Angélica Lugo, UVL / Caracas
Las esposas y madres de los internos que están detenidos en calabozos policiales ubicados en Caracas manifestaron no verse beneficiadas con la medida de flexibilización de la cuarentena del 5 + 10 anunciada por Nicolás Maduro. Su principal preocupación sigue intacta desde el día uno del confinamiento: el retardo procesal y la inactividad en los tribunales.
Representantes del Comité de familiares de la población reclusa detenida en la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, reiteraron que, además de preocuparles que ya tienen dos meses y medio sin ver a sus parientes, muchos de ellos tienen problemas de salud. La mayoría de estas mujeres teme por el brote de tuberculosis que, aseguran, hay en ese centro de detención preventiva.
Una de las mujeres aseguró a Una Ventana a la Libertad que durante el confinamiento se han agudizado las irregularidades en ese calabozo: los policías les cobran más dinero por permitir el ingreso de alimentos y, además, les cobran en dólares por la visita exprés y la conyugal, pese a que en estos espacios fueron suspendidas las visitas para evitar la propagación del Covid-19. “A mi hijo, que es uno de los más nuevos en este calabozo, le están cobrando 100 dólares para trasladarlo de celda, pues como es nuevo, está pagando la novatada con los presos más antiguos de esa celda”, manifestó.
Los familiares de la población reclusa temen que persista el retardo procesal en el contexto de pandemia en el país. Hay calabozos, como por ejemplo el de la Policía Municipal de El Hatillo, en los que hay reclusos que ya tienen condena y no han sido trasladados a centros penitenciarios. En este CDP el recluso más antiguo tiene tres años y cinco meses detenido allí. El privado de libertad ya cumplió más de la mitad de su condena en prisión preventiva pues fue condenado a cinco años y ocho meses.
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