Miranda: El coronavirus causa pánico en los Centros de Detención Preventiva de los Valles del Tuy

Miranda: El coronavirus causa pánico en los Centros de Detención Preventiva de los Valles del Tuy

Rosanna Battistelli/ UVL-Miranda

La preocupación de los familiares de los presos que permanecen en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, estado Miranda, crece mientras se incrementan los casos de coronavirus en el país.

Si bien las autoridades han realizado operativos de desinfección en algunos de estos calabozos, como es el caso del comando de la Policía Municipal de Urdaneta, ubicado en la parroquia Nueva Cúa, el temor sigue latente entre los internos y sus parientes.

Luzmila Campos tiene un sobrino preso en la Policía Municipal de Independencia. El joven de 22 años, detenido por robo, espera juicio desde hace doce meses. «En ninguno de los calabozos existen condiciones de salubridad, ni siquiera hay agua. En estos momentos es un riesgo tener hacinada a la población penal», indicó Campos, quien también manifestó su preocupación por el tiempo que lleva detenido su pariente, como consecuencia del retardo procesal.

¿Qué ha pasado durante esta cuarentena?

Durante los días que se cumplen de cuarenta social, la fuga de detenidos, la preocupación de familiares de los presos por su estado de salud y su alimentación, el retardo procesal y las acciones de funcionarios al margen de la ley, en perjuicio de la población penal, han marcado la pauta en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, estado Miranda.

El primero de abril los privados de libertad que se encuentran en los calabozos del Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy, con sede en Santa Teresa, realizaron una protesta e iniciaron una huelga de hambre para exigir celeridad procesal.

José Aponte, padre de un menor de 16 años, detenido por el delito de homicidio, indicó a Una Ventana a la Libertad (UVL) que los internos están preocupados por el retardo procesal, ya que previo a la cuarentena, muchos esperaban ser llevados a tribunales y otros aguardaban por el traslado a una cárcel, tras ser condenados.

«A mi hijo lo sentenciaron a dos años de prisión, y desde hace cinco meses está a la espera de que lo trasladen al Servicio de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente del estado Miranda (Sepinami). Ahora, con la cuarentena, se retrasará aún más su traslado, ya que los tribunales y las fiscalías trabajan por guardias», acotó.

Aponte denunció además que en este Centro de Detención Preventiva (CDP) los adultos están recluidos junto a los menores de edad, hay hacinamiento, así como presos enfermos con tuberculosis, sarna y gripe, mezclados con presos sanos.

«Estos casos merecen atención, sobre todo en estos momentos cuando un virus está matando a tanta gente y se deben extremar las medidas sanitarias», añadió. Una semana después se levantó la protesta con la promesa de las autoridades de instalar mesas de trabajo.

Fugas

El 21 de marzo, en el CDP de la Policía Municipal de Urdaneta (PMU), ubicado en la parroquia Nueva Cúa de los Valles del Tuy, funcionarios frustraron una fuga de presos que ameritó reforzar las medidas de seguridad en este comando donde hay 50 reclusos.

La madre de uno de los presos informó que los internos estaban angustiados por la ausencia de medidas sanitarias en los calabozos, sumado al hacinamiento y a la falta de agua, lo cual los hacía vulnerables a la pandemia de coronavirus. «Por eso quieren fugarse, porque temen por sus vidas», sentenció.

La madrugada del 11 de abril, José Alexander Rosales Pérez (40), quien era investigado por el delito de homicidio, se fugó de la sede del Eje contra Homicidios del Cicpc, ubicada en la urbanización El Cujial de Santa Teresa, en los Valles del Tuy, estado Miranda. Aunque la versión oficial indica que el detenido violentó una puerta de barrotes con candado, donde permanecía solo porque presentaba desnutrición, fiebre, tos y tuberculosis, extraoficialmente se conoció que estaba en las oficinas administrativas, por instrucciones de la superioridad, luego de ganarse la confianza de los funcionarios, y aprovechó un descuido de los efectivos para huir.

Entre tanto, del 21 al 24 de abril, ocho privados de libertad se fugaron de dos CDP de la Policía del estado Miranda, ubicados en las poblaciones de Santa Teresa y Charallave en los Valles del Tuy. Uno de los fugados murió posteriormente en un operativo policial. Por la evasión ocurrida en Charallave fue detenido el oficial Rando García, quien presuntamente entregó una segueta a los presos para que se escaparan, lo que, de comprobarse, dejaría al descubierto la complicidad interna y las negociaciones entre presos y policías en las cárceles.

Al margen de a ley

La tarde del 8 de abril, el inspector jefe del Cicpc, David Julio Ferrer León (42), fue detenido por mantener relaciones íntimas con una detenida, a quien embarazó. Familiares de la arrestada formularon la denuncia, una vez que el uniformaron intentara desconocer su paternidad. La fiscalía adelanta las investigaciones.

El 26 de abril un caso de tortura salió a la luz pública. Cinco funcionarios del Eje contra Homicidios de los Valles del Tuy, con sede en Santa Teresa, estado Miranda, fueron arrestados por golpear a un detenido, confirmó el comisario Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La agresión se conoció a través de un video que se hizo viral en las redes sociales, donde se observa a un joven, de 16 años, recibiendo nalgadas, mientras amenazan con violarlo. «Esto es para que te sigas portando mal en la calle; tú te la das de malandro; te gusta malandrear a las carajitas», decían los agresores con un palo en la mano, mientras golpeaban a la víctima, quien lloraba pidiendo que cesara el ataque. «No jefe, no; me vas a desnucar», suplicaba el muchacho, al tiempo que se protegía los glúteos con sus manos.

El 27 de abril los privados de libertad recluidos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial del municipio Simón Bolívar, en San Francisco de Yare, exigieron sus traslados a los penales asignados por los tribunales de justicia.

Parientes de los reos señalaron que las condiciones de los calabozos no son óptimas, los internos están hacinados y temen enfermarse en medio de la pandemia por COVID-19. “El espacio del área de resguardo no es el más adecuado para que ellos estén allí”, dijo un familiar de un detenido.

Los informantes señalaron que para elevar su voz de protesta, los presos se causaron heridas cortantes y se negaron a recibir los alimentos que les llevaron sus familiares. «Los arrestados gritaban `queremos traslados´, a la par que golpeaban los barrotes y las paredes», indicaron.

Un policía informó que la molestia de los presos tenía su origen en una requisa que se realizó en el área donde permanecen recluidos. Durante la inspección, los funcionarios encontraron un celular en la letrina y lo decomisaron.

Al día siguiente, Lesly Yanina Márquez, de 48 años de edad, fue detenida por funcionarios del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con sede en Santa Teresa del Tuy, cuando presuntamente intentó pasar dos teléfonos celulares a los calabozos de este organismo.

Márquez acudió el 28 de abril a la dependencia policial, ubicada en la zona industrial El Cujial, a llevarle comida a un familiar detenido, sin embargo, cuando los uniformados de guardia revisaron los envases se percataron que tenían doble fondo.

En uno de los recipientes, los funcionarios encontraron un celular marca Huawei, modelo CUN-L23, con un chip de la prestadora de servicio Movilnet, escondido en una porción de arroz, mientras que en un segundo pote, lleno de fororo, hallaron un celular, marca Ipro. En el procedimiento los policías también incautaron dos billetes de 50 y 5 dólares escondidos en la comida.

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