Personas de la tercera edad padecen enfermedades y condiciones de hacinamiento dentro de los cdp del estado mérida

Personas de la tercera edad padecen enfermedades y condiciones de hacinamiento dentro de los cdp del estado mérida

Elvis Rivas/ Equipo UVL Mérida

Las personas presas de la tercera edad no escapan a la realidad del hacinamiento, el retardo procesal, las enfermedades de todo tipo y la falta de atención que padecen los privados de libertad que ocupan los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la policía del estado Mérida, el CICPC y otros cuerpos de seguridad de la entidad.

Aunque según fuentes policiales está población representa un porcentaje mínimo de los privados de libertad, al menos 20 personas entre los 60 y 68 años conviven con el resto de la  población que por la comisión de diferentes delitos permanecen en los retenes policiales ubicados en el municipio capital y otras jurisdicciones del estado.

Familiares de detenidos aseguran que algunas de estas personas padecen enfermedades propias de su edad. Sin embargo las críticas condiciones en las que se encuentran agudizan la situación.

La falta de espacio físico, la carencia de recursos económicos, e incluso la situación generada por la pandemia por el coronavirus impide mejorar las condiciones de los adultos mayores que se encuentran en resguardo en los calabozos, algunos de ellos ya procesados y sentenciados a purgar condena por los delitos cometidos. La mayoría de quienes se encuentran en esta condición, esperan ser trasladados al Centro Penitenciario de la Región Andina, CEPRA, lo cual no ha sido posible presuntamente por falta de espacio físico disponible en la única penitenciaría del estado.

En el caso del retén de la comandancia general de policía, ubicado en el sector Glorias Patrias de la capital andina están recluidas varias de estas personas, algunas de ellas con padecimientos producto de enfermedades de la tensión, diabetes y artrosis. Además sufren problemas odontológicos y de visión, lo cual en algunos casos podría solucionarse con lentes.

En cuanto a los delitos cometidos por estas personas, según una fuente policial, predominan los de carácter sexual, actos lascivos y violación. De igual forma, un caso se encuentra recluido por homicidio y otro por drogas. Se conoció que uno de ellos se encuentra recluido en la comandancia general de policía de Mérida, otro en El Vigía y el resto de los casos en la población de Lagunillas, municipio Sucre.

Hablan los familiares

Los familiares de privados de libertad en algunas dependencias policiales y del CICPC aseguran que la situación de los detenidos es crítica. "En el CICPC hay varios de la tercera edad que no tienen dolientes y están ahí abandonados" señaló una de las personas que a diario asiste a este CDP a llevar comida a uno de los detenidos. "Hay uno que tiene problemas de hipertensión y otro problemas mentales razón por la cual recibe medicación que le lleva un familiar". Les preocupa porque las condiciones de hacinamiento e insalubridad del reclusorio favorecen las enfermedades que afectan a muchos de los privados de libertad.

“La situación es demasiado fuerte para mantenerlos a ellos allá”.

Así lo exponen familiares de dos personas que pertenecen a la comunidad indígena “Kinaroes” del municipio Sucre de Mérida, uno de ellos de 62 años de edad, quienes se encuentran recluidos en la sede de la policía científica. Aseguran que luego de 19 meses detenidos en esta dependencia por la comisión de un presunto homicidio aún no han logrado definir su situación ante los tribunales. “Él estuvo muy enfermo, demasiado, un día casi que me tocó suplicarle a un PTJ para que lo pasara de aquí a la medicatura forense porque se estaba hinchando demasiado porque no podía  orinar, tenía problemas. Gracias a Dios había un chico allí de buen corazón, le suplique que lo sacara y sí, lo llevaron a la medicatura forense”.

La denunciante aseveró que estas personas no cuentan con ningún trato especial dentro de las instalaciones. “No, ellos no tienen, hay demasiado hacinamiento y me dicen que eso es muy pequeño, que hay demasiados detenidos allí, enfermos y demás”.

La mujer aseveró que a diario deben acudir al CDP a llevar la comida, labor que se torna difícil por las actuales circunstancias de la pandemia, la cual ha afectado la transitabilidad en el estado. Señaló que residen en la población de Lagunillas, capital del municipio Sucre, ubicada a unos 40 minutos de la ciudad de Mérida. “para mí se me hace muy fuerte traer la comida porque yo vivo aquí en Lagunillas, aparte de eso yo tengo  dos niños y no le trabajo a nadie, somos productores y de verdad que salgo es a pedir para darles de comer  a mis hijos y para llevarles a ellos”.

