Los apagones que vienen ocurriendo desde marzo de 2019 en Venezuela, empeora la situación de los privados de libertad que están bajo resguardo del Estado venezolano en los Centros de Detención Preventiva (CDP); ya sean en las policías municipales o en las estaciones policiales de la Policía del Estado Carabobo, región central del país.
Rubén Bolívar Idrogo, UVL Carabobo
En singular medida también afectan a los presos que están en los retenes de las subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como a los privados de libertad del Complejo Penitenciario Carabobo (penal de Tocuyito) y en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador, ambos recintos situados en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador, estado Carabobo.
Estas dos coyunturas, la falla de energía eléctrica por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la falta del agua potabilizada que por parte de la empresa estatal C.A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), inciden de manera negativa en la salud, alimentación, y en lo psíquico y mental, de los privados de libertad que permanecen en los calabozos de los CDP.
Esto también afecta el régimen de vistas, las actividades deportivas y recreativas, así como los planes de cayapa judicial y las jornadas de salud que se vienen ejecutando para beneficiar a los presos.
La Policía Municipal de Guacara restringió las actividades deportivas y recreativas.
El abogado penalista José Pérez, quien hace defensa de varios privados de libertad, sostuvo que el problema del agua y la luz, va más allá de lo anteriormente descrito; pues, hay que tomar en cuenta la parte administrativa, las audiencias y la misma actividad de los custodios.
Todas estas fallas son responsabilidad del Estado venezolano quien debe velar por los Derechos Humanos de los privados de libertad, aseveró el profesional del Derecho. Los Centros de Detención Preventiva colapsan al no contar con los servicios básicos, como es la falta de agua y luz.
Aparte dijo, que las sedes de las policías municipales y la misma Policarabobo, no son estructuras para tener tanta población en cautiverio.
“Cuando falla la energía eléctrica seguidamente se va el agua, que aunado al hacinamiento crea un ambiente hostil, de insalubridad, que no garantiza las condiciones mínimas para los privados de libertad”, explicó Pérez.
También recordó, que el Estado tiene la obligación de velar por la salud y alimentación de los presos. “Eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es invento mío, aseveró el abogado penalista.
Retomando la situación de los apagones manifestó, que otro de los inconvenientes que causan éstos, es el retado procesal.
Los oficiales se ven imposibilitados de redactar las actas policiales, además ocasiona la suspensión de la presentación del o de los imputados por un delito.
También acarrea más gastos para los familiares de los presos. Si el litigio se alarga esto significa más estadía en los retenes policiales.
Es probable que una persona pierda la oportunidad de quedar libre durante las 48 horas, si por causa de un apagón, se suspende la audiencia de presentación del detenido ante el tribunal de Control. “Si la audiencia es diferida, se convierte en un retado procesal que alimenta más el hacinamiento”, aseveró el penalista José Pérez.
Consecuencias de los apagones
Ante la problemática que ocasionan los apagones o cortes programados, la directiva del Instituto Autónomo Policía Municipal de Valencia (Iampoval) ha recurrido al préstamo de plantas eléctricas.
Comerciantes cercanos se han convertidos en aliados del ente policial, los auxilian en los momentos de los apagones o cortes pautados por Corpoelec.
En cuanto al agua, sostuvo una fuente extraoficial, que cuentan con el apoyo de los Bomberos de Carabobo y Bomberos de Valencia. Por lo menos les suministran los camiones cisternas con el vital líquido para cubrir las necesidades más básicas.
También hicieron una modificación (recortadas) las horas de visitas de los familiares de los presos que están recluidos en este Centro de Detención Preventiva.
En cuanto a la Policía Municipal de San Joaquín (Polisanjoaquín), ésta prohibió las vistas a los privados de libertad. Sólo reciben la comida para los presos.
La Policía Municipal de San Joaquín prohibió las visitas.
La fuente manifestó, que la Dirección general de Polisanjoaquín pidió a los familiares que al momento de llevar el desayuno, almuerzo o cena a los reclusos, vayan vestidos de blanco.
Por su parte, el Instituto Autónomo Municipal Policíade Guacara (Iampogua), recortó el tiempo de visita. Igualmente restringió las actividades de recreación y deportivas a los privados de libertad que están en este CDP. Todo esto hasta que se normalice la situación del agua y el suministro eléctrico, hizo saber la fuente.
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