Traslados a centros médicos y acceso a tratamiento se hacen cada vez más difíciles en CDP del estado Vargas

Traslados a centros médicos y acceso a tratamiento se hacen cada vez más difíciles en CDP del estado Vargas

Nadeska Noriega, UVL/ Vargas

El hijo de Adela Flores tiene 60 días con una infección urinaria. En ese tempo solo ha sido chequeado por un médico no especialista, que ordenó realizarle una serie de estudios para determinar la severidad de la infección, la posible causa y si esta podría afectar sus riñones.

Entre los exámenes solicitados están un urocultivo, para determinar las bacterias en la orina, así como un eco renal.

En estos últimos dos meses, ha sido imposible cumplir con los dos exámenes. Por un lado, Flores no cuenta con los recursos para pagar el servicio privado en dónde podría hacerse los exámenes. Y por el otro, su hijo de 27 años, permanece privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP), ubicado en el llamado Retén de Caraballeda,  bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) – Delegación La Guaira

La situación de Flores no es un hecho aislado o particular. Los familiares de privados de libertas de los Centros de Detención Preventiva en el estado Vargas consultados durante el mes de junio por Una Ventana a la Libertad, coinciden en que garantizar un tratamiento o lograr un traslado a un centro médico, son los aspectos del área de salud, que menos se cumplen en estos espacios.  

En los cinco centros de detención preventiva monitoreados en la entidad costera: el Cicpc - La Guaira, el Retén de Macuto a cargo de la Policía Regional de Vargas,  el comando de la Policía Municipal de Vargas en la bajada del Playón en Macuto y los dos centros que funcionan en el retén de Caraballeda, el de hombres bajo la responsabilidad del Cicpc, y el de mujeres y adolescentes transgresores a cargo de la Policía Regional, las fallas son coincidentes y se centran más en estos dos aspectos, que se han visto afectados por la cuarentena decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, ante la pandemia por COVID-19.

Es por ello que Flores y otros familiares señalan que más difícil que hacerle llegar la medicina, lo cual también implica un proceso de acuerdos con los funcionarios que custodian el centro, es lograr hacer un traslado a un centro asistencial para que le realicen el examen.

“Tenemos ya dos meses en esto. Por un lado el urocultivo implica hacer tomas de orina en horas específicas y pues no se cuenta con infraestructura para poder darle garantía de eso. Luego está lo del eco renal. No hay quien haga la diligencia para lograr el traslado por el tema de la cuarentena, los centros públicos de salud cercanos en Caraballeda no hacen el eco renal y en los centros médicos privados el costo es en dólares.  Pues le traigo comida o le hago el examen renal”, señala la mujer, que reside en la zona de Punta de Mulatos en la parroquia La Guaira.

El médico que vio inicialmente al hijo de Flores, le prescribió un tratamiento por 15 días, en espera de los resultados de los análisis. Pero el recluso ni siquiera cumplió con el tratamiento completo.

“El gran problema del traslado es que uno tiene que pagar por todo. Aquí no hay como trasladar a un recluso a un hospital: no hay ambulancia, no hay patrulla. Mi hijo sigue con su fiebre y su dolor. Yo soy la que tengo que buscar donde hacer el examen y pagarlo y luego pagar quien lo lleve y lo traiga, una vez se tenga el permiso del tribunal, que no está trabajando, sino por guardia. A nadie le importa la enfermedad de un preso, solo a los familiares”, concluye Flores.

De acuerdo a la consulta con fuentes policiales y con los familiares de los reclusos, durante los primeros 20 días del mes de junio de 2020, no se efectuaron ningún tipo de traslado a centros médicos desde los Centros de Detención Preventiva monitoreados en el estado Vargas.  Las emergencias, han sido tratadas con médicos de ambulatorios o Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la Misión Barrio Adentro, ubicados en la cercanía de los retenes. Los especialistas o enfermeras son llevados por los cuerpos policiales al centro de reclusión, en ocasiones con apoyo de Protección Civil o de los propios familiares.  

“Es que aquí sacan al recluso es cuando está bien grave o ya se está muriendo. De resto no hay un traslado por una enfermedad menor. Lo que te dicen simplemente es que ellos no tienen como hacerlo. ¿Y entonces si ellos no tienen y uno tampoco, de quien es la responsabilidad de la salud del preso?”, se pregunta la esposa de un detenido en el Retén de Macuto, que no desea ser identificada por temor a represalias.

Sin descartes o desinfección para COVID – 19

Otro aspecto que preocupa a familiares y a algunos especialistas es que, a pesar del aumento de casos positivos de coronavirus en la entidad costera, durante el mes de junio, no se hayan repetido las jornadas de desinfección en los Centros de Detención Preventiva de Vargas, ni se hayan realizado jornadas de despistaje de COVID-19, con pruebas rápidas, cono se hicieron en el mes de abril y mayo pasado.

“En esa ocasión no se han organizado jornadas, porque se ha dado prioridad al personal de salud y de otras áreas, como terminales de transporte y mercados municipales. Con lo de las pruebas rápidas para coronavirus, estamos al tanto de una solicitud a la Autoridad Única de Salud de Vargas, quienes explicaron que los centros de reclusión serán incluidos en el próximo cronograma, que incluye la aplicación de test rápidos y jornadas de desinfección”, asegura el Director de la Policía Regional de Vargas, comisionado Ángel González.

En el único Centro de Detención Preventiva donde se pudo confirmar una jornada de despistaje de COVID – 19 durante el mes de junio, fue en el Comando de la Policía Municipal de Vargas, donde por tener una población relativamente pequeña, actualmente 24 privados de libertad, fueron incluidos en la pesquisa a la que es sometido los funcionarios policiales como medida de prevención.

Un fallecido en Cicpc – La Guaira

Frank Barreto, de nacionalidad venezolana y de 50 años de edad, falleció el lunes 8 de junio, tras caer desde el tercer piso del edificio de la sede de la delegación estatal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en la avenida Soublette en la parroquia La Guaira.

Barreto había sido privado de libertad el día anterior. Era un hombre en situación de calle, investigado por su presunta participación en la violación de una mujer de 26 años, que estaba también en situación de calle, de nombre Mayerling Naula, quien falleció el 30 de mayo.

De acuerdo al parte policial, Barreto estaba esposado y bajo custodia, cuando se lanzó por la terraza, cayó en el asfalto fracturándose el cráneo. Fue trasladado al hospital José María Vargas del Seguro Social de La Guaira, donde falleció a los minutos de su ingreso.

Sobre el caso de Barreto, investigadores médicos forenses estiman, que por ser un hombre en situación de calle y con dependencia al alcohol y a otras sustancias, enfrento un episodio de desespero, lo que lo llevó a saltar por la ventana del edificio, sin tener claro la altura y las consecuencias del impacto. En el caso de los Centros de Detención Preventiva de Vargas, no existen protocolos para el abordar la privación de libertad de personas en situación de calle con patologías de dependencia o enfermedades mentales.

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