Vargas / Paralización absoluta de procesos judiciales denuncian familiares de detenidos en Retén de Macuto

Vargas / Paralización absoluta de procesos judiciales denuncian familiares de detenidos en Retén de Macuto

Nadeska Noriega / UVL Vargas

La Guaira. La paralización absoluta de los procesos judiciales de los privados de libertad recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Imputados y Acusados de la Policía Regional de Vargas, conocido como el Retén de Macuto, fue denunciada este miércoles 20 de mayo, por familiares de los detenidos en estos calabozos.

De acuerdo a los voceros, la situación de los traslados era crítica desde el inicio de este año, pero se agravó luego del Decreto de Alarma Nacional emitido por el gobierno nacional de Nicolás Maduro el pasado mes de marzo, donde se estipula la cuarentena social y la suspensión de actividades laborales en empresas privadas y públicas, a excepción de áreas priorizadas, para evitar la propagación del COVID – 19.

“Los tribunales son un área priorizada y hay equipos de guardia, pero las presentaciones, las audiencias y los procesos en espera de sentencia están congelados. Pasa el tiempo y nuestros familiares están encerrados, hacinados y con riesgos, lo peor es que no hay un anuncio o alguna acción para descongestionar estos calabozos”, contó Luisa González, esposa de uno de los reclusos en Macuto.

González recordó que durante los primeros días del mes de abril se registró una huelga de hambre en estos calabozos y se levantó por el compromiso de las autoridades regionales de garantizar traslados a las cárceles a aquellos privados con sentencias definitivas y a mejorar la salubridad de los calabozos. La mujer asegura que ninguna de las dos se ha materializado.

Como se recordará, por resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde el pasado 20 de marzo, el sistema de administración de justicia venezolana quedó limitado a casos urgentes, sin mayores indicaciones sobre cómo medir tal urgencia.

En el caso de Vargas solo están funcionando los tribunales penales, pero por guardias y exclusivamente para tramitar los casos de personas detenidas en comisión flagrante de delitos. Los procesos ordinarios no se realizan.

A esta situación producto de la cuarentena ahora se le suma la falta de gasolina.

“No hay modo de trasladar a un detenido a tribunales, porque los carros oficiales reciben gasolina, pero nos dicen que es para emergencias y no para llevar a nadie a los tribunales y que esos están cerrados. Que nos tenemos que esperar que pase el coronovirus. Cada día es más difícil dar garantía de comida y agua a los presos, porque movilizarnos también es difícil”, contó a UVL Margarita Mogollón, cuyo hijo se mantiene detenido desde hace dos meses y no ha tenido ni la primera audiencia de presentación.

Familiares hicieron un llamado a la gobernación de Vargas, para que cumplan con la palabra empeñada con los privados de libertad tras la huelga de hambre del mes de abril.

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