Un segundo privado de libertad logró evadirse y está siendo buscado por los cuerpos de seguridad
Según informó el Secretario de Seguridad y Orden Público del gobierno regional, Oswaldo Rodríguez León, el hecho se suscitó cerca de las 4 de la madrugada cuando unos reclusos llamaron al funcionario de guardia con el pretexto de que un compañero estaba enfermo, y éste, sin tomar medidas de precaución, entró a la celda donde fue atacado con un chuzo.
La situación, obviamente, fue aprovechada por dos reclusos para darse a la fuga por la parte de atrás de la Comandancia. Otro funcionario que estaba en el techo de los calabozos les disparó e hirió a uno, quien fue encontrado muerto varios metros más adelante, cerca de la Variante Norte de la ciudad. El otro, cuya identidad no fue revelada, se dio a la fuga y está siendo buscado activamente por los cuerpos de seguridad.
El occiso fue identificado como Gustavo Antonio Polanco Lázaro, de 32 años de edad, quien había ingresado al mencionado retén en abril de 2017 tras ser aprehendido minutos después de que, a mano armada, despojara de sus celulares a dos personas en el sector El Isiro, de la capital falconiana. Además, tenía antecedentes por homicidio así como por ocultamiento y porte de arma de fuego.
El policía agredido es el oficial agregado Joel Arias quien presentó una lesión de poca gravedad en la oreja.
ORL hizo énfasis en que la situación ocurrió por “inobservancia, impericia y negligencia” del funcionario de guardia así como por el hacinamiento en el mencionado CDP.
“Esta es una situación bien compleja porque más allá del Plan Cayapa, que se realizó hace días, son pocos los sacados con beneficios de ese centro de detención. Hasta ahorita hay 420 personas (privadas de libertad) en Coro, 257 en Paraguaná (Punto Fijo), 80 en la costa oriental (Tucacas) y esto llama poderosamente la atención”, acotó.
De igual manera exhortó al gobernador Víctor Clark para que insista con los organismos jurisdiccionales y el ministerio de Asuntos Penitenciarios “a objeto de que sean desconcentrados esos centros de retención porque para el gobierno representa un grave problema”.
La Fiscalía 17 con competencia en Derechos Fundamentales conoció del hecho.
Eva Riera, Equipo UVL
FOTO cortesía Oficina Regional de Información / archivo UVL
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