Equipo de Investigación UVL Táchira
María de Ramírez tiene ocho meses yendo todos los días a la Policía del Táchira a llevarle comida a su hijo quien está detenido por posesión de droga. Tiene la ventaja de que vive en la zona y su otro hijo la lleva en moto. El aislamiento no la ha limitado para llevar los alimentos que implican almuerzo y cena.
Pese a que el comedor de Politáchira funciona y atiende a presos y funcionarios policiales, María no deja de preparar «la comidita» para su muchacho de 22 años.
Asegura que con la cuarentena las cosas se complicaron porque no ha podido ir a Cúcuta a cobrar el dinero –remesa- que le enviaba su hija quien reside en Perú, y su otro hijo se quedó sin trabajo pero al tener una motocicleta, comenzó a hacer «mandados y como tienen muchos clientes y cobra en pesitos, la situación cambió», cuenta la mujer.
El estado Táchira fue uno de los primeros estados donde se implementó el aislamiento social. Al 11 de junio del año en curso, se cumplen 88 días de haber cambiado la rutina de forma radical para las personas. Paralelo a eso se cerraron las fonteras internas y también la movilización entre municipios se ha limitado. Fue por eso que María comenzó a ayudar a otras personas.
En los alrededores del comando policial, hay personas que preparan alimentos para los privados de libertad. El menú cuesta entre cinco mil y 10 mil pesos colombianos lo que equivaldría a 1, 47 y 2, 94 dólares aproximadamente. De esta manera, la mujer puso en contacto a estas familias con quienes podían preparar y llevar la alimentación a los presos.»Una señora es de Maracaibo y otra de Barinas. Ellas le envían el dinero a la gente aquí y ellos saben qué cocinar para que no haya problemas», explica.
Los problemas a los que se refiere María, son las bebidas no permitidas, por ejemplo, los refrescos de color oscuro, rojo o amarillo. Solo permiten bebidas de color blanco. Tampoco pueden ingresar bebidas naturales que posteriormente se fermentan. «Usted sabe, eso se convierte luego como en miche», explica. El menú puede consistir en arroz, guineo (cambur verde) o yuca y lo acompañan con costilla guisada, carne molida, lentejas y otros granos.
Pese a la cuarentena, la gente de San Cristóbal, Cárdenas y Torbes, municipios metropolitanos siguen acudiendo a los Centros de Detención Preventiva. Todos con tapaboca entregan la alimentación previa limpieza de manos. La mayoría va en «cola» porque el transporte público no ha funcionado en un ciento por ciento.
Hay un acuerdo tácito entre los familiares que si alguien tiene resfriado o gripe, no irá al centro policial porque puede poner en riesgo a todos los demás incluyendo policías y detenidos.
La preocupación de María no solo está basada en su hijo detenido sino también en que debe pagarle un millón de pesos colombianos -294 dólares aproximadamente- al abogado y dice no tenerlos. Aunque los tribunales están cerrados, al abogado se le debe cancelar parte de sus honorarios y las consecuencias del coronavirus, los afectó -aún más- económicamente.
Imágen Cortesía. Foto Referencial
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