Ruegan a las autoridades celeridad en los  procesos judiciales. “Ojalá y los saquen en un plan de esos Cayapa porque a ellos les costó tanto para que les dieran una audiencia preliminar, paso más de  un año para que los atendieran y aparte de eso con la  cuarentena no los volvieron a atender más, y  hasta yo que soy una persona que no tiene estudios un día me puse con el abogado a leer el expediente y vimos que es algo que está basado como en muchas mentiras, o sea, son cosas así raras, y no los han atendido y eso no es justo. Ahorita la situación es demasiado fuerte como para mantenerlos a ellos allá”.

Abogado penalista: “leyes venezolanas favorecen a la tercera edad”

El abogado penalista Armando De La Rotta señala que las leyes venezolanas establecen que personas mayores de 70 años no deben permanecer recluidos en retenes y cárceles del país.

"El Código Penal venezolano sostiene que las personas mayores de 70 años se les puede dar un arresto domiciliario, de hecho, es de carácter obligatorio. La privación preventiva de libertad de ellos es de carácter restrictivo, es decir pueden ser objeto de una medida casa por cárcel, fianza, dependiendo del delito que hayan cometido".

Señaló que por esta razón, el porcentaje de personas de la tercera edad que ocupa los reclusorios venezolanos es mínimo. Sin embargo, existen personas detenidas en condiciones no adecuadas, sobre todo por el tema de la salud. “En Venezuela esa es una normativa que se respeta mucho, salvo excepciones porque hay gente que está privada de libertad de la tercera edad, pero realmente es muy poca”.

En cuanto a los delitos señaló que el robo y el tráfico de estupefacientes son las principales causas de detención de estas personas. “Hay delitos de droga, homicidios, delitos de carácter sexual que a veces son cometidos en contra de niños por personas  adultas incluso de la tercera edad, pero en líneas generales, en Venezuela la gente de la tercera edad realmente disfruta  de un beneficio. Ahora, la gente que no, está expuesta al hacinamiento, propensa a enfermedades, a la carencia de personas que les lleven los alimentos. Como sabemos ahorita en estos retenes hay personas mayores que no tienen personas que les lleven la comida o siquiera los útiles personales para su asistencia diaria”.

Señaló que otro de los problemas existentes es el retardo procesal. “A veces no se estudia o se dan cuenta que estas personas son de 70 años o mayores y tienen dos, tres, cuatro años privados de libertad violando la normativa que establece el Código Orgánico Procesal Penal, incluso la normativa  el Código Penal”. Según el abogado, esta situación ocurre en ocasiones por descuido de la defensa del detenido  y de parte de los tribunales, “porque de oficio también el juez puede  solventar esta situación, pero la dejan pasar haciendo caso omiso, en fin... El Ministerio Publico también puede hacer esta petición, pero esto ocurre porque no le dan la importancia  suficiente y permiten que estas situaciones ocurran, y como sabemos en los retenes policiales hay un descontrol total y una situación bastante fuerte para los adultos mayores”.

Posición del gobernador del estado

Al respecto, el gobernador del estado Mérida Ramón Guevara señaló que en reiteradas ocasiones han conversado con las autoridades policiales para brindar apoyo médico asistencial a quienes se encuentran recluidos en los CDP merideños, entre ellos a las personas de la tercera edad. Señaló que dada la pandemia por el Covid-19, el ejecutivo regional puso a la orden al personal de la Corporación de Salud, Corposalud, para atender a quienes lo necesiten en el retén policial de Glorias Patrias. Sin embargo, señaló que la repuesta de las autoridades fue negativa, según dijo, porque ya quienes lo ameritan están siendo atendidos.

Al respecto, desde que comenzó la cuarentena, representantes de la Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad de Polimérida han publicado en las redes sociales diferentes operativos médicos y visitas a los reclusorios, para orientar a los detenidos acerca del coronavirus y sus efectos. Además, han realizado despistaje de Covid-19 a través de pruebas rápidas, que según información obtenida arrojó positivo en uno de los detenidos que fue puesto en aislamiento en el Hospital Universitario de Los Andes donde fue atendido.

De igual forma, aseguran que quienes necesitan revisión médica son atendidos en operativos especiales que se llevan a cabo con frecuencia en los diferentes retenes y de ser necesario son trasladados al principal centro asistencial merideño

En cuanto a la alimentación, aun cuando los CDP no están en capacidad de suministrar la alimentación diaria a los reclusos, apoyan con jornadas de entrega de alimentos y otros enseres a quienes se encuentran en los reclusorios temporales, muchos de ellos ya  procesados y esperando su traslado al Centro Penitenciario de la Región Andina.

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