Gobernación de Nueva Esparta reclama voluntad política para atender crisis de privados de libertad

Gobernación de Nueva Esparta reclama voluntad política para atender crisis de privados de libertad

Pese a que hubo un cambio en la dirección política del estado Nueva Esparta, la crisis por la que atraviesan los privados de libertad, que incluye una fuerte condición de hacinamiento, enfermedades, hambre y desnutrición entre los reclusos, pareciera no tener una pronta solución.

Henry Jaspe, director de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del estado, ahora en manos de la oposición, declaró a Una Ventana para la Libertad que en este momento tienen grandes dificultades con respecto a la seguridad y a los privados de libertad porque no pueden acceder a la policía del estado, responsable de 10 de los 16 centros de detención preventiva que funcionan en el estado. Precisó que el cuerpo policial está pasando por un proceso de intervención, desde que Carlos Mata Figueroa dejó de presidir el estado, y eso les impide tener control logístico y operativo de la institución.

Durante la gestión de Mata Figueroa no se aplicaron medidas notables para atender a quienes se encuentran recluidos en los calabozos de los diferentes cuerpos de seguridad de la entidad, a falta de un centro penitenciario formal. El exministro de Defensa incluso confesó en una entrevista que tener una cárcel en el estado era “un dolor de cabeza”, pese a que esto propicia el hacinamiento y el distanciamiento de las familias por no contar con los recursos para visitar a los detenidos que son trasladados a otros estados. Y aunque el mandatario en este momento es Alfredo Díaz, no tiene acceso a la data de los reclusos para atenderlos.

Jaspe dijo que a pesar de que ha tenido conversaciones con el director encargado del Instituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne), el general de Brigada Agustín Herrera Luna, segundo comandante de la Zona de Defensa Integral de la entidad, se les ha hecho imposible obtener la información. “Se nos hace muy difícil determinar el número de privados de libertad que se encuentran en las comisarías que dependen de esta policía, el estado en el que están y también su estatus legal”, afirmó.

La autoridad militar recientemente informó que Iapolebne tiene unos 600 presos y que se encuentran gestionando ante el Ministerio Público su condición legal para evitar el hacinamiento. Extraoficialmente se maneja la cifra de al menos 1.500 detenidos en el estado.

“También quisiéramos llegar a saber el estatus de la cárcel de San Antonio, que es donde deberían estar los detenidos. Hemos invitado a las autoridades a sentarnos para hablar sobre ese y otros puntos y no hemos tenido una respuesta afirmativa. Tenemos la competencia legal y las atribuciones legales para resolver el tema del hacinamiento en las estaciones policiales, pero no tenemos ni siquiera acceso a las estadísticas, a la capacidad, no hay disposición. Hay que poner orden. Vamos a seguir trabajando e insistiendo”, comentó el responsable de Seguridad de la Gobernación.

Jaspe también se refirió a los trasladados de los privados de libertad de Nueva Esparta a otros estados, señalando que es muy preocupante ver que los llevan a lugares como El Dorado, “cuando para nadie es un secreto la grave crisis socio económica que está viviendo la población”.

Los detenidos solo cuentan con los alimentos y la ropa que sus familiares puedan llevarles a los centros de reclusión porque estos no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para garantizarles estos derechos. Las madres y esposas que visitan a los reclusos manifestaron que este año se les ha complicado el doble llevarles lo que necesitan.

“Tenemos que sentarnos y ver la realidad de cada uno de los centros de detención, determinar cómo se encuentran, ver quiénes están procesados y quiénes penados para evaluar si pueden trasladarse a lugares que tengan las características idóneas para pagar sus penas. Reclamamos voluntad política del oficialismo para resolver el tema de los privados de libertad. Ellos asumen posiciones de poder en el estado y dicen que vienen a solucionar los problemas de la gente, pero no lo hacen. La Gobernación de Nueva Esparta es una institución apegada a derechos y tiene atribuciones que debe cumplir”, concluyó el director.

Texto: Johanna Bozo, Equipo UVL

Foto: Sebastián Guido

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