Privados de libertad en apure se someten a las normas de los cdp por miedo a castigos y traslados

Privados de libertad en apure se someten a las normas de los cdp por miedo a castigos y traslados

El último motín  registrado en el estado Apure, se llevó a cabo hace dos años, en el mes de abril del año 2018, cuando fue cerrado el Internado Judicial de San Fernando de Apure

Equipo de UVAL / Apure

En el estado Apure,  durante lo que va del año 2020, no se han registrado protestas en los Centros de Detención Preventiva (CDP). Sin embargo, las condiciones de vida  de los privados de libertad no están garantizadas en estos recintos, porque los detenidos  carecen de espacios idóneos para subsistir. Ante ello, los privados de libertad en Apure, se ven obligados a someterse a las normas de los CDP, por miedo a traslados o castigos.

Los especialistas en el tema, como los son los abogados y los expertos en derechos humanos informaron esta semana, al equipo de Una Ventana a la Libertad  (UVL) en el estado Apure,  que los detenidos que intenten protestar en los CDP de la entidad llanera, son llevados de forma inmediata a las cárceles venezolanas, razón por lo cual, los apresados, temen dar a conocer de manera pública,  los problemas existentes en estos espacios.

Pedro Díaz, abogado penalista y exjuez del Tribunal Primero de Juicio de Violencia Contra la Mujer,  agregó que los encarcelados en San Fernando de Apure,  prefieren no protestar, porque sí lo hacen, son traslados a  las cárceles nacionales,  donde  las condiciones  mínimas de vida,  no están avaladas.

“Los calabozos de la Policía Nacional, Policía Estadal y el Cicpc en San Fernando de Apure,  son exclusivos, donde los detenidos tienen un poco de más comodidad que en otros recintos carcelarios”. Pero, Díaz agregó en los calabozos del Comando de la Guardia Nacional 351, la Dirección de Investigación Penal (Dip), así como en la antigua Policía Municipal, donde murieron detenidos,  la permanencia es infrahumana:  no hay agua, hay hacinamiento, se reportan altas temperaturas, los espacios reducidos para la subsistencia”, dijo.

El jurista explicó que sí los privados de libertad en  Apure,  insisten en protestar los manifestantes son llevados a la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) o al Internado Judicial Barinas. “A un procesado no le conviene ese traslado porque una vez que llegan a este recinto, pueden pasar 10 años sin condena. Prefieren esperar en Apure que culmine el proceso jurídico donde tienen más probabilidades de salir en libertad”, expresó.

Pese a esta realidad, los familiares de los detenidos, reportan que en los CDP del estado, carecen de agua potable,  así como de una alimentación balanceada, porque los centros de detención en Apure, no cuentan con los recursos económicos necesarios para ofrecer a los apresados estos servicios. Los mismos familiares deben llevar, tanto el agua como los artículos de higiene personal, la ropa y la comida a los detenidos”, declaró.

Brenda Henao Roa, especialista en derecho penal durante 18 años y delegada de derechos humanos del área policial, adscrita al ministerio de interior y justicia,  desde el año 2009 hasta el 2011. También exfiscal del Ministerio Público  (MP) en la Circunscripción Judicial del estado Apure, sede Guasdualito, municipio Páez y fue encargada de la Fiscalía Tercera (MP) con competencia en materia de drogas, homicidio y contrabando en el año 2016 y 2017.

Informó que los detenidos  en el estado Apure, no ejercen su derecho a la protesta,  en las celdas de los CDP por miedo a retaliación.  Sin  embargo,  Henao Roa,  resaltó para UVAL que  en los CDP de Guasdualito, municipio Páez en el estado Apure, adecuaron espacios para albergar a los detenidos y agregó que una celda 4×4 se encuentran recluidas 25 personas, donde las carencias son múltiples: falta de comida, agua potable y los servicios públicos no son idóneos para garantizar el derecho a la vida.

