CDP de Mérida en alerta por COVID-19

CDP de Mérida en alerta por COVID-19

Equipo Investigación UVL

El estado Mérida no escapa a la realidad carcelaria de Venezuela. El hacinamiento es el común denominador de los problemas que padecen quienes se encuentran recluidos en los Centros de Detención Preventiva ubicados en los 23 municipios del estado, la mayoría de ellos en las comandancias policiales de la entidad andina. Las enfermedades y la carencia de servicios públicos eficientes azotan a quienes permanecen en los calabozos de las comisarias.

Los retardos procesales favorecen el incremento desmedido de personas en los retenes y por ende, los problemas que afectan no solo a los privados de libertad, sino a sus familiares. La falta de atención en materia de alimentación y salud encima la responsabilidad a los familiares de los presos, por cuya cuenta corre todo lo concerniente a comida, medicinas, productos de aseo personal, vestimenta y todo lo relacionado al proceso judicial, incluso los traslados desde los centros de detención al Circuito judicial y tribunales.

La inexistencia de áreas de atención médica y de personal médico asistencial en los reclusorios dificulta la atención oportuna a quienes padecen patologías de diferentes tipos, desde enfermedades de la piel hasta las infectocontagiosas que causan estragos en todos los retenes del país. En resumen, los CDP ubicados en los organismos de seguridad del estado no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar los derechos humanos de quienes allí se encuentran en situación de detención temporal o permanentemente.

Ahora, la amenaza del Coronavirus, enfermedad que ha causad la muerte de miles de personas en el mundo ha encendido las alarmas en estos espacios, que no han sido diseñados para la reclusión de personas por largos períodos de tiempo.

Alarmas encendidas

Una vez detectados los primeros casos sospechosos de Coronavirus en el país, y ante la amenaza latente de un virus altamente agresivo y contagioso, las autoridades policiales anunciaron medidas que fueron aplicadas en los CDP de la policía estadal y en otros de la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC y otros cuerpos de seguridad. La primera de ellas: la suspensión de las visitas a los privados de libertad, para resguardarlos de ser contagiados por personas ajenas a los reclusorios.

Voceros de la Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad de Polimérida encabezada por la abogada Kennia Hernández anunciaron la medida que busca contener el acceso del virus a los centros de detención y el contagio de los detenidos. Además, aseguraron que el acceso de los alimentos suministrado por los familiares está permitido para garantizar la alimentación de los privados de libertad.

Un comunicado oficial de la REDI Los Andes y la Zona Operativa de Defensa Integral No. 22, ZODI Mérida, comandada por el G/D Danny Ramón Ferrer Sandrea de fecha 21 de marzo señaló que en el marco de la Operación "Escudo Bolivariano 2.020" y la Orden de Operaciones "Páramo Seguro" bajo los lineamientos del G/D Ferrer Sandrea y del director de Polimérida, coronel (GNB) Heli Saul Infante Weffer, fue realizada una visita de la autoridad única de salud en el estado, Dr. Ramón Nieves "para conversar con los privados de libertad en relación al virus pandémico COVID-19", cuyo objetivo principal fue orientar a los detenidos en el retén de la comandancia general de policía acerca del Coronavirus y la afectación producto del contagio de la enfermedad a miles de personas en todo el mundo. De igual forma, el comunicado indica que "se les explicó sobre las previsiones que deben tomarse aun estando ellos en condición de internos y la necesidad de reportar cualquier síntoma que pueda presentar alguno de ellos. Además, se les explicó como hacer un tapabocas con los recursos que se tienen a la mano".

La actividad se extendió a otros reclusorios como el CCP-1 Mérida anexo femenino "La Alcaldesa", ubicado en la Vuelta de Lola de la capital andina, donde representantes del frente Francisco de Miranda y del Concejo Municipal de Libertador , entre ellos la abogada Kennia Hernández, jefa de la Unidad de Atención al Privado de Libertad de la policía del estado Mérida, visitaron a las privadas de libertad de este centro de reclusión para informarles acerca de la situación por la que atraviesa el país debido al virus COVID-19. Durante la actividad les fue suministrada información sobre cómo prevenir el contagio, reportar cualquier síntoma que suponga la presencia del virus y se les entregó un tapabocas, para que sea utilizado como medida preventiva. Estas medidas se llevan a cabo en el resto de los CDP de la entidad para minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad.

Posición de las autoridades de salud.

Al ser consultado por el equipo investigador de Una Ventana a La Libertad en el estado Mérida, la autoridad única de salud en la entidad, Dr. Ramón Nieves, aseveró que se están ejecutando las acciones preventivas necesarias para evitar la expansión del virus a los retenes y Centros de Detención Preventiva. "Estamos trabajando con la Dra. Kennia Hernández, estamos preparando una charla para ir a conversar con los que están detenidos allí en nuestra sede de reclusión para hablar con ellos y llevarle esta información, tranquilidad, conciencia, formación, educación, evitar el miedo y sobre todo los rumores de las redes sociales (…), la tarea de nosotros en el área de salud es llevar la educación, la formación, la detección de los casos y establecer los sistemas epidemiológicos que allí deben estar".

