Carabobo: Revolución de Justicia otorga beneficios pero no revela estadísticas

Foto: Rubén Bolívar Idrogo

La comisión instalada se mantiene hermética en notificar los alcances y las medidas que se han tomado hasta el momento

Rubén Bolívar Idrogo / UVAL Carabobo

Desde que fue instalada la Comisión de la Revolución Judicial en el estado Carabobo ha otorgado beneficios a un gran número de privados de libertad, pero ha mantenido hermetismo en cuanto a revelar las estadísticas o cantidad de reclusos que han recibido la libertad plena o bajo medidas cautelares.

De manera extraoficial, pero sin aportar números, la Comisión Especial  para la Revolución del Sistema de Justicia en esta región han enviado a la calle a centenares de privados de libertad de varios centros de detención preventiva (CDP) entre estos policías municipales y la estadal; del Complejo Penitenciario Carabobo o penal de Tocuyito, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); anexo femenino, Policía nacional Bolivariana  y del Centro de Formación el Nuevo Hombre “El Libertador”.

De acuerdo a la fuente, de la Policía de Carabobo han recibido beneficio  448 privados de libertad. Esta cifra es tomando en cuenta a todos los Centros de Coordinación Policial (CCP), lo que se conocía como Comisarías o Estaciones Policiales ubicadas en los 14 municipios que conforman al estado Carabobo.

En la Subdelegación Valencia (Plaza de Toros) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde hay una población de unos 200 presos, según data de Una Ventana a la Libertad (UVL) hasta esta fecha han dejado en libertad a 17. De la Subdelegación Las Acacias que también tiene en resguardo alrededor de 200 detenidos monitoreados por UVL hasta junio de 2021, no se ha podido obtener información sobre la cantidad de detenidos que han recibido beneficio de libertad.

Mientras que del Centro de Formación Nuevo Hombre “El Libertador”, que tiene en sus instalaciones unos 1.200 reclusos, según la data de UVL hasta junio de 2021, han liberado alrededor de 120 privados de libertad.

En cuanto al Complejo Penitenciario Carabobo o penal de Tocuyito, donde hay unos 5.000 encarcelados, se supo a través de sus familiares, que desde que comenzó esta “gran cayapa” han ido dejando a 30 reclusos por día, lo que sumaría de manera extraoficial unos 510 reclusos con beneficio de libertad, pero esta información tampoco se ha podido conformar con los responsables de la Comisión de la Revolución Judicial.

Por otra parte, en la Policía Municipal de Guacara, centro de detención preventiva con aproximadamente 175 presos, según la data de UVL, entre hombres y mujeres, han salido en libertad 17 hombres. De acuerdo a la fuente extraoficial,  hasta la fecha ninguna de las mujeres recluidas en este Centro de Coordinación Policial municipal, ha obtenido el beneficio de libertad.

Cabe señalar, que la Comisión en el estado Carabobo está coordinada por el diputado Manuel Hernández, acompañado de sus colegas de la Asamblea Nacional Ginkellys Gutiérrez, Yanis Agüero y Alejandro Natera; además de representantes del Poder Judicial, Defensoría Pública, el Ministerio del Servicio Penitenciario y comandantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Foto: Cortesía Notitarde. Abogado Alfonzo Granadillo (izquierda), vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo y Abog. Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados Carabobo

Por su parte, José Ávila, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del estado Carabobo, es el enlace  de la Comisión presidencial y como tal es el vocero regional, pero luego de un boletín de prensa y una entrevista con el medio local, no ha aportado más información sobre los resultados de la Comisión de la Revolución Judicial en esta región carabobeña. Ávila sostuvo, en su debido momento, que están haciendo abordajes integrales en todos los CDP y en los penales ubicados en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador.

“60 días son muy pocos”

El presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo, Nelson Riedi, sostuvo que una población carcelaria tan alta no se puede acabar en 60 días porque aquí hay mucha tela por cortar.

Como gremio se abriga la esperanza y se espera que la propuesta funcione, pero lo que está mal, a su criterio, es que ni la federación de abogados, ni las universidades y ni la iglesia fueron llamados, no fueron tomados en cuenta para integrar la  Comisión de la Revolución Judicial, dijo al medio regional Notitarde.

