En los primeros 30 días del plan presidencial no fueron atendidos los reclusos detenidos en la PNB de Boleíta, el CDP con más sobrepoblación en la capital de Venezuela .
Angélica Lugo, UVL Caracas
Una mujer de más de 60 años espera sentada, al frente del portón de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, que le permitan ingresar alimentos para su hijo. Luce pálida, sudada y con evidencias de haber llorado. Las horas sin dormir le han pasado factura. Desde hace casi tres semanas viajó desde su hogar, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, hasta Caracas pues su hijo fue trasladado a la capital del país por órdenes de la Comisión de la Revolución Judicial. Aunque llegó a pensar que el traslado de su hijo sería la solución, en la actualidad tiene incertidumbre.
“Mi hijo tenía cuatro años y cuatro meses detenido en Puerto La Cruz por homicidio, pero lo trasladaron a Caracas porque la orden es descongestionar esos espacios. Pero ahora nadie me da respuesta sobre su caso y su salud ha empeorado estando aquí. Tiene alergias en la piel y presenta molestias en la cadera”, manifestó a Una Ventana a la Libertad (UVL) la mujer.
Pese a que el caso de este detenido es distinto a otros ya monitoreados por UVL en ese Centro de Detención Preventiva, en los grupos de familiares de esa población penitenciaria predomina la misma sensación: se sienten desinformados y suplican que la comisión presidencial evalúe los casos de sus parientes. Pese a sus súplicas y al hacinamiento que hay en la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, que alberga a más de 1000 detenidos, en un espacio que tiene capacidad para albergar a 250 personas por un lapso de 48 horas, según datos del monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad en junio de 2021, en el primer mes de la instalación de este proyecto gubernamental no fue atendido ese centro.
En una visita a las inmediaciones de esa sede de la PNB, que también es conocida como la extinta Policía Metropolitana, UVL también confirmó que, entre la nueva población penitenciaria que está detenida en ese espacio transitorio destacan vecinos de la parroquia La Vega que fueron detenidos el 12 de junio de este 2021 por presuntamente estar involucrados en los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y miembros de las bandas de el “Koki” y el “Mayeyas”.
Fuentes extraoficiales informaron que a Boleíta fue trasladada la mayoría de los 38 hombres que fueron detenidos en un operativo de Las FAES realizado en La Vega el 12 de junio de este 2021. “Ellos son inocentes y no tienen nada que ver con malandros. Les sembraron droga y armamentos”, aseguró la esposa de uno de los aprehendidos en ese procedimiento.
Estos grupos de personas, que aseguran que las detenciones de sus allegados se deben a motivos políticos, hacen parte de los parientes de esa población penitenciaria que esperan que la Comisión de Revolución Judicial evalúe los casos de sus familiares.
Aunque representantes del Estado hicieron la promesa de que en un lapso de sesenta días se solucionará cualquier condición de hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, para regularizar los traslados de reclusos a centros penitenciarios, en el primer mes de la instalación de esta comisión presidencial UVL ha confirmado que en Caracas el plan gubernamental no va a la velocidad anunciada, ni tampoco a la que los familiares de los detenidos esperan.
Además de los calabozos de la PNB de Boleíta, otras sedes de la Policía Nacional ubicadas en Caracas, según datos recabados en junio de 2021 por Una Ventana a la Libertad cuentan con sobrepoblación. En la PNB de La Yaguara en la actualidad hay 285 detenidos, mientras que en la PNB de San Agustín del Sur hay más de 250 internos. Aunque esta última dependencia de la PNB llegó a albergar a 300 reclusos, fuentes extraoficiales confirmaron a UVL que se han concretado traslados a cárceles y también han sido otorgadas libertades, pero en el marco del Plan Cayapa, no de la esperada Comisión de la Revolución Judicial.
Poco antes de cumplirse un mes de la instalación de esta comisión, entre el 14 y 15 de julio, 18 reclusas que estaban detenidas en la PNB de El Valle, fueron liberadas. Según cifras de UVL, hasta junio de 2021 se contabilizaron 65 mujeres recluidas en esa sede policial. Fuentes policiales confirmaron a UVL que después del levantamiento de la data realizada aumentó la población producto de aprehensiones y procedimientos. A esa sede de la Policía Nacional sí fue la Comisión de la Revolución Judicial. Tras dos días de jornadas intensas, que iniciaron a las 9 de la mañana y se extendieron hasta las 12 de la madrugada, el equipo que integra la comisión otorgó las libertades y prometió retornar para evaluar los casos de las otras 52 reclusas que permanecen en ese calabozo, el único que en la actualidad alberga a mujeres en la capital del país.
Casos que han sido evaluados en dependencias del Cicpc
En los primeros 30 días de la instalación de esta comisión presidencial fueron evaluados los casos de los detenidos en algunas comisarías del Cicpc. Cifras extraoficiales refieren que el 4 de julio un total de 150 reclusos detenidos en distintas comisarías fueron trasladados a cárceles.
La información detalla que en las siguientes dependencias del Cicpc todos los cupos recibidos de traslados se concretaron. En la División Contra Robos 16 privados de libertad fueron trasladados a cárceles, en la División Contra Hurto, 7, en la Delegación Municipal de Caricuao 4, en la Delegación Municipal El Llanito 9, en la Delegación Municipal de Chacao 4, en la Dirección de Vehículos 4, en la Delegación Municipal Santa Mónica 10, en la División Captura y Búsqueda El Rosal 19, en la Delegación Municipal El Paraíso 5, en el Bloque de Búsqueda Caracas 6 y en la División Contra Secuestro 21.
