Ancianos presos: una población invisible y doblemente vulnerable en los calabozos policiales

Ancianos presos: una población invisible y doblemente vulnerable en los calabozos policiales

Jessika Ferrer/ Zulia

La condescendencia no existe para los privados de libertad de la tercera edad en los calabozos de los centros de detención preventiva en Zulia. Sobrevivir es la meta, les aterra la idea de morir en prisión, aunque sean los más vulnerables por enfermedades degenerativas entre la población reclusa. ¿Cuántos son? No hay un número oficial exacto. Pero los oficiales estiman que exista al menos uno  en cada calabozo de la región.

Carlos García, jefe de región del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), considera que en la mayoría de los casos las personas de la tercera edad incurren en un delito por legítima defensa, por algún desenfreno pasional o de manera culposa.

“Existen otros casos de personas que nunca tuvieron registro policial por incidencias delictivas, no porque no las cometieran, sino porque las cometían esporádicamente y nunca fueron descubiertas. En estos casos nos referimos a una conducta pre delictual”, aclaró el comisario.

El delito que cometan definirá cómo será su instancia en el calabozo donde los recluyan. Quienes caen por violación de niños siempre tienen una deuda con sus compañeros de celda y los golpean. Pero los otros, quienes ingresan por tráfico de droga, robo, estafa o hasta homicidio se adaptan hasta que les toca salir, comentó un funcionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ).

Adaptarse es fundamental

Para su captura en los procedimientos policiales, los ancianos oponen menos resistencia que los jóvenes y por ende reciben un trato menos violento. Pero ya en el calabozo deben adaptarse a las reglas de quienes dominan esos espacios y a las condiciones de la cotidianidad.

Para Nelly, de 64 años, su mayor castigo es no cumplir con sus obligaciones de ama de casa, atender a sus nietos, recibir los fines de semana a sus hijos, saber cómo está su casa. La detuvieron en octubre de 2018 y la privaron de libertad por el delito de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. La detuvieron en su residencia, era la única persona que estaba presente cuando una comisión del DIEP de la Policía Municipal de San Francisco arribó para allanar un anexo en la parte posterior de su vivienda. Buscaban a su hijo, a su nuera y al cuñado de este. Los acusaban de hurtar transformadores y ocultarlos en un taller.

Pese a que sufre de hipertensión ha adelgazado, según ella al menos 10 kilos, y duerme sobre el piso en una colchoneta. Está agradecida con la vida. “Si hubiera estado mi hijo en ese momento me lo matan. Llegaron violentos, como yo estaba sola, los policías bajaron. Me trajeron en la patrulla y aquí sigo. Es como ir muriendo poquito a poco. Uno sabe que los de uno la están pasando mal y no poderles meter la mano…”. En espera de la audiencia preliminar, murió su marido, con quien compartió  41 años de vida. “El viejo no aguantó verme aquí, al quinto mes se murió del corazón”.

La anciana  defiende su inocencia. A medida que pasan los días, construye su cotidianidad en prisión, en un calabozo sin barrotes, con una ventana, un televisor y otras 12 reclusas, una de ellas cinco años mayor. Aunque le permiten salir de su celda para limpiar, lavar, agarrar agua, ella prefiere estar adentro y cuidarse. Su mayor sueño es poder pasar otro día de las madres o un diciembre con sus hijos con quienes solo tiene contacto vía telefónica. Antes la visitaban una vez al mes, viven en Jesús Enrique Losada y la escasez de la gasolina les impide visitarla con regularidad.

Se resisten al olvido

Ligia Pérez, de 69 años, es una de las dos privadas de libertad de tercera edad en la Tercera Compañía del Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana en el Aeropuerto de Maracaibo. A inicio de agosto comenzó una huelga de hambre en pro de conseguir una medida humanitaria que la sacara del calabozo 6X6 Mts2 donde convive sin ventilación, agua ni luz natural con otras 44 privadas de libertad. Al empezar a sentirse decaída y tener el pensamiento de complicarse y morir en el encierro acabó en pocos días con su protesta.

La privada de libertad es oriunda de Caracas y la apresaron, el 2 de agosto de 2018, en su domicilio por tráfico de drogas. Desde Maracaibo, un conocido de la familia envío un paquete con marihuana a su dirección. Una comisión antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana en compañía de un fiscal la sacó de su casa, en Los Chorros, para interrogarla y nunca volvió. Su familia tardó días en saber cómo y dónde la tenían. Sin previa notificación a sus parientes la trasladaron al calabozo militar en la capital zuliana y ahí permanece. La hermana de Ligia, Morelia Pérez, recurrió a una ex reclusa y compañera de celda para poder enviarle algo de lo que necesite. “Le transfiero y la señora le llevara lo que puede y cuando pueda”. Desde noviembre de 2019,  los Pérez no han tenido contacto con Ligia. Desconocen cuál es su estado de salud actual y qué impide que su pariente pueda recibir una libertad condicional, si ya han solicitado en dos ocasiones una medida humanitaria por su condición física.

Su diminuto, escuálido y envejecido cuerpo no tardó en sufrir los estragos del encierro. Adquirió Zika y su salud decayó. Ha perdido casi por completo su visión y sus compañeras creen que empieza a padecer de demencia senil. “Pelea sola, grita, llora. No habla con nadie. Es difícil lidiar con eso”, comentó otra reclusa.

Las pocas veces que Pérez  ha salido del calabozo es para sus audiencias o para valoraciones forenses. Pese a su condición física y a su edad, la someten a los castigos impuestos por los militares a las reclusas cuando “se alborotan”. A comienzos de 2020 la esposaron por horas al igual que a sus compañeras por una riña entre las internas.

En la celda del Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se contabilizan tres ancianos: uno de 72 años, otro de 67 y otro de 62. Sus complicaciones de salud son las que más preocupan a sus familiares. Quienes deben, en la medida de sus posibilidades, cumplir con tratamientos para la tensión arterial o diabetes que no saben si llegan a sus manos. Sobreviven, mientras que sus familiares buscan la manera de devolverles su libertad. “En julio se complicó un viejito, desnutrido, sin familia, sin abogado, casi se muere. Lograron sacarlo con ayuda de un tribunal, se lo llevó una iglesia, porque no tenía quien lo buscara”, comentó un militar.

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