Rubén Bolívar Idrogo | UVL Carabobo
Valencia.- Ante la jubilación de la fiscal que llevaba el caso de los 69 muertos, 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en los calabozos de la Policía de Carabobo, las víctimas indirectas le piden al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que nombre un fiscal a la brevedad posible.
La abogada Lyli López, representante del “Comité de las Víctimas Indirectas del caso Navas Spinola, fue quien dió la información.
La profesional del derecho sostuvo, que el lunes 7 de febrero le informaron que la fiscal del Ministerio Público (MP) encargada del caso, salió jubilada.
El llamado urgente a Saab para que nombre un nuevo fiscal es porque este jueves 10 de febrero está pautada la audiencia de apertura de juicio contra los cinco exfuncionarios de la Policía Estadal, presuntamente involucrados en la muerte de los 67 privados de libertad y de las dos mujeres que pernoctaban en los calabozos de la Comandancia General de Policarabobo.
“El organismo central no ha designado los fiscales correspondientes para iniciar este juicio. Este caso es complejo porque el expediente tiene muchas piezas”. Expresó que en su efecto debería acudir la fiscalía 62 nacional.
López recordó, que el 28 de marzo se cumplen cuatro años de esta tragedia carcelaria que se registró en la Comandancia General de la Policia de Carabobo, ubicada en la calle Navas Spinola de Valencia, estado Carabobo.
“Perdieron la vida 69 seres humanos, 67 que se encontraban bajo custodia del Estado y dos mujeres que pernoctaban allí, una de ellas embarazada”
La responsable del Comité de Víctimas Indirectas añadió, que a pesar del retardo procesal, hay algunos avances:
1. Haber reconocido la legitimidad del Comité de Víctimas fue el paso para ir avanzando y darle impulso al proceso.
2. Se recabó los resultados de las pruebas genéticas de dos cadáveres esqueletizados que aún siguen en el depósito de la morgue.
3. El traslado a la Estación Policial para verificar la constante falta de traslado del subdirector José Luis Rodríguez.
4. El impulso para que el Tribunal realizara los Actos de Comunicación para la notificación de las víctimas
5. Comprometer a la Fiscalía 62 Nacional para que se presentara a los actos del proceso.
6. Recabar la información de los listados en la Comandancia y la ubicación de los cuerpos en el cementerio.
7. Presentar acusación particular propia. Esto permitió señalar hechos, circunstancias y delitos que la jueza Melissa De Sousa resolvió en la audiencia preliminar, logrando con éxito la admision total de la acusación.
8. Se logró estar en conocimiento directo a la Dirección de DDHH de la Fiscalía General de los avances del proceso. Fueron más de 10 minutas informativas que se envió desde la gestión del Dr. Dixon Perez a la dirección nacional.
9. Se tramitó la medida de protección hacia su persona por las amenazas constantes que recibía.
La doctora López también recordó, que se remitieron varias actuaciones al Tribunal tales como entrevistas, inspecciones, experticias las cuales fueron admitidas en la audiencia preliminar.
Por otra parte, alertó que está pendiente que se determine la responsabilidad de la cadena de mando de la Policía de Carabobo.
Culminó diciendo, que “es necesario la presencia y el acompañamiento de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público para darle objetividad y transparencia a la investigación de los hechos por desaparición forzada de personas. Aún dos cuerpos no aparecen: Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda.
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