Rubén Bolívar Idrogo | UVL Carabobo
Valencia.- Para la diputada a la Asamblea Nacional (AN) Deyalitza Aray, integrante de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, la Comisión de Emergencia Judicial o Revolución Judicial “viola lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.
En conversación con el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), Aray sostuvo que también están sumamente preocupados con esta denominada Revolución del Sistema Judicial.
“Hasta ahora, en los primeros 60 días que llevan de trabajo, solo hemos visto la aplicación reiterada del Plan Cayapa como medida para liberar el hacinamiento tan grave que presentan los recintos penitenciarios en el país, así como los centros de detención preventiva (CDP) que ya dejaron de cumplir la misión para lo cual fueron abiertos y hoy son convertidos en otros recintos carcelarios”.
Añadió, que la comisión que ella representa ve cómo sigue produciéndose en el país la suerte del mal llamado puerta giratoria que sueltan a unos detenidos y meten presos a otros.
Además, aseguró, que la aplicación de este plan viola sin duda alguna lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) “porque sabemos que no se cumplen con los mecanismos legales para que se dé este tipo de beneficio: No existe la clasificación, no sabemos qué clase, cómo o con qué parámetros hacen estas libertades.
Dijo que tienen conocimiento de presuntos hechos delictivos cometidos por presos que han salido en libertad a través de la Revolución Judicial.
“La crisis carcelaria que vive Venezuela es tan grande, tan grande que también vemos que no existen planes de rehabilitación, no es verdad que se esté diseñando una política de rehabilitación de reinserción de quienes ya están pagando una pena o de quienes en verdad ya son objeto de un beneficio”.
Manifestó que la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la AN rechaza de manera categórica que se esté dando una propuesta de reforma, una reforma por un lado legislativa que a su manera de ver es ilegítima de origen, pero que además, solamente pretende maquillar un sistema de justicia que no es ejemplar a los ojos principalmente de los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y a propósito casualmente de la visita del fiscal Karim Khan en Venezuela.
“El sistema judicial en Venezuela tiene una crisis gravísima que no se va a solucionar en 60 días ni con la designación de una comisión hasta tanto de verdad no se haga el proceso tal cual como lo establece la legislación venezolana. Y además, sabemos que el sistema judicial venezolano en este momento es una herramienta exclusivamente de injerencia política para la aplicación de la justicia”, apuntó.
Afectado el ejercicio del derecho
La diputada a la Asamblea Nacional aseveró que con la aplicación de la Comisión de la Revolución Judicial el ejercicio del derecho también se ve afectado.
Cuando un abogado penalista está llevando el caso de un detenido se esfuerza para que el juicio se lleve como tiene que ser, pero con la aplicación de un Plan Cayapa “da al traste con todo el esfuerzo y quizás con todo el trabajo que vienen haciendo precisamente los profesionales del derecho que todavía tienen la mística de la aplicación de la justicia y el debido proceso como lo nos enseñaron en las aulas de la universidad”.
La diputada Aray denunció que “en este país se viola toda la normativa. No se hacen las audiencias, se suspenden las audiencias, no se aplica el debido proceso. Hemos sido testigos como sencillamente porque no hay un vehículo, no tiene gasolina, se suspenden los traslados”.
“Desafortunadamente en Venezuela esto es parte también de la degradación y desviación que tiene el sistema judicial venezolano”.
Los presos admiten los hechos
También hizo referencia en cuanto a que los presos presuntamente los obligan a admitir los hechos aun siendo inocentes. “Este es el otro elemento de este plan y es parte de lo que engloba la ilegitimidad de la aplicación del mismo, porque esa es una de las condiciones, uno de los elementos es eso, la declaratoria incluso de culpabilidad”.
“Entonces uno se pregunta, siendo culpable, ¿Cuál es la respuesta del Estado también en la política, repito, de la reinserción de ese individuo? Porque una cosa es que tú admites una culpabilidad y qué ha hecho el Estado durante el tiempo que estuvo detenido, en qué condiciones está ese privado de libertad? ¿Fue rehabilitado, está en condiciones para salir nuevamente a incorporarse a la sociedad?
“Desafortunadamente estamos viendo que no. Y si bien es cierto que hay casos que pueden ser beneficiados con justicia, porque sabemos que en Venezuela hay mucha gente detenida que ni siquiera ha sido procesada, hay mucha gente detenida que ni siquiera ha ido a la primera audiencia, pero eso es una desviación del debido proceso porque precisamente sabemos, por ejemplo, en los centros de detención preventiva se supone que la persona no puede estar más de 48 horas si no tiene ninguna calificación en consecuencia volvemos a estar en presencia de un sistema judicial y una administración de justicia absolutamente fuera de la ley”, concluye la diputada.
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