En la Delegación Municipal La Vega 12 internos recibieron cupos de traslados, pero solo 11 fueron trasladados pues uno de ellos es adolescente. En la Delegación Municipal Simón Rodríguez 17 reclusos recibieron cupos para cárceles, 16 ya fueron trasladados y uno quedó en libertad plena. En el Eje Central de Homicidios del Cicpc, ubicado en la Avenida Principal de El Paraíso, se otorgaron 15 cupos para cárceles, de los cuales 13 ya están en penales y otros dos serán recibidos en la cárcel de Fénix, ubicada en el estado Lara y, finalmente, en el Bloque de Búsqueda y Captura Caracas se otorgó un cupo de traslado a penal a un recluso que ya está en un centro penitenciario.
Tres días después, Una Ventana a la Libertad confirmó que 21 detenidos en la sede Contra Secuestro del Cicpc, ubicada en El Hatillo, recibieron traslados para cárceles. En los listados que están pegados en las afueras de esa dependencia se especifica que 12 reclusas recibieron los cupos de traslados a cárceles, mientras que nueve internos recibieron los cupos de traslados a penales de población masculina.
Los traslados de la población femenina fueron efectuados al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, y también al Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en el antiguo Internado Judicial de Los Teques, específicamente en el sector El Retén de la capital mirandina. En el caso de la población masculina, UVL no pudo confirmar a qué penales fueron trasladados.
Familiares de la población detenida en los diversos calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) han informado que en algunas sedes se ha visto la presencia de fiscales. En la División Contra Robos del Cicpc de la Avenida Urdaneta, mujeres aseguran que algunas libertades se han otorgado así como traslados para penales. Sin embargo, esto se lo atribuyen al Plan Cayapa y no a la Comisión de la Revolución Judicial.
Aunque no se tuvo acceso a data oficial de libertades y traslados otorgados a la población detenida en la sede del Cicpc Parque Carabobo, UVL confirmó, con fuentes policiales y familiares de esa población reclusa, que durante el primer mes la comisión de la revolución judicial visitó ese CDP, otorgó libertades y cupos de traslados a cárceles, entre ellas, el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.
No obstante, al Eje de Homicidios del Cicpc El Llanito, donde hay casi 200 detenidos, según la data de UVL correspondiente a junio de 2021, y un brote de tuberculosis, según denuncias de familiares, aún no ha llegado la Comisión de la Revolución Judicial.
Una Ventana a la Libertad también tuvo acceso a la data oficial de los centros de detención preventiva de la Guardia Nacional Bolivariana. Los registros muestran un total de 37 egresos.
En el parte interno de la Guardia Nacional se detalla que el 6 de julio 11 privados de libertad recibieron medidas cautelares y a cinco se les ordenó el traslado a centros penitenciarios, mientras que el 7 de julio se otorgaron siete libertades, ocho cautelares y seis traslados.
Del 8 al 12 de julio, fecha del reporte, no se registraron procesos para los privados de libertad de la capital detenidos en las dependencias de la GNB.
Avance de la comisión
De acuerdo con las cifras oficiales a las que ha accedido Una Ventana a la Libertad, un total de 205 privados de libertad recibieron traslados, medidas cautelares o libertades, lo que indica que al menos el 6,63% de la población que se encuentra detenida en los calabozos policiales de Caracas, fue atendida por esta comisión presidencial, considerando que en los 26 Centros de Detención Preventiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad en Caracas, en junio de 2021, hay un aproximado de 3089 en un espacio con capacidad para albergar a 999 detenidos por un tiempo no mayor a 48 horas.
Familiares de la población detenida en los calabozos policiales monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas, incluyendo las sedes de las policías municipales, siguen esperando que las autoridades hagan presencia en los centros de detención preventiva y ven con preocupación la lentitud con la que se está desarrollando la reciente comisión que prometió grandes logros en el sistema judicial a corto plazo.
Sin embargo, denunciaron que los detenidos de estos centros que se encuentran en proceso de juicio y con retardo procesal no han sido tomados en cuenta. Una de las fuentes consultadas, que prefiere mantenerse en el anonimato y quien tiene a su familiar detenido desde hace 3 años y 9 meses en la División Contra Secuestro del Cicpc El Hatillo, aseguró que hasta el momento espera la apertura de juicio. La mujer dice que solo le queda confiar en Dios porque ya perdió toda esperanza en el sistema de justicia venezolano.
¿Quiénes integran la comisión?
Los miembros de la Comisión de la Revolución Judicial que atiende a la población penitenciaria detenida en calabozos de Caracas hace parte de un equipo judicial que fue nombrado para atender el retardo procesal en el centro del país.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jesús Jiménez, encabeza la comisión judicial que se encargará de hacerle frente al retardo procesal en la región central del país, que comprende Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.
Jiménez estará acompañado en la región central por el abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Alejandro Andrés Chirimelli Zambrano, quien ha estado al frente de los circuitos judiciales de los estados Falcón (2019) y más recientemente de Carabobo (enero 2021), y el abogado Cándido Ramón Ramírez, quien fue jefe de despacho de coordinación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) entre octubre de 2011 y noviembre de 2016.
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