Rubén Bolívar Idrogo / UVL Carabobo
Ibis Yamileth Suárez Muñoz, madre de Braulio José Lizcano Suárez, de 25 años, el privado de libertad que falleció el 24 de noviembre de 2019; denunció violación de los Derechos Humanos de su hijo, y aparte develó, la presunta matraca por parte del director del Centro de Reclusión (Mínima de Tocuyito), municipio Libertador del estado Carabobo.
“Mi hijo Braulio tenía un mes en la Mínima del Penal de Tocuyito a donde lo trasladaron procedente de la otra mínima de la Cárcel de Tocorón, estado Aragua”.
La madre de Braulio José narra entre pausas y sollozos la penuria que vivió el joven antes de morir.
Primeramente explica, que el abogado Pedro Antonio Linarez, Juez de Primera Instancia en lo Penal del estado Aragua, había girado tres órdenes de traslado hasta el Tribunal de Aragua que llevaba la causa, pero nunca lo llevaron.
“Ministra Varela, ¿Sabe por qué no lo trasladaban? El director encargado del Centro Penitenciario de Carabobo (Mínima) me pedía 50 dólares para trasladar a mi hijo hasta el Tribunal de Aragua. Como soy una mujer pobre yo no tenía de dónde sacar los dólares que me pedía ese señor. Además, siempre me decían que no había vehículo para el traslado”.
EL DETERIORO DE SU SALUD
Ibis Yamileth Suárez Muñoz aseguró que su hijo llegó gordo y en buen estado de salud a Tocuyito. “En los tres años que estuvo en la dependencia Ezequiel Zamora o la Mínima de la Cárcel de Tocorón, estado Aragua, le daban las tres comidas: desayuno, almuerzo y cena”.
Lo condenaron a muerte cuando el 28 de septiembre de 2019 lo trasladaron para la Mínima del Centro Penitenciario Carabobo, sostuvo la progenitora del privado de libertad.
A los pocos días Braulio José Lizcano Suárez enfermó, presuntamente se contagió de tuberculosis, hepatitis y amibiasis. “Todo eso sumado a la falta de alimentación llevó a la muerte a mi hijo. Durante 15 días permaneció en la enfermería del penal. Dormía en una sábana que le traje porque no hay cama para los enfermos”, dijo.
TRATO CRUEL EN LA MÍNIMA
Asimismo, denuncia de presunto trato cruel hacia su hijo por parte de la funcionaria (custodio) de nombre Yaniree Popo Carabali, de 33 años de edad. “Me pidieron unos remedios y los llevé, pero ella no los entregó. Cuando le reclamé, me dijo que yo me iba, pero que mi hijo quedaba recluido. Braulio, aparte de la fiebre y enfermedades que tenía, presentó golpes en varias partes del cuerpo, incluso en la cara. Imagino que ella cumplió con su amenaza por haberla denunciado ante sus compañeros”.
¿CUÁLES BUENAS NOTICIAS?
El 09 de diciembre de este año durante una entrevista en un canal de televisión nacional la ministra Valera Rangel sostuvo: “Somos víctimas de ataques y de un bloqueo informativo con las buenas noticias que acontecen en la transformación penitenciaria”.
Al respecto, se le preguntó a la madre doliente sobre lo expresado por la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, a lo cual respondió: “A mi hijo no lo trasladaron a Maracay para la apertura del juicio por el presunto delito de extorsión, tampoco lo llevaron a la CHET debido a su grave estado de salud. ¿De qué buenas noticias habla la ministra?”
Ibis Yamileth Suárez Muñoz agregó, que para que lo sepa la ministra Varela, el 18 de noviembre de 2019, el juez Linarez en el oficio Nro. 1159-19, de manera urgente le solicitó al Director del Centro de Reclusión Carabobo (La Mínima Tocuyito), estado Carabobo, “sirva informar al Tribunal si el ciudadano Braulio José Lizcano Suárez, a quien se le sigue la causa Nro. 3J-2960-18, se encontraba recluido en ese centro penitenciario, en virtud de que en varias oportunidades este Juzgado Tercero de Juicio, ha fijado la fecha para la celebración de la Audiencia de Apertura al Debate Oral y Público en la presente causa y hasta la presente fecha, el mismo no se ha podido realizar, toda vez que el acusado supra identificado no ha comparecido a los llamados del Tribunal a los fines que lo haga comparecer explicando las razones por las cuales no se ha materializado dicho traslado”.
PREOCÚPESE DE LOS PRESOS
Contenido en la cuenta Twitter @irisvarela 19 Nov: “Cuánto silencio cómplice ante la mas vil violación de los ddhh, la derecha cipaya en América considera al pueblo su enemigo, lo dijo Piñera y los golpistas asesinos que asaltan el poder en Bolivia”.
En referencia a este Twitter, Suárez Muñoz ve con asombro que la abogada María Iris Varela Rangel, esté más pendiente de lo que acontece en Chile y Bolivia, a miles de kilómetros de este país, y no se preocupe por Derechos Humanos de los presos en las cárceles del país.
TUBERCULOSIS MATA PRESOS
La tuberculosis está acabando con la vida de los privados de libertad del Complejo Penitenciario Carabobo (penal de Tocuyito) y del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicados en Tocuyito, municipio Libertador del estado Carabobo.
Esta infección bacteriana y contagiosa se ha convertido en la peor amenaza de los presos que purgan condena en este centro carcelario de Carabobo, estado ubicado en el centro de la República Bolivariana de Venezuela.
Ya no son los chuzos ni las armas de fuego las que mandan en los calabozos ni en las cárceles, es el abandono en la que se encuentran los reclusos. Los familiares aseguran que están desasistidos por el Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.
Denuncian, que las autoridades del Complejo Penitenciario de Carabobo (Mínima) y del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador, les violan los Derechos Humanos (DDHH) a los privados de libertad en cuestión de salud y alimentación.
Esta dupla, la tuberculosis y la desnutrición, está acabando con la salud y la vida de las personas privadas de libertad.
Durante el año 2019, que recién culmina, de manera extraoficial se conoció de la muerte de 14 presos por tuberculosis:
Entre estos están: Brayan Acosta (23), Juan Ramón Rivas García (63), Miguel Yánez, Ángel Miguel López Miranda (28), Ricardo José Camargo, Manuel Arteaga, Alexander Machado Urbina (28), Wilmi Rivera.
También figuran: Jesús Ernesto Sánchez (46) Renis Javier García Arcia (25), Gerardo Mijares (66) y Noél Saúl Martínez Cabrera (50), Luis José Márquez Toro (21) y Braulio Lizcano (25).
LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL
“La salud es un derecho fundamental para todo ser humano, aseveró la abogada Lyli López, activista de los Derechos Humanos (DD).
Asevera, que el Estado de conformidad con la Constitución tiene la obligación de brindarles a todas las personas privadas de libertad el completo bienestar físico y psicológico mientras este se encuentre en el centro penitenciario.
“El tema de la atención médica es crítico, por la carencia de insumos médicos, personal insuficiente y no permanente, retrasos para los traslados a los hospitales”, ahonda la activista.
López propone, que se le realicen a los privados de libertad un examen médico al ingreso con el fin de constatar la salud física y psicológica.
“Y así conocer el diagnóstico de salud de la población penal, prevenir las epidemias, establecer planes de salud preventiva y curativa, aplicar los tratamientos adecuados con el fin de garantizar los DDHH de los privados de libertad”. —
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