Centros de Detención Preventiva en pos de un futuro ideal

Los inicios siempre nos brindan una perspectiva más beneficiosa de las cosas, por ello vamos a hacer un ejercicio de positividad para vislumbrar las mejoras que se deberían aplicar a los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela durante el 2023 para disminuir o atenuar sus fallas;  en base a las propuestas de avanzada, que se han gestado sobre este tema a nivel mundial.

Equipo UVL

El problema de la detención no deja de crecer. En el más reciente estudio el Institute for Crime and Justice Policy Research, de Octubre de 2021, se puede apreciar que el número de personas que están recluidas en instituciones penitenciarias en todo el mundo, ya sea en prisión preventiva o tras haber sido declarados culpables y condenados llegó a 10,77 millones.

En un lapso de 12 años la población reclusa en nuestra región ha aumentado su tamaño un 120% mientras en el resto del mundo lo hizo en un tímido 24%.^[1] El crecimiento alarmante de la población carcelaria ha colapsado los sistemas penitenciarios y está poniendo en riesgo la reinserción social de los internos.

Estamos frente a una cifra increíble de excluidos, de los cuales un alto porcentaje aguarda por recibir sentencia mientras espera en un CDP; lo que repercute negativamente no solo en los detenidos y sus derechos fundamentales, sino también en sus familias, las comunidades e incluso en el sistema de Justicia que ya no encuentra como enfrentarse al monstruo que ha creado.

Contrarrestar los impactos de le detención preventiva

Un proceso que debería ser corto y muy expedito, se ha convertido, con el tiempo, en un cuello de botella en el cumplimiento del debido proceso. Los CDP lejos de beneficiar han logrado impactar, de forma continua, en tres aspectos puntuales:

1. Las arcas del Estado. A pesar que en Venezuela los gastos de alimentación y manutención corren por cuenta del recluso o sus familiares, mantener decenas de Centros de Detención generan unos costes indirectos que con el tiempo algún ente debe cubrir, y más cuando se producen enfrentamientos, enfermedades y caos en los servicios fundamentales.
2. El aparato de justicia. Las fallas de organización  han devenido en espacios hacinados, con problemas sanitarios, de violencia y descontrol  que han  acentuado la percepción negativa ante el sistema judicial venezolano.
3. El privado de libertad. Los detenidos de forma preventiva se han convertido en una población vulnerable, porque se encuentran en un limbo legal que acentúa sus problemas físicos y psicológicos; además que dificulta la preparación adecuada de la defensa, porque a pesar que cuentan con la presunción de inocencia se mantienen detenidos por largo tiempo a espera de un juicio.

Ante este panorama reflexionamos entorno a la aplicación de una serie de medidas que intenten minimizar las secuelas de una detención preventiva prolongada. Por supuesto que estas sugerencias son propuestas que pueden resultar inverosímiles para la mayoría, pero que podrían beneficiar a la sociedad a través de un cambio en la penalización del delito^[2]. Un estudio de fines de los años 90 en el Estado de California calculó que por cada millón de dólares invertido en endurecimiento de penas se lograba evitar 50 crímenes serios; mientras que ese mismo millón invertido en capacitación de crianza de niños para padres triplicaba el retorno (150 crímenes evitados) y si se invertía en incentivos a los jóvenes a terminar la escuela secundaria se quintuplicaba (250 crímenes).

Las soluciones que se plantean son en grande, como los sueños; por eso vamos a ahondar sin atisbo de duda en tres aspectos:

1. El perfil integral del detenido.
2. La interconexión vinculada a una Inteligencia Artificial para los CDP.
3. La creación de espacios que dignifiquen al privado de libertad.

Por un perfil integral

El acto de detención se debe convertir en una fuente de información y no en un proceso de exclusión, sólo de esta forma lograremos que las personas recluidas^[3] puedan contar con un juicio justo y expedito. Para ello las 48 horas, que estipula la ley venezolana, deben transformarse en una carrera por obtener un perfil integral del detenido a nivel médico, psicológico y personal. Podemos tomar como ejemplo el servicio PSA-Court^[4]  que investiga y ofrece información sobre los acusados recientemente arrestados. PSA ofrece datos verificados sobre cada acusado para asistir al juez o a una Inteligencia Artificial Legal, los cuales se obtienen a partir de sus redes sociales, entrevistas, investigación de antecedentes de acusados con transgresiones penales federales, penales, de tráfico y otras infracciones en un lapso no mayor a las 48 horas. Toda la información es documentada y ofrecen recomendaciones sobre las opciones de libertad condicional que mejor se adaptan al perfil de detenido. En nuestro país los CDP deberán contar con el personal para realizar estas laboras o subcontratar los servicios de un tercero.

