias a Dios que me escuchó y vino esta comisión a revisar los casos; solo que sabemos que los policías han pasado primero a sus amigos, a los policías que están presos y así. Sabemos que ha habido una preferencia y eso no debe ser. Aquí estamos haciendo vigilia porque queremos nuestros hijos en la calle, ya está bueno de pasar tanta necesidad», aseguró.
Las madres relataron que durante la pandemia por la Covid-19, las visitas se restringieron, así como los horarios para llevar la comida porque ya no hay transporte como antes y tampoco se puede estar en las calles a cualquier hora. Calificaron la pandemia como una traba más para que sus hijos pudieran alimentarse bien y para que los procesos judiciales tomaran su camino, lo que atrasó los cambios y con ello la vida de sus hijos se desgasta en un lugar donde cada día duermen menos y los espacios se reducen con la llegada de más presos.
Defensoría del Pueblo pidió atender primero las sedes con grandes hacinamientos
El Defensor del Pueblo, Edisoie Sandoval, aplaudió la jornada que busca descongestionar los CDP, lugares que fueron creados para escaso número de personas y que no cuentan con las condiciones para que los seres humanos vivan en el lugar; por lo que solicitó a la comisión presidencial que el trabajo iniciara por los lugares con mayor número de detenidos y donde había casos de emergencia que atender. Entre ellos Policarirubana por el alto número de hacinamiento, así mismo, Polifalcón en Coro y Punto Fijo; el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas en Coro, Punto Fijo y Tucacas y la Policía Nacional Bolivariana en Tocuyo de la Costa.
«Esto es un gran avance que además le dará a las familias un reconocimiento a las solicitudes que han hecho. Sin duda es una deuda que tiene el Estado venezolano con los privados de libertad y esperamos que estos noventa días sirvan de ejemplo de organización y trabajo para que los CDP vuelvan a ser para lo que fueron creados y evitar que sigan convertidos en las cárceles del país». Refirió que sabe de casos de presos con enfermedades terminales, mujeres embarazadas con delitos menores e incluso procedimientos mal ejecutados que espera que se estudien en estos noventa días para darle celeridad a cada uno.
Aunque Una Ventana a la Libertad, pidió al secretario de Seguridad Ciudadana, en el estado Falcón, general Miguel Morales Miranda un balance de los primeros 30 días de trabajo de la comisión; expresó que los resultados se darán una vez concluido el trabajo de 90 días; por medio de familiares y funcionarios de cada comando se ha logrado acceder a las medidas que han tomado los tribunales que conforman la comisión. En este segundo mes de trabajo, siguen desplegados en los CDP de la región en aras de descongestionar y adelantar los casos.
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