Rubén Bolívar Idrogo / UVL Carabobo
El hacinamiento y la desnutrición fue el detonante para que los jóvenes privados de libertad en el Centro de Internamiento DR. Alberto Ravell, ubicado en la calle 186 del municipio Naguanagua, estado Carabobo, iniciaran el motín el jueves 10 de octubre.
Madres y padres de los internos, denunciaron que en este reclusorio, aparte del hacinamiento y hambre que están sufriendo, los muchachos están presentando enfermedades de la piel, respiratorias, digestivas y desnutrición.
Los parientes de los adolescentes que están bajo resguardo del Estado venezolano, también hacen del conocimiento público el presunto foco de corrupción que existe en el albergue.
“Los despojan de los alimentos que les traemos. Además, para ingresar a la visita exigen que entreguen tres productos alimenticios no perecederos”, evidenciaron varios parientes de los privados.
El motín se produjo el jueves 10 de octubre de 2019 luego que culminara la visita a las 3:00 de la tarde.
De acuerdo a la versión de los hechos, los privados de libertad en el retén Alberto Ravell, produjeron un incendio para llamar la atención de las autoridades y rechazar el maltrato físico del que son víctimas por parte de sus custodios.
Ante esta novedad, las autoridades enviaron una comisión del Sistema Integrado (Protección Civil y Bomberos Carabobo) al mando del Capitán de bomberos Leonardo Galíndez, quien junto a tres funcionarios, coordinaron las acciones a tomar con Bomberos Valencia.
Una vez en el Centro de Internamiento Alberto Ravell, procedieron a sofocar el incendio, que no fue de mayor consideración.
Hay que garantizar los DDHH de los jóvenes
La abogada Lyli López, Directora General Nacional de la Fundación Pro defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden, al ser consultada sobre la denuncia que hicieron los familiares de los privados que están en este albergue, hizo un llamado a las autoridades, a los órganos del poder ciudadano, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la República, a los fines de garantizar los DDHH de los jóvenes que se encuentran con elevados índices de desnutrición y múltiples enfermedades.
López, sostuvo, que han recibido denuncias de varios casos, donde se presume vulneración de Derechos Humanos. “Es fundamental transformar ese sistema tan denigrante, que lesiona el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad humana”.
La activista recalcó, que es necesario un personal calificado con credenciales académicas que laboren en esos centros, para poder atacar problemas concurrentes como lo son: el ocio, hacinamiento y la tan repudiada corrupción, que se enquista en esos centros.
“Pedimos a las autoridades competentes nos permitan participar directamente en actividades que apoyen a rescatar y salvar vidas a los fines de lograr la efectiva reinserción de estos jóvenes a la sociedad y puedan ser útiles, que tengan oportunidades”.
Su petición, aseguró la Directora General Nacional de la Fundación Pro defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden, es para que se pueda garantizar los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
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