El abogado Richard Dávila, directivo de la coordinadora de Defensores de Litigio Penal en la región, admite que no es posible conocer con exactitud el número de privados de libertad que están en la calle, porque desde el Circuito Judicial todo se maneja como un secreto de Estado
Equipo de investigación
Barinas.– Alrededor de 400 privados de libertad en Barinas han salido de los diferentes centros de reclusión del estado, de acuerdo a cifras que contabiliza la coordinadora de Defensores de Litigio Penal en la región, según lo informó el abogado Richard Dávila, directivo de dicha organización.
El profesional del derecho explica que el presidente del Circuito Judicial de Barinas, “maneja eso en términos muy discretos”, para referirse a las cifras exactas de los beneficiados, no obstante, reconoce que hace 15 días informó que de acuerdo a la información publicada en el portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se habían liberado a 309 detenidos.
A ese número de beneficiados, la coordinadora agrega otros 80 privados a quienes se les ha otorgado la salida de sus centros de reclusión preventiva que incluye a presos que están en tribunales de control, los que permanecen bajo persecución penal en los tribunales de juicio y los que en ejecución de condena, que son los tribunales de ejecución.
Dávila y el equipo de la coordinadora consideran que se trata de una libertad exprés, toda vez que se trata de un listado que elaboró la Presidencia, de un examen que resultó de las cuentas rendidas por los tribunales y cada una de sus niveles, mediante el cual reflejaban personas que ya habían cumplido sus condenas o diferimiento de audiencias que revelaban que las personas habían permanecido presas sin siquiera haberles celebrado su audiencia, todo un conjunto de factores que llevan a lo que se conoce como retardo procesal.
El abogado desconoce si lo sucedido con los privados de libertad es una política trazada por el TSJ o el decreto de emergencia judicial, pero Luis Cárdenas, el presidente del Circuito Judicial, ha utilizado eso como una acción de carácter propagandístico para proyectar que él está atacando el retardo procesal, que está resolviendo y que se están resolviendo las cosas.
Agregó Dávila que la coordinadora de Defensores de Litigio Penal en Barinas organiza una actividad pública para exigir la presencia de la comisión judicial y solicitar la remoción de Cárdenas, “porque el signo de su gestión ha sido el abuso, la arbitrariedad, el retardo procesal, las irregularidades, la corruptela, el atropello, destituciones arbitrarias y algunos abusos denunciados por exfuncionarias y exjueces que han sido removidas y luego han revelado que han sido víctimas de acoso”, puntualizó
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