Por su parte la directora del Hospital Universitario de Los Andes, Dra. Indira Briceño manifestó que desde la Corporación de Salud de Mérida y el principal centro asistencial del estado existe el compromiso y la disposición de brindar la atención necesaria a la población penitenciaria en cuanto a impartir información y medidas de seguridad para prevenir el contagio. "En cuanto a los retenes policiales, tanto Corposalud como el Hospital Universitario se comprometieron en brindar atención médica a los privados de libertad y en dotarlos de tapabocas de tela para que esta población también esté protegida contra el coronavirus", señaló la directora del IHULA, quien estima prudente y apropiada la medida de suspensión de las visitas a los CDP. "Probablemente ellos tengan riesgo cuando reciben a familiares durante las visitas que les corresponden, y los funcionarios policiales deben mantenerse con sus tapabocas, usar los guantes cuando vayan a tener contacto directo con los privados de libertad o con personas ajenas a ellos que sean los privados de libertad".

Defensores de Derechos Humanos preocupados

Dada la condición de hacinamiento de las cárceles y los reclusorios temporales, representes y defensores de Derechos Humanos han manifestado preocupación por la afectación que pudiera causar el contagio de privados de libertad con el COVID-19.

La activista de DDHH y miembro del Observatorio Penal Mérida, Sarita Montiel, aseveró que le preocupa la sobre población que existe en los centros penitenciarios y centros de reclusión temporal del estado. "No son las mejores entidades con las mejores características debido al hacinamiento y la insalubridad y la falta de ventilación (…) no podemos obviar que existe dentro de esos centros penitenciarios un foco muy importante de enfermedades frecuentes que tienen su hábitat dentro de estos sitios de reclusión, como amibiasis, VIH y otras enfermedades contagiosas y enfermedades sexuales, respiratorias lo cual facilita ahora que se presenta este virus (COVID-19) que sea un foco de mayor incidencia, tanto para los reclusos como para los custodios".

Señaló que la Ley del Trabajo establece las normas de seguridad mínimas para cualquier trabajador lo cual debe ser respetado y garantizado por las autoridades. "Nos preocupa no solamente la población privada de libertad sino también sus custodios y toda aquella persona que entre a estos centros de reclusión llámese CICPC, retén policial de Glorias Patrias y en cualquiera de los municipios los centros policiales que existen a nivel municipal que también han tenido que ser usados como centros de privación de libertad", razón por la cual exhortó al respeto de los derechos humanos tanto de los privados de libertad como de los custodios y sus familiares.

Fernando Cermeño, de Foro Penal Mérida aseveró que las condiciones deplorables de las cáceles venezolanas son altamente conocidas, en particular las condiciones anti higiénicas y de insalubridad que provoca el hacinamiento, la falta de agua y alimentos adecuados, lo cual en este caso, favorecería el contagio de la población carcelaria con el virus.

"Todo ello provoca que estén dadas todas las características propicias en las cárceles venezolanas para que sean infectadas por el Coronavirus las personas que se hayan privadas de libertad", señaló el abogado, a quien le preocupa que la suspensión de las visitas afecte también el ingreso de alimentos a los CDP. "La ausencia de frecuencia en el suministro de alimentos ahora profundizada por la prohibición de las visitas de los familiares que muchas veces suplen de alimentos a sus familiares presos, agudiza el peligro de contagio del COVID-19, pues las defensas de los reclusos bajan significativamente por la falta de buena alimentación".

Al respecto, la sub directora del Hospital Universitario de Los Andes, Dra. Jueida Askoul, aseveró que una persona mal alimentada es presa fácil de cualquier enfermedad. "Sin duda, un paciente mal alimentado es un paciente que no tiene buenas defensas, y un paciente cuyo sistema inmunológico no responde es presa fácil de cualquier virus, y mucho más de este virus (COVID-19) tan agresivo y tan contagioso", señaló.

Familiares a la expectativa

Mientras, a los familiares de los privados de libertad que se mantienen alerta y en cuarentena en sus comunidades para evitar el contagio, se les suma la preocupación por la situación de sus allegados recluidos en los centros de detención temporal. Dado que las visitas fueron prohibidas por las autoridades, a la hora de las comidas, alguno de los familiares se acerca a los CDP para llevar los alimentos, los cuales son revisados e ingresados para ser entregado al recluso correspondiente.

Conversamos con algunos de ellos, quienes pidieron no ser grabados ni identificados para evitar represalias. Coinciden en la preocupación por la condición de los retenes, el hacinamiento y sus consecuencias, y ahora por los estragos que pudiera ocasionar el eventual contagio de alguno de los internos con el COVID-19. Solicitaron a las autoridades que se tomen las medidas pertinentes para contener el acceso del virus a los sitios de detención, que aseguran no cuentan con las condiciones mínimas de higiene y servicios que garanticen el cuidado de los privados de libertad.

Esperan que los esfuerzos y acciones de las autoridades policiales, así como de la Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad, las autoridades de salud y los entes competentes sirvan para impedir que el virus penetre los barrotes de los calabozos y contagie a la población penitenciaria. De igual forma, a la par de las autoridades de salud, exhortaron a los efectivos policiales y custodios a acatar y cumplir con las recomendaciones preventivas y el uso de tapabocas y guantes para minimizar la posibilidad de contagio de los detenidos.

Fotoleyenda: Autoridades de salud imparten charlas acerca Covid-19 en CDP de Mérida.

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