Detalló que de acuerdo a los testimonios de los familiares de sus clientes,  sí un recluso protesta, es posible que se  le aísle, recibe golpes y le prohíban las visitas de los familiares en los CDP. Agregó que los familiares, se quejan de la mala atención de los funcionarios de los CDP. Y por medio de ellos que se atreven a contar las penurias,  pero cuando les dicen que denuncien no se atreven.

“Las madres, esposas de los detenidos llevan comida, agua, artículos de higiene personal  y medicamentos, nunca llegan a los interesados  a menos que los familiares accedan a entregar dinero o comida a los funcionarios,  para poder hacerle llegar los alimentos. Por enviar una comida o medicinas para el detenido, el familiar debe pagar 10.000 pesos o su equivalente en bolívares (más de 1.000.000 bolívares aproximadamente)”, dijo.

Antecedentes

El último motín  registrado en el estado Apure, se llevó a cabo hace dos años, en el mes de abril del año 2018, cuando fue cerrado el Internado Judicial de San Fernando de Apure.

Para el día 17 de abril del año 2018,  el Internado Judicial fue cerrado por el ministerio de asuntos penitenciarios  de aquel entonces por lo cual  un total de 500 reclusos fueron trasladados desde este recinto,  hasta distintos los centros  de reclusión del país, la mayoría en el Centro de Procesados Judiciales “26 de Julio”, en el estado Guárico; otros en el Internado Judicial de Barinas; y algunos de ellos, que son originarios de otros países fueron trasladados al centro para la atención a los privados de libertad extranjeros.

Para el día 4 de junio de este año,  solo el 30% de estos reclusos recibió la libertad tulelada  otorgada por el ministerio de asuntos penitenciarios.  Mientras que el 70% restante sigue a la espera de este beneficio.

Fuente: UVAL:

Para los días jueves y  viernes 8 y 9 de septiembre del año 2017 respectivamente,  unos 132 privados de libertad de la Sub-Delegación del CICPC San Fernando, estado Apure,  donde algunos reclusos realizaron huelga de hambre y sangre porque algunos se cortaron los brazos, cocieron la boca, para exigir a las autoridades del Cicpc los traslados 

Fuente: UVAL

Durante los meses de julio y agosto de este año, los tribunales en  San Fernando de Apure realizaron 106 audiencias preliminares en el estado Apure, para  casos de delitos menores, con la finalidad de descongestionar los centros de detención preventiva, ante la propagación del COVID-19.

Durante la primera jornada del mes de julio de este año, el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal en el estado Apure a cargo del juez José Antonio Méndez Laprea,  otorgó libertad  condicional a 88 personas que se encontraban encarceladas por delitos menores en los Centros de Detención Preventiva (CDP) situados en los municipios San Fernando y Biruaca, con el fin de descongestionar los CDP en tiempos de pandemia y reactivar la justicia en la entidad llanera.

El TSJ realizó un sorteo donde se escogieron las causas cuyas audiencias preliminares se realizaron limitándose a aquellos casos relacionados con delitos menores como hurto, robo impropio, estafa, entre otros.

En la segunda jornada llevada a cabo para finales del mes de agosto de este año, el Circuito Judicial Penal  en el estado Apure, concedió tres libertades plenas  y 10 condicionales  a reclusos de los Centros de Detención Preventiva de la entidad llanera, con la finalidad de descongestionar estos recintos, para evitar contagios por coronavirus y garantizar el debido proceso

Fuentes del poder judicial revelaron que treinta y dos de las audiencias tuvieron lugar en un Tribunal de San Fernando de Apure, mientras que otras 9, se realizaron en un Tribunal de Guasdualito, tras las cuales se mantuvieron 30 privativas de libertad, 20 audiencias por admisión de los hechos, 13 autos de apertura a juicio, 10 medidas cautelares, 5 pase a juicio y tres libertades.

Pero, a pesar de estos esfuerzos, la realidad en estos recintos, sigue siendo  la misma,  y no cambiará hasta tanto, las autoridades competentes, humanicen verdaderamente los centros de detención preventiva.

No hay comentarios.

Agregar comentario