Rubén Bolívar Idrogo | UVL
Valencia.- Fue presentado un escrito con nuevas pruebas complementarias ante el Tribunal de Juicio 5, a cargo del doctor Rafael Sánchez Moreno, de los 69 muertos (67 presos y dos visitas) en los calabozos de la Policía de Carabobo.
La información la dio la abogada Lyli López mediante una entrevista concedida a la periodista Tibisay Romero de la emisora Unión Radio, filial Carabobo.
En respuesta a una pregunta de la comunicadora social, López respondió que el escrito fue llevado hasta el Palacio de Justicia en horas de la mañana del lunes 28 de marzo, cuando se cumplía cuatro años de haber ocurrido el lamentable hecho donde perdieron la vida 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en el sitio.
López, quien es representante del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, explicó que la audiencia de apertura de juicio diferida para el próximo 21 de abril, que será oral y público, seguramente surgirán elementos nuevos que serán fundamentales a los fines de determinar responsabilidades.
Dijo, que a parte de las pruebas que tienen hay algo más importante todavía, el testimonio de los sobrevivientes. “Hay 18 víctimas sobrevivientes de los cuales pido a través de un escrito ante el Tribunal que sean valoradas y tomadas en cuenta para promover unas pruebas complementarias a los fines de la búsqueda de la verdad, porque es lo nosotros queremos, que haya justicia”.
“Espero que el doctor Rafael Sánchez Moreno, quien está a cargo del Tribunal de Juicio 5, las acuerde”, manifestó la también activista de los derechos humanos.
En cuanto a una pregunta que le formuló la periodista Romero sobre los cinco funcionarios detenidos, la representante del “Comité de Víctimas” explicó que en las actas del procedimiento de este caso revela que efectivamente actuaron más de 50 funcionarios.
Recordó que ese día, Miércoles Santo de Ceniza, había un operativo de alimentación con el Ministerio de Alimentación en las canchas de la Comandancia de la Policía de Carabobo, y que, efectivamente actuaron más de 50 funcionarios y que solamente hay cinco imputados y acusados.
Y por otra parte, “la responsabilidad de la cadena de mando no se ha determinado. De ahí lo interesante en este caso, y ahora en el juicio oral y público, seguramente van a surgir elementos nuevos”, señaló López.
Situación en los CDP
Al ser consultada sobre la situación en los centros de detención preventiva (CDP) en el estado Carabobo, aseguró que últimamente se han visto cambios positivos.
“Recordemos que es el Estado venezolano quien debe garantizar la vida y la integridad física de los detenidos. Hemos visto en estos momentos, y lo he podido evidenciar, que ha habido avance en cuanto a la dignidad y respeto de los derechos humanos en los centros policiales”.
Se refirió al motín que sucedió en la Delegación Municipal del Cicpc Las Acacias donde los presos manifestaron su descontento porque su situación no era la mejor, estaban carentes de muchas condiciones. Este reclamo permitió varios traslados a distintos penales del país y a otros CDP de la región.
También se refirió a lo acontecido en la Delegación Municipal Cicpc Valencia donde realizaron un operativo de humanización y dignidad de los detenidos: “Colocaron al día sus actuaciones, les prestaron servicio de atención médica y fueron revisados sus casos como corresponde”.
“Cuando se ve que se respeta la dignidad humana uno respira profundo y dice que se están viendo los resultados de una lucha por el respeto de los derechos humanos de los presos. Y eso es lo que queremos en el país, que se genere esa conciencia, que el funcionario respete los DD.HH. del detenido”.
Consecuencias del retardo procesal
La abogada López aclaró que la situación no es fácil porque prácticamente el retardo procesal trae estas consecuencias, que los CDP estén abarrotados de detenidos y se conviertan en mini cárceles. “Los funcionarios tienen la responsabilidad de salir y hacer sus trabajos y también tienen la responsabilidad de la vida y de la integridad física de todas esas personas que están bajo su custodia”.
La profesional del derecho sugirió que tiene que revisarse el sistema de justicia. Que se realicen las audiencias, que no se colapse el sistema, que se lleve a cabo las audiencias preliminares y que se aperture juicio para descongestionar y no abarrotar los CDP de detenidos porque después es difícil controlar una situación de cualquier violencia que se suscite.
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