Rubén Bolívar Idrogo | UVL Carabobo
Valencia.- Unos 33 privados de libertad del calabozo 1 de la Delegación Municipal Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), norte de Valencia, protestaron a eso de las 6:30 de la mañana del jueves 3 de marzo por la presunta violación de sus derechos humanos.
Ante el incendio de algunas de sus pertenencias como medida de reclamo para que les respeten sus derechos, las autoridades activaron los protocolos de seguridad. Al lugar hicieron acto de presencia Bomberos de Valencia y Carabobo; comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Carabobo (Policarabobo) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La situación fue controlada en poco tiempo, pero los funcionarios de los diferentes entes de seguridad del Estado, como PNB, Sebin, Policarabobo y del mismo Cicpc, bloquearon todas las vías que dan acceso a la sede de la policía judicial y no permitieron el paso de los familiares de los privados de libertad.
Abusos y maltratos
De acuerdo a los familiares, los presos rechazan la forma en cómo son tratados por algunos funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias. El reclamo de los presos es por el “continuo atropello de los custodios y esto no es de ahorita, ya tiene varios meses”, reveló el padre de uno de los presos.
“En cada requisa que hacen les queman colchonetas, ropa, hamacas o les botan las medicinas y los artículos de aseo personal. No les permiten entrar jabón para bañarse, la comida que todos los días les llevan sus familiares se las entregan después de la 1:00 p.m., y manoseada. El agua se debe llevar en bolsas porque no permiten botellas de plástico”.
“Esta conducta irracional de los funcionarios nos acarrea más gastos y deudas porque nuevamente tenemos que comprarles todo otra vez”, sostuvo una madre.
También aprovecharon el momento para denunciar que en algunas oportunidades hay que pagar una “vacuna” para poder llevarlos al Palacio de Justicia cuando tienen audiencia. Les piden para la gasolina, que “colaboren” con dos, cinco o 10 dólares.
Retardo procesal y esperando traslado
Con la protesta de este jueves de los privados de libertad, sale a relucir nuevamente lo relacionado con el retardo procesal, hacinamiento y los traslados a centros penitenciarios o a sus ciudades de origen.
La abogada Lyli López, quien estuvo como activista de DDHH representando a varios de los presos que participaron en el motín, sostuvo que pudo entrevistarlos y así conocer cada caso.
La mayoría tiene retardo procesal, mientras que cuatro están ya leídos y procesados, pero están esperando traslado.
López dijo que también pudo constatar que hay unos adolescentes que van a ser llevados a un centro apto para menores. Asimismo añadió, que varios funcionarios policiales deben ser trasladados a sus respectivos comandos, y que hay cuatro detenidos, dos de Mérida y dos de Puerto La Cruz, que necesitan ser enviados a sus respectivos estados para que puedan recibir el apoyo de sus familiares.
La profesional del derecho afirmó que estuvo presente el fiscal 14 Eduardo Aguirre, con quien levantó los informes de los privados de libertad.
“Hay un total de 99 detenidos ahí y 12 femeninas. Las entrevisté a todas ellas y están en salud estable. Sólo una sola señora está recibiendo un tratamiento porque tiene problemas de la tensión”.
En situaciones generales en estos sistemas carcelarios o centros de detención preventiva se da el caso en que algunos no han sido llamados para las audiencias por lo que se constata el retardo procesal que conlleva al hacinamiento, recalcó la abogada.
Cabe destacar, de acuerdo a una fuente extraoficial, después de las 11:00 de la mañana cuando todo estaba completamente controlado, las autoridades de la Delegación Municipal Las Acacias se comprometieron en agilizar los traslados a tribunales y también a darle un mejor trato a los privados de libertad.
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