Rubén Bolívar Idrogo / UVL Carabobo
No se puede seguir sometiendo a los privados de libertad y a sus familiares a un olvido y un retardo procesal prolongado que genera angustia, más hacinamiento y sobrepoblación de todos los Centros de Detención Preventiva (CDP), no solo en el estado Carabobo, sino en todo el país.
Así lo manifestó el abogado penalista Dixon Pérez, quien también es especialista en criminalística, profesor universitario y exfiscal del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos.
Recordó Pérez, que partiendo del imperativo constitucional de un Estado social de derecho y de justicia, donde la celeridad procesal fue la bandera del Constituyente de 1999; en la refundación del Estado venezolano y el sistema de justicia, postulados consagrados en los artículos 26 y 51 de la Constitución, dónde se debe garantizar una justicia accesible sin dilaciones ni reposiciones inútiles.
Para el criminalista y penalista “la realidad del sistema penal actualmente es cuestión de un profundo análisis de todos los operadores de justicia (jueces, fiscales, órganos policiales, defensores públicos y abogados privados en el libre ejercicio) para darle respuestas a una sociedad que no confía en el sistema judicial entre otras cosas por el marcado retardo procesal que significa tener a un familiar privado de libertad en Venezuela”.
Habló de un debido cumplimiento a las normas procesales del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que deben ser respetadas por los operadores de justicia en la fijación de los actos procesales (audiencias, actos de prueba anticipada, reconocimiento en rueda de individuos) a los fines de no dilatar el proceso penal hasta la debida citación a las partes para la celebración de los actos. “Son cuestiones que deben atenderse a los fines de evitar el marcado retardo procesal” que al final los más afectados son los privados de libertad y sus familiares.
TRATO JUSTO
El profesor universitario y exfiscal del Ministerio Público explicó, que fue creado el Frente Nacional de Abogados de Venezuela con la intención de agrupar a todos los profesionales del Derecho del país en defensa de la Constitución, el debido proceso del acceso a la justicia y la celeridad del juzgamiento como un Derecho Humano.
“A las 10:00 de la mañana del miércoles 23 de septiembre los abogados vamos a exigir a nivel nacional mediante un escrito que será consignado en la Presidencia de todos los Circuitos Judiciales el cumplimiento del Artículo 253 de la Constitución Nacional para mejorar el sistema de justicia, el respeto a todos los profesionales del Derecho en el acceso al Palacio de Justicia con el debido Cumplimiento a las normas de Bioseguridad”.
Dixon Pérez resaltó el desinterés por parte del Poder Judicial en la celeridad procesal y en cumplir con los lapsos procesales de orden público que no pueden ser relajados por particulares.
“Los Abogados Penalistas podemos ser citados a las audiencias y a los actos procesales por cualquier vía idónea: telefónica, correo electrónico y redes sociales”.
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