Organismos internacionales instan a los Estados a tomar medidas para proteger la vida de los privados de libertad frente a la COVID-19

Organismos internacionales instan a los Estados a tomar medidas para proteger la vida de los privados de libertad frente a la COVID-19

Tanto la OEA como la ONU han llamando la atención sobre el impacto que esta pandemia puede tener en cárceles y demás recintos penitenciarios de la región. Carlos Nieto Palma, coordinador de UVL, exigió el cabal cumplimiento de medidas sanitarias que impidan la propagación de la enfermedad entre los y las internas del país

Yira Yoyotte / Equipo UVL

De acuerdo al monitoreo que realiza diariamente la organización Una Ventana a la Libertad, a la fecha, solo en los Centros de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Nueva Esparta, hay 43 privados de libertad contagiados de coronavirus (COVID-19). Ante esta grave situación Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG, mostró preocupación y  exigió el cabal cumplimiento de medidas sanitarias que impidan la propagación de la enfermedad entre los y las internas del país.

El Coordinador General de UVL explicó que la cifra total de privados de libertad contagiados llega en este momento a 60 personas dada la siguiente descripción: Lara (2), Miranda (5), Táchira (9) y Sucre (1). Cabe destacar que la persona de este último caso ya falleció.

El abogado no descartó que existan muchos casos más de contagios, dadas las condiciones de hacinamiento que presentan no solo las comisarías policiales sino todos los recintos penitenciarios del país.

Nieto Palma explicó que la situación en toda la región es de tal magnitud que tanto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA como varios órganos adscritos a la Organización de Naciones Unidas, tales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Oficina del Alto Comisionado y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) han emitido declaraciones oficiales indicando que los Estados miembros deben preservar la salud de los privados de libertad. 

Reducir los niveles de sobrepoblación

El pasado 9 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración denominada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.

En el documento el órgano de justicia insta a los Estados miembros a la adopción y la implementación de medidas para contener la situación generada por la pandemia puesto que la misma  concierne a la vida y la salud pública.

“Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”, indica el documento.

De igual manera piden cuidar el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado.

“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención, y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de libertad”, establece la declaración identificada con el número 1/20.

La CIDH, con sede en San José de Costa Rica, también declaró que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras de defensores de los derechos humanos.

Cabe recordar que en Venezuela todo el sistema de justicia, incluyendo la penal, está paralizada desde el pasado mes de marzo cuando se decretó el Estado de Alarma. Este 16 de agosto UVL publicó un alerta indicando que los privados de libertad de Los Teques, estado Miranda, tienen 9 meses sin ser llevados a las audiencias preliminares, es decir, que hay un retardo procesal desde antes de la cuarentena.

Medidas de salud pública

El pasado 13 de mayo se dio a conocer una Declaración Conjunta a través de la cual se insta a los Estados miembros a tomar urgentemente medidas de salud pública para resguardar la vida de los privados y privadas de libertad en toda la región.

El documento, suscrito por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), reconocen que el riesgo de introducir la COVID-19 en las prisiones y otros lugares de detención varía de un país a otro, pero que aún así, insisten enfáticamente en la necesidad de minimizar la ocurrencia de la enfermedad en estos entornos.

“Insistimos enfáticamente en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores de salud y justicia, se mantenga al personal de las prisiones bien informado y se garantice el respeto a los derechos humanos en estos contextos”, indica la referida declaración.

El documento indica que se debe reducir el hacinamiento puesto que dicha situación socava la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana. “El hacinamiento constituye un obstáculo insuperable de prevención, preparación o respuesta ante la COVID-19”.

A propósito del tema del hacinamiento, este 18 de agosto, UVL publicó un alerta indicando que en la sede municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Las Acacias, en Valencia, estado Carabobo, 68 privados de libertad se encuentran “amontonados” en una celda de 4 metros de ancho x 4 metros de largo y que la situación los obliga a dormir de pie o unos encima de otros o parados.

Otras de las medidas que los mencionados organismos recomiendan es respetar los derechos humanos y adherirse a las reglas y directrices de las Naciones Unidas. “Exhortamos a los dirigentes políticos a garantizar que la preparación y las respuestas a la COVID-19 en entornos cerrados se  identifiquen y se apliquen de conformidad con los derechos humanos fundamentales”.

“Las personas privadas de libertad que presenten síntomas de COVID-19 o que hayan dado positivo deben ser supervisadas y tratadas de acuerdo con las directrices y recomendaciones más recientes de la OMS”, precisa el documento firmado por Ghada Fathi Waly, Director ejecutivo de la ONUDD, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la OMS, Winnie Byanyima, Director ejecutivo del ONUSIDA y Michelle Bachelet, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

El mencionado documento se denomina “Declaración conjunta  de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre la COVID-19 en cárceles y otros centros de internamiento”.

COVID-19 agudizó los problemas preexistentes

El pasado viernes 14 de agosto culminó el Ciclo de Conferencias Interamericanas 2020 que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realizó para abordar diversos temas, entre ellos: Personas privadas de libertad y COVID-19, Violencia contra mujeres y niñas y la Pandemia COVID-19 (Una Mirada Global) y Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19

La ocasión fue propicia para interactuar con especialistas de otros Organismos Internacionales, miembros de la Academia, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, así como periodistas y la sociedad civil en general, respecto a los desafíos en materia de derechos humanos que la región está afrontando por la situación de la COVID-19.

Durante la actividad, por ejemplo, el juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, destacó que estos problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales.

“Estamos viviendo una emergencia que pone de relieve problemas sociales preexistentes. Hay fenómenos pre-pandemia que esta situación del COVID-19 agudizó. En toda la región, desde hace décadas se expanden ideas contrarias a los derechos humanos  que han facilitado la idea del encarcelamiento masivo”, señaló el experimentado criminólogo.

Durante la actividad el juez Zaffaroni llamó la atención sobre el papel que juegan en todo este tema los medios de comunicación social y en este sentido agregó: “Estamos rodeados de noticias falsas que no nos permiten ver la realidad ni la complejidad de este fenómeno”.

Agregó que la pandemia ha “estallado” en las cárceles y demás centros de detención del continente y que la velocidad de contagio es “una bomba de tiempo” que se transforma en un riesgo de vida muy alto.

“Los organismos del Estado nunca prestaron la atención debida, por lo tanto, la aparición del virus no ha hecho otra cosa que poner en evidencia una crisis previa que existía en estos lugares. La responsabilidad es de los gobiernos sean del color que sean. Esta crisis no tiene color político, es la responsabilidad de Estado frente a la tutela que ejerce sobre las personas privadas de libertad”, precisó el jurista.

Haga Click aquí para ver la conferencia del pasado viernes 14-08-2020

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