Centros de detención preventiva en Guarenas, Guatire y Barlovento no reportan casos diagnosticados de VIH

Foto: UVL Leyenda: En mayo de 2020, la medicatura forense del Cicpc realizó evaluación de salud a siete privados de libertad con tuberculosis en Polizamora.

En estos calabozos policiales la enfermedad que más causa preocupación es la tuberculosis, infección bacteriana grave que ataca a los pulmones y afecta a otros órganos vitales

Lidk Rodelo / UVL Guatire-Guarenas-Barlovento.-

Al menos hasta el 31 de julio de 2020, en los diez Centros de Detención Preventiva (CDP) monitoreados por Una Ventana a la Libertad (UVL), en las regiones Guarenas-Guatire (en la periferia al este de Caracas) y Barlovento (en el extremo este del estado Miranda), no se han reportado casos oficialmente diagnosticados de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Estos diez CDP totalizan 683 privados de libertad, de los cuales 622 son hombres y 61 son mujeres. De ese total, 26 son menores de 18 años de edad, lo que representa una incidencia delictiva de 3,8% en adolescentes, entre ambas regiones mirandinas.

En Guarenas se encuentran ubicados cuatro de estos calabozos policiales: la Policía Municipal de Plaza, el Centro de Coordinación Policial número 6 de la Policía del estado Miranda (Guarenas-Guatire, con sede en Guarenas), la Delegación Municipal Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Eje de Homicidios de este mismo cuerpo policial.

En Guatire se ubica un solo CDP, el de la Policía Municipal de Zamora. En esta jurisdicción se encuentra el centro de coordinación policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde no se admiten detenciones, por falta de espacio. Los detenidos por la PNB en este eje, son recluidos en el recinto de la PNB La Yaguara, en Caracas.

Mientras que en el eje Barlovento, UVL monitorea cinco CDP, el primero es la Policía Municipal de Pedro Gual (Poligual, en la población de Cúpira) y los otros cuatro ubicados en el municipio Brión: la Delegación Municipal Higuerote del Cicpc, el Eje de Homicidios del Cicpc, la Policía Municipal de Brión y el Destacamento 444 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Higuerote.

Si bien es cierto que en estos lugares no se conocen oficialmente casos reportados de VIH, es importante señalar que se han detectado otras enfermedades graves que requieren de evaluación médica y tratamiento farmacológico constante y, en caso de no tenerlo, podría llevar a la muerte.

La tuberculosis pulmonar es la patología que causa más preocupación entre la población privada de libertad, así como en sus familiares. La enfermedad comienza a aparecer con mayor frecuencia en estos calabozos.

Para el mes de mayo, cuando UVL comenzó a monitorear estos recintos con mayor énfasis en la salud, en sustitución de las jornadas médicas presenciales debido a la pandemia, se reportaron 12 casos de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, para este mes de agosto, la cifra se incrementó a 15 casos de tuberculosis. Todos tienen algo en común: son hombres jóvenes de entre 22 y 31 años de edad.

En Polizamora la cifra se mantiene en 7 privados de libertad, pero en Poliplaza los casos se elevaron a 7; mientras que en la Delegación Guarenas del Cicpc se detectó un caso. Todos los casos han sido diagnosticados por el personal calificado de la medicatura forense del Cicpc.

Hasta enero de este año, Polizamora tenía diagnosticados cinco privados de libertad con tuberculosis. Gracias a una jornada médica organizada por Una Ventana a la Libertad conjuntamente con el Grupo Once Trece fueron diagnosticados dos casos adicionales, con lo cual la cifra se mantiene en siete. Esos pacientes fueron evaluados por el infectólogo Mario Comegna y su equipo médico y constataron, junto a UVL que todos estaban recibiendo tratamiento médico y se encontraban en condición estable, en aquel momento.

Es importante acotar que los 12 casos totales de tuberculosis diagnosticados con anterioridad, presentan complicaciones por falta de tratamiento farmacológico. Los medicamentos para tratar la tuberculosis pulmonar son suministrados por el Estado a través de las dependencias de Sanidad del Ministerio para la Salud.

Desde que se dio inicio a la cuarentena por la pandemia del coronavirus, familiares de los privados de libertad afectados por esta enfermedad han denunciado en reiteradas oportunidades que no se les administran con regularidad los antibióticos porque, según les informan, “no se consiguen”.

Atención médica
En cuanto a la atención médica, UVL pudo constatar que de los diez CDP monitoreados, cinco de ellos cuentan con un área destinada a la atención primaria para los privados de libertad. Se trata de los Centros de Coordinación Policial que dependen de la alcaldía del municipio en el que se encuentra, o en el caso de Polimiranda, que depende de la Gobernación de la entidad.

En tal sentido, personal de la salud, como enfermeras auxiliares o paramédicos de Protección Civil, adscritos a la alcaldía o gobernación, están asignados a esas dependencias para brindar sus servicios, en caso de ser requeridos.

En contraparte, los cuatro CDP que forman parte de la policía científica, así como el recinto de la Guardia Nacional Bolivariana que es dependencia del Ministerio para la Defensa, están desprovistos de personal de salud dispuesto a atender a los privados de libertad, en caso de ser necesario.

En todos los CDP, civiles o militares, solo se cuenta con las patrullas policiales o las unidades de la GNB para el traslado de los privados de libertad a un hospital o Centro de Diagnóstico Integral (CDI: ambulatorios del programa de salud gubernamental Barrio Adentro), en caso de alguna complicación que requiera ser atendido por presentar un problema de salud.

Los familiares son los encargados de hacer las diligencias para la ubicación del tratamiento médico y también han gestionado ante la fiscalía décima del Ministerio Público en el estado Miranda, con sede en Guarenas, con competencia en Derechos Humanos, medidas humanitarias para los afectados en los tribunales, sin embargo, aún no han obtenido respuestas a sus peticiones.

Los familiares reiteradamente piden a través de medios de comunicación que los tribunales que siguen las diferentes causas evalúen las condiciones de los privados de libertad con tuberculosis y se pronuncien en favor de una medida humanitaria que les permita ofrecer una mejor atención desde sus casas o en un centro asistencial, y recuperar su calidad de vida.

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