Recordando el Plan Cayapa puesto en práctica por María Iris Varela, quien fue ministra de Asuntos Penitenciarios,  y que tenía propósitos similares a esta petición del presidente Maduro, tienen muchos inconvenientes porque estas situaciones traen como consecuencia que trastocan el ejercicio de la profesión y el ejercicio libre del abogado, es decir, no se les permite en su momento a los representados estar con su abogado defensor como lo establece la ley. Además, muchos que trabajaron por esas causas perdieron su tiempo y honorarios.

Mientras que el abogado Alfonzo Granadillo, vicepresidente del gremio de abogados, en conversación con el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVAL), expresó su desacuerdo a cómo se está llevando la información sobre este proceso para agilizar la causa o para darle beneficio a los privados de libertad. Sostiene que hay mucho hermetismo en cuanto al desarrollo y resultado de la misma.

En cuanto al tema del hacinamiento dijo, que desde hace varios años comenzaron a dejar a los privados de libertad en los centros de detención preventiva, que antes en conformidad con el COPP, eran sitios donde los ciudadanos infractores permanecían retenidos las primeras 24 horas; a las 48 horas eran llevados al Ministerio Público para luego ser movilizados al Tribunal de Control. A través del tiempo esto fue cambiando lo que conllevo al hacinamiento y retardo procesal.

Improvisación

Para la abogada penalista Lyli López, esta “Revolución Judicial”, en forma general, es un plan improvisado que realmente no va a resolver el problema de fondo. Simplemente es un “plan cayapa de 60 días continuos” que ya se tiene tiempo conociendo, con la diferencia que otras instituciones fueron incluidas.

Para López, lo único que está produciendo son libertades, algunas justas y otras injustas, pero que solamente está arrojando una gran cantidad de libertades sin control.

Por otra parte sostuvo, que se está aplicando un método muy empírico sin fundamento científico que refleja que no hay una política criminal estudiada; lo que terminará en el plan sin resultados y sin depurar el sistema de justicia.

También agregó, que no hay criterio uniforme en cuanto a los tipos de delitos que deben tener beneficios en referencia a los procesados. Además, tampoco hay uniformidad en cuanto a las decisiones que se vienen tomando en conjunto todos los entes que conforman la comisión.

“Una total burla”

Por su parte, la Comisión Promotora para la Declaratoria de Emergencia Nacional Judicial Penal que conforma un grupo de abogados penalistas, considera que  la Comisión de la Revolución Judicial es “una total burla” para el gremio, porque lo que ha hecho es perjudicarlos, puesto que en ningún momento se tomó en cuenta el trabajo realizado por ellos como abogados defensores.

Con esta “Revolución Judicial”  perdieron todo el trabajo, cómo evacuar y promover pruebas ante los tribunales, así como ante el Ministerio Público. De nada sirvió el esfuerzo por conseguir fechas y contestación de acusaciones. También recuerdan, que por normativa toda persona debe recibir su proceso en libertad tal como lo contempla la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

“Lo positivo”

Para el profesional del derecho Jorge Luis Davalillo, la Comisión Especial  para la Revolución del Sistema de Justicia es positiva porque con su aplicación se están descongestionando los tribunales de Control y de Ejecución, y además, se están disminuyendo el hacinamiento en los centros de detención preventiva (CDP) y el retardo procesal.

Davalillo sostuvo, que con la libertad dada a los privados de libertad por delitos menores y a los que asumieron los hechos,  descongestiona tanto al Tribunal de Control como al Tribunal de Juicio, y en consecuencia también los calabozos de los Centros de Coordinación Policial de los entes de seguridad, tanto civil como militar.

“A menor casos, más ligereza habrá en las causas de los privados de libertad que no obtengan beneficios como son los que estén por homicidio, violación y narcotráfico”.

Davalillo también recordó, que hay reclusos que tienen tres, cuatro y hasta cinco años que no les han hecho la audiencia preliminar. “Muchos de estos están presos por delitos menores y algunos hasta son inocentes. Seguramente recibirán un beneficio”.

Otra de las cosas que queda entre dicho, es el trabajo de los jueces carabobeños. “Eso de que vengan otros, como es el caso de esta Comisión de la Revolución Judicial, a hacerles sus trabajos, no se ve bien ante la opinión pública”.

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