Crisis carcelaria: hacinamiento y retardo procesal caldean los ánimos en los CDP de Valles del Tuy

Crisis carcelaria: hacinamiento y retardo procesal caldean los ánimos en los CDP de Valles del Tuy

Ante la falta de atención por parte de las autoridades, la protesta es la única herramienta con la que cuentan los privados de libertad para hacerse sentir

Rosanna Battistelli/UVL-Miranda

La protesta es uno de los mecanismos que ha encontrado la población reclusa venezolana para ejercer presión sobre las autoridades, en medio de una crisis carcelaria donde se vulneran los derechos y la dignidad humana de quienes están tras las rejas.

En el año 2020, a propósito de la emergencia por la pandemia de covid-19, los reclamos de los privados de libertad han sido recurrentes, pues sumado al retardo procesal que ha ocasionado la paralización de las actividades judiciales, está el temor al contagio y el aumento de la desnutrición, a propósito de las dificultades que enfrentan los parientes de los presos para llevarles comida.

En los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los seis municipios de los Valles del Tuy, subregión mirandina ubicada en el centro norte de Venezuela, a 50 minutos de Caracas, las quejas son una constante. Los privados de libertad -al menos 495 hombres y 75 mujeres- permanecen recluidos en estos espacios que funcionan como cárceles, sin ningún tipo de presupuesto ni condiciones.

En el mes de abril los 17 detenidos en el Centro de Coordinación Policial del municipio Simón Bolívar, en San Francisco de Yare, elevaron su voz de protesta para exigir sus traslados a los penales asignados por los tribunales de justicia.

Tras dos días de manifestación, golpeando los barrotes y gritando sus solicitudes, 6 de los 17 presos se causaron heridas cortantes y se negaron a recibir los alimentos que les llevaron sus familiares. El hacinamiento y el temor a enfermarse formaron parte de sus reclamos, los cuales fueron escuchados por representantes del Ministerio Público (MP). Así levantaron la protesta.

Ese mismo mes los privados de libertad del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy, con sede en Santa Teresa, se declararon en huelga de hambre para exigir celeridad procesal, cansados de pasar hambre, sed y vivir en un espacio sin ventilación ni luz natural.

A diferencia de lo ocurrido con los presos del Centro de Coordinación Policial del municipio Simón Bolívar, los arrestados en el Cicpc de Santa Teresa no fueron escuchados y aún permanecen hacinados, en espera de que sus casos sean revisados.

«Los hijos duelen»…

Este tipo de reclamos generan preocupación en los familiares de los presos, pues en ocasiones acarrean sanciones contra los reclusos; sin embargo, sus parientes coinciden en que se han convertido en herramientas para llamar la atención de las autoridades. Así ocurrió la primera semana de octubre cuando se filtró la información de que los presos el Cicpc de Ocumare y sus familiares estaban organizando una protesta. El martes 6, los reos que esperaban por las audiencias preliminares, fueron trasladados al Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, ubicado en la parroquia Santa Bárbara del municipio Lander, en el marco de un «Plan Cayapa». Veinticuatro hombres y una mujer quedaron en libertad, y de esta manera se abortó la protesta.

El hijo de Rosalía -nombre ficticio para proteger su identidad- fue uno de los beneficiados. Cuando Rosalía conoció la noticia, su corazón latió tan fuerte como el día que se enteró que su muchacho estaba involucrado en un robo. Asegura que de no haber sido por la amenaza de protesta, su descendiente aún estuviera tras los barrotes.

«Fueron siete meses de angustia. Todas las noches le pedía a Dios que mi hijo volviera a casa. El día que lo detuvieron, lo golpearon y le dieron con la cacha de un revólver por la cabeza. Cuando me lo contó sufrí mucho. Era como sentir en carne propia esa agresión. Los hijos duelen y aunque cometan un delito, nadie es quien para tomar la justicia por sus manos, para eso existen los canales regulares», sentenció.

Entre lágrimas Rosalía contó a Una Ventana a la Libertad (UVL) los malabares que hacía a diario para llevarle comida a su descendiente, en medio de una crisis económica nacional donde el salario mínimo integral alcanza solo para comprar una harina de maíz y medio kilo de queso blanco.

