Alertan el altísimo riesgo de propagación del COVID-19 que existen en Centros de Detención Preventiva por la medida de restricción de transito y circulación aplicado por el gobierno de Maduro debido a la pandemia mundial.
Equipo de investigación UVL
“Es dantesco… es un riesgo altísimo y solo personas desquiciadas son capaces de aplicar ese tipo de medidas con una población carcelaria en las condiciones como la que existe hoy en día”. Así de contundente es la expresión que el sacerdote Alfonso Maldonado, Vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, utiliza para referirse a las detenciones preventivas que se están practicando a personas que no cumplan con la restricción del horario de tránsito y circulación que el Gobierno Nacional de Nicolás Maduro ha enviado a los cuerpos de seguridad y que se ha ejecutado durante esta cuarentena por la pandemia del COVID-19, sobre todo por el problema de hacinamiento que tienen todos los Centros de Detención Preventiva (CDP) y Centros Penitenciarios de Venezuela.
A pesar de que no está registrada en Gaceta Oficial; no hay una orden formal escrita y firmada; y tampoco se ha decretado de acuerdo a procesos regulares un “toque de queda” nacional, desde el 17 de marzo de 2020 que Maduro declaró la cuarentena social y colectiva, los gobernadores de los estados han instruido a los distintos cuerpos de seguridad que persona que no use el tapaboca como medida preventiva ante el virus que brotó en China o que circule por las calles después de las 7 de la noche será detenido preventivamente y acudirá a una serie de charlas de orientación sobre la pandemia o depende de lo que suceda al momento de su aprehensión puede ser procesado judicialmente.
Maldonado explica que este tipo de órdenes que se hacen “a viva voz” es una acción que está al margen de la ley pues no está estrictamente apegada a los parámetros jurídicos del país y, según su criterio, podría tener un objetivo claro que es que no exista ningún tipo de penalidad por violaciones de derechos humanos.
“Que se declaren este tipo de órdenes nos hace entender que estamos por fuera de un estado de derecho porque al final este tipo de acciones se ejecutan de viva voz con lo cual no se responsabiliza a los funcionarios de cualquier comportamiento, porque esa orden no firmada puede tener toda la intencionalidad de esquivar la justicia o que permita al funcionario salga impune y no tenga ningún tipo de vínculo con violaciones de derechos humanos”, opina Maldonado quien también es miembro activo de la Red de Defensores de Derechos Humanos que hace vida en Lara y que alberga a mínimo 10 organizaciones en la región.
Cuando el sacerdote hace hincapié en que este tipo de detenciones es un riesgo para los CDP y penales de Venezuela es por los niveles de insalubridad, carencias de servicios públicos y médicos además del hacinamiento que reina en los recintos que albergan a privados de libertad, situación que desde la Vicaría de Derechos Humanos han denunciado desde hace varios años y que para esta publicación reitera sobre todo por la coyuntura de la pandemia. De hecho, citó lo ocurrido en el estado Yaracuy cuando el gobernador ordenó el 18 de marzo la detención de personas que no cumplieran con las medidas y que en menos de 48 reportó al menos 600 personas aprehendidas (según nota de prensa de la gobernación de esa entidad) y llevadas a charlas preventivas que duraban 4 horas.
“Sí la intención es prevenir la pandemia lo menos adecuado es tener a tantas personas juntas, aglomeradas durante tanto tiempo porque el virus se termina propagando y si no saben esa particularidad que tiene el coronavirus son una cuerda de inútiles, pero realmente la pregunta es ¿eso lo están haciendo a propósito?; ¿no será que están creando ciertas resistencias para detener a personas? porque en definitiva un pueblo enfermo es un pueblo que no se puede oponer a las arbitrariedades”, declara Maldonado.
En referencia a lo que dice Maldonado sobre las pésimas condiciones de los CDP, Una Ventana a la Libertad (UVL) en su informe de investigación realizado durante 2019 reportó un hacinamiento a niveles impresionantes, en cifras, quiere decir que de los 500 calabozos policiales que existen en Venezuela 238 están abarrotados de presos pues albergaban a unos 16.700 detenidos en 2018 y ya el año pasado superaban los 19.000.
De acuerdo a UVL, en el año 2019, 172 reclusos murieron de diferentes causas pero 46 de ellas fueron por enfermedades, 22 especificas por tuberculosis, una señal de que los prisioneros sufren el tipo de enfermedades respiratorias que hacen que las personas sean más propensas a sufrir casos graves de coronavirus, en lugar de síntomas simples de gripe que comprenden la mayoría de los casos de COVID-19.
Asedio y hostigamiento
En distintos estados del país, medios de comunicación han reportado aprehensiones de personas que no han cumplido con las restricciones de la cuarentena incluso la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, el 24 de marzo, alertó que el gobierno nacional aprovecha la coyuntura del coronavirus para continuar con los presuntos asedios, hostigamientos y detenciones por parte de las fuerzas de seguridad. La diputada asegura, temer por la vida de los denominados presos políticos ante dos posibles casos de infectados con coronavirus en el centro de reclusión.