El uso del perfil del detenido vinculado a la Orden Judicial y al expediente que tiene el fiscal permitiría clasificar y evaluar, en el lapso legal, al privado de libertad en torno a los medios más expeditos y menos restrictivos que aseguren su asistencia a juicio.

Interconexión con una Inteligencia Artificial legal

Según datos de Latinobarómetro son pocos los detenidos que logran llegar a tribunales y obtener una sentencia. El 44% de los presos en América Latina están en prisión preventiva a la espera de juicio, por lo que si la tasa de encarcelamiento continúa su actual ritmo de crecimiento, para 2030 el costo de su manutención, en todo el Continente Americano, podría rondar los $13 millardos de dólares^[5].

En nuestro país el retardo procesal lleva años colmando los CDP y a pesar de las medidas que aplica el Ejecutivo a través de el Poder Judicial no se han logrado avances.  Venezuela, al igual que el resto de los países de la región necesita que “la cárcel y las sentencias más severas se reserven para los criminales más peligrosos, y que existan sanciones alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y los delitos de bajo impacto (por ejemplo, para delitos no violentos cometidos por personas adictas a drogas y perfil de riesgo delictivo bajo)”^[6].

En vista de la lentitud del debido proceso es necesario aplicar a mediano plazo (mediante la interconectividad del sistema judicial de la Orden Judicial, el Perfil Integral del detenido y el Expediente) un sistema de Inteligencia Artificial legal (IA)^[7], para lograr evaluaciones del perfil del privado de libertad y determinar su liberación, aplicación de medidas de libertad condicional o su detención preventiva.

Plantear el uso de una IA legal para poder representar los procesos para dictar una sentencia, puede sonar a ciencia ficción; pero cuando vemos los resultado que se han obtenido en esta materia en Colombia con el sietma Pretoria, Argentina con Prometea y Brasil con Synapses nos damos cuenta que es la opción más viable. Sus resultados son más que intersantes:

• Prometea  cuenta con una tasa de acierto del 96% y predice la solución a un caso judicial en 20 segundos. En la dinámica de la Administración bonaerense, esto supone la elaboración de un millar de dictámenes jurídicos en el área de vivienda en 45 días, lo que por un procedimiento normal hubiera significado más de 200 días de trabajo.
• En la Corte Constitucional de Colombia, Pretoria ha conseguido una reducción del tiempo destinado a la selección de casos urgentes de 96 días a tan solo dos minutos. Siempre con supervisión humana, el sistema determina el rango de prioridad de cada expediente, generando hasta 14 de los documentos necesarios en 16 minutos, lo que llevaría más de 4 horas a un funcionario experimentado.
• El Tribunal de Justicia de Rondônia lidera el ranking con 21 proyectos de IA. Una de las iniciativas desarrolladas es Sinapses, que trabaja en la automatización de documentos, la previsión, sugerencia o detección de casos prioritarios y en la interoperabilidad de datos entre distintas organizaciones ha logrado reducir el tiempo en los procesos judiciales entre 25% y 50%.

 Venezuela fue uno de los primeros países en aplicar tecnología digital para las votaciones, por eso no sería descabellado iniciar la aplicación de un proyecto de IA legal que nos brinde una solución de avanzada para  reducir los tiempos que se necesitan para tomar decisiones asertivas en torno a la privativa de libertad y disminuir así el retardo procesal.

Dignificar los espacios

Para aquellos reclusos que no gocen de medidas sustitutivas hay que eliminar el castigo que implica apresar a un detenido en las pequeñas, hacinadas, sucias, faltas de ventilación, oscuras e inhumanas celdas en que se encuentran los espacios carcelarios y los CDP de Venezuela. Los recintos existentes parecen más depósitos para ocultar que edificaciones creadas para albergar y propiciar un entorno humanizado que propicie la reinserción social.

Desde 1988 hasta 1996 no se construyeron nuevas prisiones y fue a finales de ese año que se abrieron nuevos centros, como anexos de otras prisiones ya existentes^[8]. Sobre los CDP no se tiene información de la última que se construyó o modificó; lo que hace imperioso que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y llame a concurso a los arquitectos nacionales para diseñar los nuevos centros de reclusión preventiva del futuro: con celdas que respeten la ventilación, la iluminación y el espacio vital sin obviar los servicios esenciales y todas las actividades y procesos que ocurren en esos recintos. Repensar la detención en un espacio para dignificar los valores y principios sociales.

Un claro ejemplo de lo que se puede lograr se puede apreciar en los centros de detención de alto nivel^[9] que se han construido en Europa bajo el principio de la normalidad, de forma que el detenido pueda pasar de forma gradual a su reinserción social. Son edificaciones modernas, que siguen cumpliendo su función perfectamente y  en las que los reclusos gozan de espacios limpios, cómodos y minimalistas con ventanas y áreas comunes para recibir las visitas de sus familiares y amigos.

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