Valencia.- El Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, en la expansión del “Plan Justicia Inmediata” revisó las causas de 730 presos en el estado Carabobo.
Todo esto aseguró, se realiza en aras de seguir trabajando en la celeridad procesal y garantía de los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad.
En horas de la tarde del jueves 2 de marzo, en las instalaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, situado en la avenida Aranzazu del municipio Valencia, el titular de la Defensa Pública en compañía del presidente del circuito, Alejandro Chirimelli, y demás representantes de los órganos de administración de justicia, implementó el Plan Justicia Inmediata.
En un encuentro con los medios locales y nacionales, Ramírez Herrera informó que en el caso del estado Carabobo, los defensores públicos, en compañía de los jueces de ejecución procedieron a revisar 565 causas en Valencia y en Puerto Cabello 165; “a los fines de verificar los requisitos que fueran necesarios para pronunciarse”.
Explicó, que el “Plan Justicia Inmediata” consiste en la verificación de las causas penales, desde las sedes jurisdiccionales o tribunales en fase de ejecución, “dando así cumplimiento al mandato del presidente Nicolás Maduro, de revolucionar la justicia”.
El titular de la Defensa Pública señaló que durante la revisión de los casos se evaluó el resultado de los informes psicosociales, los cómputos actualizados, los antecedentes penales, entre otros, “los cuales serán solicitados al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz; así como al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, para que los jueces en fase de ejecución se pronuncien”.
En la implementación del referido plan el Defensor Público General estuvo acompañado de la directora de su despacho, Viomar Mata, los directores nacionales de Actuación Procesal, Comunicación y Relaciones Interinstitucionales y Servicios, Luis Alfredo Pérez, Alba Niño y Jorge Arestigueta.
También se contó con la presencia de la coordinadora regional del estado Carabobo, Wilma Hernández, y los defensores y defensoras públicas en fase de ejecución de la entidad.
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