Reportes realizados en medios de comunicación de diferentes estados del país reportan al menos 30 detenciones de personas por no cumplir las medidas de la cuarentena. Se cita el caso informado por El Pitazo en su edición del 22 de marzo cuando en San Antonio del Táchira, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional y el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, detuvieron a 16 personas que se encontraban en un campo deportivo.
Los detenidos fueron trasladados al destacamento 212 de la Guardia Nacional, donde les indicaron que deben mantener la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. A través de un video donde se contabilizan al menos 16 personas detenidas, la autoridad del municipio fronterizo indicó la razón de la detención.
Luego el 27 de marzo en los estados Lara y Bolívar se reportaron aprehensiones de personas por parte de las policías regionales y los militares. En Puerto Ordaz capturaron a varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública e incumpliendo la cuarentena mientras que en Barquisimeto al menos 25 personas fueron llevadas por la GNB hasta un comando para recibir charlas preventivas durante 4 horas
Prohibiciones, angustia y solidaridad
Los escenarios que se viven en los CDP y penales del país desde que se declaró la cuarentena van desde las prohibiciones a ciertos alimentos, angustia de familiares de privados de libertad y las acciones de solidaridad que han aplicado los presos entre ellos.
Lo primero que aplicaron las autoridades fue la suspensión de visitas de familiares para ver a los privados de libertad. En Barquisimeto y Mérida se dieron las medidas días después de que Maduro decretara la cuarentena el 17 de marzo.
En la capital de Lara, nadie podía entrar a ver a los presidiarios que están en la Comunidad Penitenciaria Fénix y Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) ubicados al norte de Barquisimeto, para evitar cualquier tipo de contagio y solo otorgaban el acceso a paquetes de comida, artículos de aseo e higiene personal. En la “ciudad de los caballeros”, Ramón Nieves, autoridad única de salud se reunió con los presos para explicarle las medidas de suspender las visitas por el coronavirus.
También, el 18 de marzo, en la estación de la Policía Nacional Bolivariana de El Valle de Caracas las autoridades comenzaron a exigirle a los familiares la entrega de tapabocas y guantes para el uso de los presos, pero los familiares denunciaron que este requerimiento era difícil de adquirirlo para muchos pues la mayoría no tenían recursos monetarios para comprarlos y dárselos a sus parientes presos.
El 23 de marzo la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó la suspensión de las visitas en todas las cárceles del país. Esta decisión se tomó con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Según un comunicado del Ministerio, una vez culmine la contingencia del coronavirus, se implementará un método de contacto entre los encarcelados y sus familiares.
Varela destacó que su despacho elaboró un protocolo para abordar la cuarentena desde los centros penitenciarios de Venezuela. El plan contempla la confección de mascarillas en los talleres textiles de todas las cárceles. Asimismo, la ministra ordenó preparar por galones el gel antibacterial elaborado con alcohol absoluto de 91% y cristal de sábila.
La organización de derechos humanos Foro Penal hizo el pasado jueves 19 de marzo una solicitud formal a la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para que solicite acceso a las cárceles venezolanas, evaluar la situación y tomar medidas para resguardar la salud de los presos y hasta ahora no ha logrado respuesta. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG advirtió que hay centros con condiciones muy delicadas.
“En los calabozos de detención preventiva la realidad golpea más duro, ya que están todavía más sobrepoblados. Una de las medidas efectivas para frenar la dispersión del coronavirus es lo que han llamado ‘distancia social’. Por esto, el hacinamiento hace a los presos más vulnerables a la epidemia. Especialmente si no tienen acceso a agua”, dijo Himiob en una entrevista publicada en la web de El Estímulo.
Contrario a toda este drama y angustia, la solidaridad de los privados de libertad ha salido a flote. En Lara y Carabobo se ha conocido como los presos que no son oriundos de esas entidades y no tienen familiares cercanos que le puedan llevar alimentos, sus compañeros de celda se han encargado de brindar un poco de alimentos y artículos de aseo e higiene.
En el eje de homicidio del Cicpc de Lara, Fénix, Uribana y Tocuyito de Carabobo, Una Ventana a la Libertad ha logrado conocer que entre las restricciones dictada por el Ministerio se encuentra que los familiares solo pueden hacer entrega de alimentos a un recluso y no a varios.
“Muchos familiares que no pueden venir a las cárceles porque son de otros estados y pasar de estado a estado está prohibido entonces nos hacen una transferencia bancaria para que le compremos a sus reos comida y se la entreguemos a nombre de uno del compañero de celda que tiene familiar y entre ellos se comparten lo que lleva el paquete y así aguantan” fue lo que contó Manuel Barrera una de las estrategias que han aplicado para hacerle llegar comida a los detenidos de la región crepuscular.
Fotoleyenda: Grupo de personas detenidas en Barquisimeto por estar circulando en las calles luego de las 7 de la noche
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