«Muchas veces le llevé arroz solo porque no tenía más nada. Me levantaba a las cinco de la madrugada y me venía muchas veces caminando hasta el Cicpc», contó la mujer, quien vive en la parroquia Nueva Cúa, a 17 kilómetros de la policía científica con sede en Ocumare del Tuy.

Derechos pisoteados

El derecho a la alimentación es uno de los más vulnerados en los CDP de los Valles del Tuy, a propósito de que ninguno cuenta con comedor y son los familiares quienes deben garantizar la comida de sus parientes, ante la incapacidad del Estado, según destaca la socióloga María Salvatierra.

«Tampoco hay garantía de servicios básicos ni acceso a la salud y por ello vemos tantos presos desnutridos y enfermos, quienes solo logran expresarse a través de la protesta o de las denuncias de sus familiares en la prensa, bajo el riesgo de ser agredidos, torturados o castigados», acotó.

Salvatierra resalta que esta precariedad que prevalece en los recintos temporales pone en riesgo la vida de los presos y mantiene en un estado de angustia permanente a sus parientes. «Esta angustia se agudiza cuando se enteran de alguna protesta o intento de fuga porque están conscientes de que ello genera represalias. En el mejor de los casos suspenden las visitas o los maltratan verbalmente, pero, en otras ocasiones, las sanciones ilegales son más severas», acotó.

José Bastidas estaba detenido en el Cicpc, subdelegación Santa Teresa, desde mayo de 2018 por el delito de hurto calificado. Su cuadro era delicado. Además de desnutrido, presentaba otras complicaciones de salud. Sus familiares acudieron a distintas instancias para solicitar que se revisara su caso y, en vista de que sus peticiones no eran atendidas, estaban organizando una protesta a las afueras del CDP. La primera semana de octubre Bastidas fue puesto en libertad.

Para Salvatierra este caso es una muestra de lo que se puede lograr con una protesta y aunque reconoció que no siempre los reclamos son escuchados, destacó la importancia de que continúe la lucha para que los CDP y las cárceles venezolanas sean lugares para la rehabilitación y no para el castigo y la violación de los derechos humanos.

Los CDP son inhabitables

El ex subdirector nacional de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP), José Luis Azuaje, citó el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para afirmar que todo ciudadano tiene derecho a la protesta. «El hecho de que una persona esté detenida, solo limita su libertad personal, pero se le deben garantizar sus otros derechos, de acuerdo con lo que dictamina la ley», sentenció.

El abogado penalista refirió que en los CDP son comunes las protestas a propósito de que estos espacios no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y albergan a un número de presos que sobrepasa la capacidad de estas instalaciones.

«Estos lugares no cumplen con los requisitos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni en ningún otro texto específico que contenga las reglas mínimas para el tratado de privados de libertad», acotó.

Refirió a su vez que los policías destacados en los diferentes CDP no son suficientes para custodiar el área y tampoco están entrenados para tratar con la población penal, pues para ello se estudia una carrera universitaria. El abogado atribuye a esta deficiencia el hecho de que en los retenes policiales haya más índice de confrontación entre presos y funcionarios que en las cárceles.

Al ser consultado sobre los actos de tortura detrás de las rejas, Azuaje señaló que «para nadie es un secreto que hay maltrato físico en los penales» y acotó que muchas son las denuncias que cada año se investigan desde la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, a través de los fiscales de Derechos Fundamentales.

«Estos funcionarios están encargados de velar por la integridad física de los presos y por ello vemos que se instalan mesas de trabajo para dialogar con las partes y evitar los conflictos. En este aspecto las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) también juegan un papel preponderante , aunque hay cierto celo por parte de las autoridades penitenciarias en cuanto a la labor qe ellas desarrollan”, acotó.

Finalmente reiteró que de acuerdo con el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario (COP) todo privado de libertad tiene derecho a un trato digno, a la información, a las visitas, a la vida, a la salud y a cumplir su reclusión en establecimientos con todas las condiciones y los servicios; sin embargo, actualmente este precepto legal es letra muerta.

Foto: Una de las peticiones de los familiares de los privados de libertad en el Cicpc de Ocumare del Tuy es que aceleren los procesos penales Foto: Rosanna Battistelli

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