Equipo UVL Carabobo
Valencia.- El viernes 20 de octubre la abogada Lyli López, defensora de la pastora Raquel de Silva y Marilexis Goyo, directora de DD.HH. de la Fundación Libertad, Justicia y Orden, las visitó en el anexo femenino del penal de Tocuyito porque ambas presentan quebranto de salud.
De acuerdo a la información aportada por López, el órgano aprehensor lo sabe porque así quedó asentado en el reconocimiento que se les hizo, y que requieren tratamiento médico: No es la condición para que estén detenidas, aseveró.
López dio gracias a Dios porque en el recinto carcelario donde están se les ha prestado toda la colaboración como corresponde; pero sin embargo, están privadas incondicionalmente, ilegítimamente, porque se sabe que detrás de esto “hay una mano que es la que las sostiene privadas”.
La profesional del derecho denunció que a sus defendidas se les han violado sus derechos fundamentales porque fueron privadas ilegítimamente de su libertad el 7 de agosto de este año.
“Fueron víctimas de trato cruel, inhumano, denigrante, porque fueron encerradas en un container con excremento de animales. Aquí está la consecuencia, Marilexis tiene una infección que debe ser tratada como corresponde. Además, tiene problemas en su respiración”.
No han sido presentadas en una audiencia preliminar y deben respetarse las garantías constitucionales y la presunción de inocencia como está consagrado en nuestra Constitución y los pactos internacionales que tiene la República de Venezuela.
“No puede ser que dos mujeres luchadoras sociales inocentes estén privadas de libertad y que hoy estén aquí en un recinto que ni siquiera estén presentadas en una audiencia preliminar”.
Exige que se deben respetar las garantías constitucionales y la presunción de inocencia consagrada en la Construcción y en los pactos que tienen suscritos en materia de derechos humanos la República de Venezuela.
Además, pidió que el día martes 24 de octubre deben ser trasladadas para que se les pueda garantizar la tutela judicial efectiva: “Para que en la audiencia preliminar se les restablezca sus derechos constitucionales como corresponde a estas dos mujeres inocentes”.
López hizo un llamado al fiscal del gobierno, Tarek William Saab; y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, a que hagan respetar el derecho a la libertad de ambas mujeres.
El hecho
Una publicación de El Carabobeño destaca que, Goyo habría sido agredida el lunes 7 de agosto a las afueras del Hospital Adolfo Prince Lara por una persona no identificada. La activista intentó colocar la denuncia en la fiscalía, pero no la recibieron. La derivaron a la policía municipal de la zona, donde tampoco la atendieron.
Luego fue a la sede de la Policía de Carabobo. Los funcionarios, a bordo de una patrulla, la llevaron al centro asistencial supuestamente a identificar a quien la habría agredido, pero en su lugar aparecieron unos funcionarios de la Dgcim, acompañados por el fiscal 9 del Ministerio Público en Puerto Cabello, quienes se la llevaron detenida, según el relato de López.
La pastora fue a la Dgcim a indagar sobre lo que había pasado con Goyo y también la dejaron detenida. «Fue tomada la denuncia de la persona que tenía el teléfono directo del fiscal, pero no la de ella. Estamos en un caso de total injusticia, pero vamos a hacer todo lo necesario para demostrar la inocencia de estas mujeres luchadoras que hoy se encuentran tras las rejas injustamente».
Marilexys Goyo ha hecho varias denuncias sobre el ecocidio presuntamente cometido por el presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo, Alexander Suárez, en zonas de Borburata, cuyos habitantes lo han denunciado en reiteradas oportunidades.
López detalla, que tras la denuncia de ecocidio en Borburata, Goyo recibió amenazas por parte de un ciudadano de apellido Sigala, quien supuestamente trabaja con Suárez.
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