Temor por posibles contagios de COVID-19 llegó a calabozos de Anzoátegui

Temor por posibles contagios de COVID-19 llegó a calabozos de Anzoátegui

Familiares de privados de libertad en la entidad claman por un plan de abastecimiento de agua y alimentos en los Centros de Coordinación Policial.

Giovanna Pellicani/ UVL Anzoátegui

Sin agua, con poca iluminación y reducida ventilación conviven los privados de libertad que se encuentran en los Centros de Detención Policial (CDP) del estado Anzoátegui, lugares en los que el hacinamiento superó el 500% en el 2020 y donde hoy en día temen al contagio de COVID-19, pues en estas condiciones los resultados podrían ser desgarradores.

Las cifras que lleva el equipo investigador de Una Ventana a la Libertad en la entidad revelan que los 14 CDP monitoreados tienen una capacidad total para albergar a 284 personas, pero en la actualidad estos calabozos son ocupados por 1.762 hombres y 120 mujeres.

Familiares de los privados que acuden constantemente a llevarles aliemntos coinciden en que el olor nauseabundo que emanan las celdas obedece a la falta de aseo por ausencia de agua potable que enfrentan los reos, servicio indispensable para mantener el control por prevención del coronavirus según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ello no se cumple.

De viva voz

Las manos le tiemblan al ama de casa Yajaira Fajardo cuando cuenta que los privados que se encuentran en los calabozos de la Zona 2 de Polianzoátegui en Puerto La Cruz, piden a gritos agua y alimentos, pues carecen del recurso hídrico en el lugar. “Podía venir a traer alimentos y agua a mi hijo dos veces a la semana y ahora una vez y si acaso, pues ya no hay transporte y también es un riesgo para mi salir de mi casa debido a que soy asmática y de contagiarme con el coronavirus seguramente podría morir”, contó.

La mujer de 63 años de edad asegura que durante el tiempo de cuarentena ha observado a los custodios de los privados salir del área de vigilancia interactuar con los uniformados que llegan de patrullar en la calle, momento en el que también reciben los alimentos y el agua que llevan a sus familiares detenidos, lo que representa un riesgo potencial y los expone al posible contagio.

“Cada vez son menos los familiares que pueden venir a traer comida a los muchachos, no tienen agua, viven sofocados del calor y se encuentran en precarias condiciones, las mismas que comparten con unos seis chamos que tienen tuberculosis y a quienes mantienen en el interior sin clasificación alguna”, destacó el ama de casa.

En ese Centro de Detención Policial se encuentran más de 200 hombres que reportan retardo procesal y durante los días de cuarentena y aislamiento social que han transcurrido en Venezuela han solicitado el aseo de los calabozos en los que se encuentran y agilizar los procesos de quienes esperan por recibir una medida cautelar.

Pero en el único cuerpo de seguridad donde se han tomado las medidas de control sanitario adecuadas ha sido en las instalaciones de la Policía de Urbaneja, en la zona norte del estado Anzoátegui, donde el alcalde Manuel Ferreira dirigió el operativo de desinfección que se hizo en el interior de los tres calabozos con los que cuenta el único CDP de Anzoátegui donde no existe hacinamiento, pues sus instalaciones fueron creadas para albergar a 34 hombres y actualmente se encuentran 27.

Pero esto no representa un alivio para Onaim Contreras, madre de uno de los privados, quien habita en el municipio Bolívar del estado Anzoátegui y tiene una semana sin llevarle alimentos a su pariente porque Lechería es el municipio con mayor restricción de circulación en la entidad y se le ha dificultado trasladarse hasta el centro de reclusión. “Debo gastar más de Bs S 80 mil en pasaje para ir a llevarle comida a Gilberto y no tengo ese dinero. Me dijeron que allá les estaban dando alimentos, pero no he podido verificar esta información. Temo por la salud de mi hijo en este momento”, resaltó la mujer.

