Abogada Wendys Vargas alerta sobre los riesgos de salud a lo que están expuestos los privados de libertad ante el coronavirus
Equipo UVL Lara
“Los privados de libertad están en riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad porque el gobierno no ha diseñado ni ha informado sobre un protocolo de salud para atender a los presos en esta situación de pandemia. No hay un procedimiento a ciencia cierta de cómo los funcionarios policiales van a manejar un posible reo contagiado de Covid-19. Esto es como una especie de condena a muerte”
Esta aseveración la realizó el 9 de julio de 2020 la abogada Wendys Vargas, especialista en derecho procesal penal durante su participación en el seminario vía web que realizó la Universidad Yacambú (UNY) de Lara sobre la situación de los privados de libertad en relación a la violación del derecho a la salud ante la pandemia. La jurista calificó de alarma la coyuntura carcelaria del estado Lara y del país ante el coronavirus pues considera que no hay las suficientes precauciones para que los presidiarios no estén tan expuestos a contagiarse.
Explicó Vargas que para evitar que los privados de libertad estén expuestos a un posible contagio deben existir muchas restricciones que van desde que un funcionario policial de custodia controle el contacto con personas en el exterior de los calabozos hasta que el Estado se encargue de un chequeo constante para conocer el estado de salud de los privados de libertad.
Según datos que registra Una Ventana a la Libertad (UVL), el estado Lara es uno de los estados de Venezuela que registra más fallecimientos por causas naturales y desde el año 2019, se contabilizan cerca de 40 privados de libertad muertos en centros penitenciarios y Centros de Detención Preventiva (CDP) por problemas de salud. También se ha detectado que las autoridades que mantienen en custodia a esta personas no brindan monitoreo médico constante al preso enfermo, el acceso a las medicinas es exclusivo de familiares y la atención médica durante urgencia se hace de manera tardía.
Además de eso, la gobernación de Lara y la Policía de Lara anunciaron recientemente sobre los casos positivos a Covid-19 de dos privados de libertad. El primero fue detectado el 22 de junio en un comando vial de Polilara que se ubica en Tintorero municipio Jiménez específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Paramericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo; y el segundo lo dio a conocer Carmen Meléndez el 30 de junio a través de su programa radial en el que informa diariamente sobre los contagios. La mandataria regional detalló que este preso se encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana que se ubica en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, frontera con Zulia.
“Ya se conoce las condiciones deplorables de las cárceles y comisarías y lo recomendable es que se evite un foco de contagio dentro de éstas porque si no sería un problema en cadena” dijo la doctora cuando hizo referencia a las responsabilidades que debe asumir el Estado y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para prevenir este tipo de situaciones.
La especialista usó como ejemplo la situación de dos Centros de Detención Preventivas (CDP) que se ubican en zonas céntricas de ciudades donde existe alto tráfico de vehículos, actividad comercial diaria y mucha presencia de transeúntes, específicamente mencionó el comando general de la Policía del estado Yaracuy que se ubica en la avenida Patria de la ciudad de San Felipe y el Eje de Homicidios del Cicpc en Lara que está en la avenida 20 con carrera 34 en pleno centro de Barquisimeto.
“En esas ubicaciones hay muchos riesgos de contagios. Esa es una problemática que debe ser tomada en cuenta por el gobierno pues por más delito que la persona haya cometido, deben recordar que son seres humanos” sentenció al acotar la “minipandemia” de tuberculosis que ya existe en los recintos carcelarios lo que eleva la posibilidad de contagios de Covid.
“Las cárceles están saturadas de privados de libertad, el hacinamiento es de gran porcentaje y las condiciones no son las mejores y es ilógico que no sean tomadas las precauciones necesarias para evitar estas muertes. La emisión de justicia en los tribunales también incide en esta problemática porque por los mismos lapsos de los procedimientos incrementa el retardo procesal y hacer que los calabozos estén abarrotados de presos que tienen hasta 5 años en una comisaria sin sentencia” ahondó Vargas cuando detallaba los factores externos que también se convierten le riesgos exponenciales para los privados de libertad.
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