En calabozos de Caracas : Internos detenidos han protestado por derechos incumplidos

En calabozos de Caracas : Internos detenidos han protestado por derechos incumplidos

Durante este 2020, y los más de siete meses de pandemia en Venezuela, la población reclusa de los CDP de la capital de Venezuela manifestó para exigir celeridad procesal, jornadas médicas y para evitar que subieran el valor de las visitas “bajo cuerda” que les hacen sus familiares

Angélica Lugo, UVL / Caracas

Las primeras dos semanas de la cuarentena en Venezuela fueron una bomba de tiempo en los calabozos policiales que estalló con varias protestas que, de acuerdo con la población reclusa, se hicieron de manera coordinada con reclusos detenidos en comisarías de otras regiones e, incluso, en cárceles que dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario.

Aunque nunca se confirmó que existiera una coordinación entre reclusos de varios estados, las protestas en Caracas coincidieron con algunas registradas en CDP de Miranda y Nueva Esparta.

Abril de 2020 inició con el reporte de huelgas de hambre, en paralelo, en los centros de detención preventiva de la Policía del Municipio Baruta (Polibaruta), de la Policía del Municipio El Hatillo (Polihatillo), de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Boleíta que es conocida como “Zona 7” y de la Policía del Municipio Sucre (Polisucre). Los internos pedían que los tribunales no paralizaran sus labores a pesar de la pandemia, pero además, exigían a las autoridades competentes que inspeccionaran sus áreas de reclusión y que gestionaran jornadas médicas y medidas humanitarias para los reclusos enfermos.

Familiares de los privados de libertad detenidos en Polisucre compartieron a UVL imágenes de la población que documentan cómo los internos lucían pálidos y desnutridos.

Aunque los calabozos de la PNB de Boleíta son los más críticos del Área Metropolitana de Caracas, debido a que más de mil internos están en un espacio que fue diseñado para albergar a 250 personas por lapsos de 48 horas, en esa oportunidad no circularon fotografías de la población reclusa. Sin embargo, sus esposas y madres impresionaron en las afueras de ese CDP sin cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19.

La desesperación de las mujeres por apoyar a sus parientes que pasaron cuatro días en ayuno voluntario les impidió cumplir con el distanciamiento social. Su objetivo era evitar que los funcionarios tomaran represalias en contra de los internos y que, además, les permitieran pasarles caramelos e hidratación para que cumplieran con la huelga de hambre la máxima cantidad de días posibles. El primer objetivo lo lograron, pero el segundo no. Ante la falta de insumos y la ausencia de respuestas, los reclusos levantaron la protesta tras cuatro días.

Madres y esposas en las afueras de la PNB de Boleíta

Aunque las mujeres lograron que sus familiares no fueran castigados por protestar, no se sintieron atendidas por las autoridades, como sí pasó en los calabozos de Polihatillo. El entonces director de esa policía, Comisario Sergio González, les dio una charla a la población reclusa, junto con sus familiares, para explicarles la situación mundial y en Venezuela por la llegada del Coronavirus.

La huelga de hambre de reclusos de cuatro calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas coincidió con una protesta que hicieron internos de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc de El Hatillo. Los detenidos tomaron fotografías y grabaron un video para documentar cómo los funcionarios a cargo de esa sede de la policía científica los castigaron al bloquearles la reja del calabozo de los masculinos civiles detenidos allí. La acción de los policías no solo les incomodó, sino que también les impedía respirar bien. La modificación a la puerta les restó la ventilación.

Puerta bloqueada en celda de población masculina de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc de El Hatillo

Corrupción y violación de la norma

Pese a que la suspensión de visitas fue la principal medida que se tomó en los calabozos policiales, e incluso en las cárceles, en algunos CDP la norma fue aprovechada por funcionarios para “oficializar” el cobro de visitas “bajo cuerda” en dólares. En la PNB de Boleíta, por ejemplo, una visita normal cuesta entre 3 y 5 dólares, mientras que la visita conyugal cuesta, en la actualidad, 10 dólares.

Los más de mil reclusos detenidos en esta comisaría, ni sus familiares, protestaron por esta situación, pero al otro extremo de la ciudad, en la PNB de San Agustín del Sur, los internos se amotinaron el segundo fin de semana para evitar que les aumentaran la visita a dos dólares. Y, después de dialogar con los funcionarios, de manera pacífica, lograron que el cobro de la visita se mantuviera en un dólar. Así ocurrió durante tres días, pero el jueves 15 de octubre los funcionarios cobraron las visitas en 2 dólares. Aunque algunas mujeres manifestaron su descontento y el de la población reclusa, la petición no se cumplió y, muchas madres y esposas no pudieron ver a sus parientes.

“¿Cómo una persona que cobra sueldo mínimo puede tener dos dólares para visitar a su hijo y esposo si, además, tenemos que movilizarnos hasta allá con alimentos e insumos para nuestros presos. Es muy injusto que los policías nos cobren en dólares. El cobro de las visitas es algo ilegal”, manifestó a Una Ventana a la Libertad la madre de uno de los detenidos en la PNB de San Agustín del Sur.

Todas las protestas durante 2020 de la población reclusa detenida en los calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas han sido para exigir derechos que no les han sido cumplidos: celeridad procesal, buenas condiciones de reclusión, jornadas médicas y medidas humanitarias. El caso de la PNB de San Agustín del Sur es un hecho aislado que, con la instalación del sistema penitenciario paralelo en los CDP se ha normalizado: el cobro de visitas, algo que ejemplifica la corrupción policial en estos espacios.

Las violaciones de derechos humanos que documentaron los reclusos de la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo en abril de este año tuvieron un impacto negativo para ellos y sus familiares. Aunque dieron a conocer cómo les restaron ventilación al bloquearles la puerta de la celda, sus parientes denunciaron a UVL que los policías ya no les permiten comunicarse mediante cartas y que, además, solo les permiten llevarles una comida por día. Esto evidencia que, protestar y dar a conocer cómo son las condiciones de reclusión en estos espacios, se puede pagar con castigos y más restricciones.

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