El Centro de Detención Policial con mayor número de privados es la comandancia de Polisotillo, ubicada en el sector Chuparín de Puerto La Cruz, cuyas instalaciones fueron creadas para albergar a 50 privados y actualmente están 353 hombres y 20 mujeres, en espacios reducidos donde han comenzado a usar los llamados aéreos para poder soportar la convivencia.

La alcaldesa del municipio Sotillo, Herminia García Ron, anunció que había dotado de alimentos el CDP para evitar que los ánimos se caldeen entre los privados de libertad, sin embargo, Numancia Torres, quien tiene a su primo detenido en el mencionado CDP aseguró que ha recibido varias llamadas de su familiar para pedirle agua y alimentos.

“Fuimos a llevarle agua y comida cuando nos llamó la primera vez, pero estos últimos días ha sido difícil porque no hemos podido movilizarnos debido a la falta de combustible y a los pocos transportes públicos que están prestando el servicio”, resaltó Torres.

El mismo escenario se observa en el CDP de Anaco, al sur del estado Anzoátegui, donde han comenzado a rumorarse que podrían iniciar una huelga debido a la falta de alimentos y agua potable que existe en sus instalaciones, donde más de 130 hombres intentan sobrevivir al aislamiento sin servicios básicos y rubros alimenticios.

Riesgo latente

¿Quién nos garantiza que los funcionarios no se van a contagiar y eso pueda representar un peligro para nuestros familiares?, es la pregunta en la que coinciden la mayoría de los familiares de privados consultados en el estado Anzoátegui y una de ellas es Constanza López, quien ha dejado de ir a los calabozos de Polibolívar por temor.

“Le pido a Dios que proteja a mi ahijado, yo soy la única familia que él tiene aquí porque su madre vive en Maturín y no puede venir para acá porque no tiene quien la ayude económicamente. Mi muchacho cada vez está más flaco, pero no tengo tanto dinero como para ayudarlo todos los días”, aseguró el ama de casa.

Desde el viernes 27 de marzo autoridades del Órgano de Defensa Integral (ODDI) del estado Anzoátegui, anunciaron que el suministro de combustible sería garantizado para el personal que está trabajando en el programa de contingencia durante la cuarentena anunciada por el Gobierno Nacional, sin embrago, el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros en Venezuela, Eudis Girot, informó que el combustible que queda en reserva sólo garantizará el abastecimiento de unos pocos y recalcó que los tanques de reserva ya están en rojo, lo que pone en riesgo la dotación de alimentos por parte de los familiares a los privados en la entidad.

Mientras tanto sigue incierto el abastecimiento de alimentos para los privados del estado Anzoátegui, donde el defensor de los Derechos Humanos, José Santoyo, ha denunciado el brote de enfermedades infecciosas y casos de tuberculosis que existen en los Centros de Detención Preventivos, lo que a su parecer pone en riesgo la vida de quienes se encuentra detenidos y no reciben atención en dichos cuerpos policiales.

El pasado 7 de abril, cuatro privados de libertad se evadieron de uno de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación en Pariguán, al sur del estado Anzoátegui y hasta el momento no han dado con sus paraderos.

Se presume que la fuga se dio luego de que los detenidos solicitaran agua y alimentos a los custodios que estaban de guardia y estos se negaran a la petición.

Hasta ahora sólo tres Centros de Detención Preventivos del estado Anzoátegui han sido desinfectados; entre ellos la comandancia de Polianzoátegui, ubicada en el municipio Urbaneja de la entidad, las celdas de Polisotillo y las mencionadas en Polirbaneja.

Mientras tanto la angustia se acentúa y el distanciamiento, aislamiento y desinfección del resto de los Centros de Detención Preventivos, donde además existe hacinamiento, sigue sin ser aplicado, al tiempo que tampoco se les garantiza el suministro de agua potable diario a quienes se encuentran privados de libertad.

Foto: Carlos Landaeta: Los calabozos de Poliurbaneja fueron los primeros en ser desinfectados en la entidad

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