Angélica Lugo, UVL / Caracas
En 71 días, que ya suma la cuarentena en Venezuela para evitar la propagación del Covid-19, las madres y esposas de la población reclusa han hecho peripecias para movilizarse desde sus hogares hasta la sede de la Policía Nacional de Boleíta para llevarles alimentos a sus parientes. Pero durante el confinamiento han tenido que hacer una diligencia adicional: buscarles agua.
La falla en el servicio de agua en el país también se ha agudizado en ese calabozo policial, por lo que las mujeres deben ingeniárselas para llevarles el líquido a sus familiares para que se hidraten y aseen. Quienes no tiene cómo trasladarse en transporte público con agua deben pagar para garantizarles el insumo a sus familiares.
La madre de uno de los internos, que vive en el estado Vargas, dijo a Una Ventana a la Libertad que por cada botella de cinco litros de agua debe pagar entre 5 y 10 mil litros de agua: “En la Zona 7 no le están dando agua a los privados de libertad y a los familiares se nos hace muy difícil llevarles el agua. Pedimos apoyo a las autoridades competentes para que atiendan a esa población vulnerable”, manifestó la mujer.
Como a la mayoría de los parientes de la población reclusa, los familiares de los detenidos en la PNB de Boleíta, también conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, les preocupa el retardo procesal que también se ha agudizado durante el distanciamiento social.
Aunque las visitas fueron suspendidas en la mayoría de los calabozos policiales, en la PNB de Boleíta los funcionarios han habilitados visitas “exprés” y conyugales durante la cuarentena. Sin embargo, no todas las familias pueden costear este gasto adicional que es cobrado en divisas: “Yo no tengo dólares para pagar por esas visitas, por eso no he podido ver a mi hijo desde hace casi tres meses”, dijo la mujer.
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