Almeida Pariche, de 52 años de edad, denunció ante Fundación de Derechos Humanos de la entidad actos de tortura que asegura fue víctima en el cuerpo detectivesco del municipio Bolívar
Giovanna Pellicani – Anzoátegui
Barcelona.- “Me taparon la boca, me pusieron corriente, me jalaron del cabello muchas veces, se me montaron en el pecho y me dieron golpes”, el ama de casa Almeida Pariche, relata lo que sufrió durante su detención en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del municipio Bolívar.
La mujer de 52 años de edad contó al equipo investigador de Una Ventana a la Libertad que el viernes 1 de octubre cuatro funcionarios del cuerpo detectivesco, entre ellos dos femeninas, derribaron la puerta de su casa en la búsqueda de un sujeto que supuestamente se había escondido en el lugar, pero como ella desconocía de lo que le informaban la arrestaron de inmediato.
“Sentí muchos golpes en la puerta y al salir estaban dos funcionarios y dos funcionarias del Cicpc, Me preguntaron que si sabía para dónde agarró un hombre que había saltado al patio de mi casa y les dije que no sabía y que ni me había enterado y por eso me detuvieron. Allí estaba mi nieta de dos años y un familiar que había llegado a visitarme”, aseguró.
Una vez en las instalaciones del Cicpc el ama de casa asegura que fue torturada y a las pocas horas liberada, pero al día siguiente escuchó gritos en su vereda, ubicada en el Barrio Guzmán Lander de Barcelona y al salir notó que se estaban llevando detenidos a un par de vecinos. Cuando fue a entrar a su hogar se la llevaron nuevamente detenida.
“Me hicieron lo mismo y me decían que pusiera los pies en el piso mojado porque me iban a poner corriente. Me esposaron a una silla y cada vez que arrestaban a alguien me decían que si lo conocía. Nunca en mi vida había sufrido un ataque tan brutal y tampoco he estado involucrada en ningún delito”, indicó Pariche.
En esta oportunidad la presentaron ante el Tribunal del estado Anzoátegui por estar supuestamente involucrada en un hurto, pero debido a que no existían elementos suficientes que la vincularan al hecho recibió una medida cautelar bajo presentación cada 30 días.
El ama de casa cuenta que escuchó en varias oportunidades que estaban buscando a los involucrados en el robo de una sucursal de licores, hecho que ella desconocía.
Su caso está siendo llevado por representantes de la Fundación Derechos Humanos de Anzoátegui, quienes colocaron la denuncia ante el Ministerio Público de la entidad y piden que sean castigados los detectives involucrados en los actos de trato cruel e inhumano al que la expusieron.
Milagro Carmona, quien es coordinadora regional de la Fundación asegura que el caso será elevado a instancias internacionales y que la víctima recibirá acompañamiento de los juristas que integran la organización.
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