Ministra Iris Varela eliminó el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro

Ministra Iris Varela eliminó el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro

Fuentes carcelarias informaron que la medida se tomó como parte del plan para descongestionar los 17 centros de detención preventiva de Falcón donde más de un mil 300 reos permanecen hacinados

Eva Riera

El anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) fue clausurado en el mes de julio de 2019 por orden de la ministra para el Servicio Penitenciario (MSP), Iris Varela, sin previo aviso. Hasta la fecha, no ha habido información oficial al respecto. No obstante, funcionarios penitenciarios y del ministerio público así como abogados, quienes pidieron la reserva de sus nombres, afirman que en la CPC no hay mujeres presas.

Unas 200 privadas de libertad que hacían vida en el recinto en condición tanto de procesadas como de condenadas, fueron repartidas entre el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, de Los Teques, estado Miranda, y la Comunidad Penitenciaria Fénix, del estado Lara.

Salieron en minibuses desde el 13 de julio de 2019 en horas de la madrugada hasta el jueves 18 en la mañana. Ese día el anexo femenino fue totalmente desalojado. También marcharon al menos 500 reclusos que fueron confinados en el Centro Nacional de Entrenamiento para Custodios en Seguridad y Régimen Penitenciario Franklin Ruiz, situado en El Algodonal, Caracas. Las internas fueron llevadas a penales de Lara y Los Teques. Un mes después, 400 hombres regresaron a la CPC, pero no las féminas.

La ausencia de las presas generó una crisis ya que hubo la necesidad de reconformar equipos de trabajo que funcionan en el recinto como la Orquesta Penitenciaria, el coro y el grupo de teatro constituidos en su mayoría por mujeres. Hubo que llamar a nuevas audiciones debido a que solo unos 12 hombres quedaron integrando los mencionados grupos.

La medida se tomó como parte del plan para descongestionar los 17 centros de detención preventiva (CDP) de Falcón donde más de un mil 300 reos permanecen hacinados. Varela prometió que, luego del plan Pasos de Libertad aplicado a mediados de año, el hacinamiento en los CDP sería un recuerdo del pasado en un máximo de 15 días. Para ello era necesario abrir espacio en la CPC. Sin embargo, a la fecha, de los CDP han salido pocos reos hacia la CPC y seis meses después se mantienen en condición de hacinamiento.

El anexo femenino formaba parte del conjunto arquitectónico de 17 edificios que comprende el penal ubicado en el sector El Recreo, al oeste de Coro, la capital del estado Falcón. Según una fuente interna, en el lugar fueron reubicados los privados de libertad catalogados como de buena conducta y la población homosexual.

La CPC fue inaugurada en 2008 por el extinto presidente Hugo Chávez con una capacidad para 818 presos, pero hoy alberga más de 2 mil. En sus inicios, en el anexo femenino se permitía la reclusión de embarazadas que eran atendidas por el médico del penal y parían en el hospital de Coro previa autorización del juez que llevaba su causa. Los bebés permanecían en el recinto mientras estaban lactando. Las madres tenían asistencia pediátrica, alimentación específica y educación puericultora. Les daban cuna y pañales. Los niños eran entregados a un familiar al cumplir los tres años de edad si todavía la mamá no había terminado de pagar su condena. Otras veces se les conseguían beneficios.

Tenía una sala provista de una cama matrimonial y baño para la visita conyugal. La pareja llevaba sábanas y ventilador. Estos beneficios fueron eliminados posteriormente en vista de que la mayoría de las reclusas no tenía pareja estable o eran abandonadas cuando caían en prisión. A otras les fue colocado el DIU en una jornada de salud. De acuerdo a las normas de la CPC, la visita conyugal se cumple entre quienes tienen una relación estable o esposo.

Los traslados de los privados de libertad, en opinión del abogado Euro Colina, coordinador del Movimiento de Abogados para el Reimpulso del Sistema de Justicia en el estado Falcón, son inconstitucionales porque violan la Carta Magna y el Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, aumentan la dilación procesal pues las causas continúan en Falcón y los prisioneros difícilmente serán traídos a juicio. Por otra parte, los tribunales de control no fueron consultados y, por tanto, los derechos civiles y humanos de las presas no están garantizados. Colina agregó que también perjudica la visita de los familiares que muchas veces no tienen dinero para el transporte a estados lejanos ni pueden suministrarles alimentos regularmente. Aunque el MSP es responsable de la alimentación de la población reclusa, esta no siempre está garantizada.

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