Revisan estatus judicial de 890 presos de Polilara
Comisión interventora del viceministerio realiza Plan Cayapa en la comandancia general
Héctor Rodríguez
Fotos: Cortesía
El estatus jurídico de 890 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Lara (Polilara) es revisado desde el lunes 25 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre con la activación de un Plan Cayapa.
Las jornadas se desarrollan dentro de la misma Comandancia conocida también como “La 30”. Miembros del despacho de atención del privado de libertad del Ministerio de Servicios Penitenciarios analizan cada condición de reo para saber quiénes están en proceso de recibir sentencia y cuántos están penados.
La viceministra Rosy Mendoza, del despacho de atención del privado, asignó como representante al abogado Luis Fernando Sosa quien se está encargando de la revisión de los expedientes. Junto a él se encuentran también funcionarios de los diferentes tribunales de Lara con la intención de agilizar los debidos procesos judiciales.
La atención a cada privado de libertad se realiza en el área del comedor de “La 30” además de otro galpón acondicionado para estas jornadas. Este sería la primera larga jornada de este plan que implementa la junta interventora de Polilara que se encuentra instalada en el cuerpo policial desde el pasado 22 de mayo.
Según información aportada por Polilara, aquellos privados que optan una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena deberán aplicarles un examen psicosociológico, para obtener los beneficios que les ofrece la ley. La abogada Martha Pérez aportó que también los procesados podrán verificar si tienen retardo procesal y apoyarlos para aligerar los trámites.
El plan Cayapa, además de juristas, también cuenta con un equipo técnico integrado por criminólogos, sociólogos y psicólogos que son los encargados de la prueba psicosocial.
En “La 30” los privados de libertad durante esta jornada también cuentan con la asistencia de la defensoría pública, representada por Rosa Mendoza y se les ofrece un servicio de orientación, asesoría y representación legal con representantes del Circuito Penal 1, 2 y 3 para atender los casos de los procesados.
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