Denuncian hacinamiento en policía municipal de Nueva Esparta

Denuncian hacinamiento en policía municipal de Nueva Esparta

Denuncian hacinamiento en policía municipal de Nueva Esparta

El director de la Policía Municipal de Mariño, en el estado Nueva Esparta, Anthony Frontado, denunció este 7 de septiembre de 2017 que actualmente los privados de libertad que se encuentran en el calabozo del cuerpo policial viven en condición de hacinamiento a causa de los retardos procesales.

El lugar cuenta con un espacio de 5x4, para albergar máximo a 30 personas, sin embargo, hoy tienen un total de 109 detenidos, lo que les dificulta en gran medida el cumplimiento de los derechos a la alimentación y la salud, entre otras cosas, pues tampoco cuentan con aire acondicionado para sobreponerse a las fuertes temperaturas que se registran en este momento en la zona oriental venezolana.

Precisó que de esta cantidad ocho son mujeres y uno es menor de edad. El calabozo no cuenta con espacios idóneos para separarlos y tenerlos allí, por lo que se vieron en la obligación de sacarlos a otra área pequeña. El adolescente es uno de los recapturados tras la fuga que se dio recientemente en el Centro de Internamiento de Los Cocos, en el municipio Mariño, no obstante, las autoridades del lugar no lo reciben porque allí los reclusos también se encuentran en una condición de hacinamiento.

“La policía municipal debe tener a esas personas solo para ser presentadas. Debería ser un lapso máximo de 48 horas los adultos y 24 horas los menores de edad. En este tiempo deben ser presentados ante los tribunales de control correspondientes, pero lamentablemente pasan entre 1 y 3 años recluidos en nuestro calabozo. En la actualidad tenemos 6 penados y todos los demás presentados. No contamos con sistemas para buscar que sean reinsertados en la sociedad, labores de trabajo. Para las visitas de los familiares tenemos que ideárnoslas. No hay espacio para que puedan comer o dormir bien, por lo que armaron un segundo piso con hamacas”, afirmó el director.

Aunado a esto, Frontado indicó que por la cantidad de personas que se encuentran en un espacio tan reducido, sin los recursos suficientes para hacerle mejoras, se han presentado un sinfín de enfermedades entre los reclusos. En los últimos meses han reportado cinco casos de tuberculosis. También hay muchos que están contagiados con escabiosis y hasta con HIV. Por el mismo tema del espacio, algunas veces deben tener a estas personas en los pasillos, exponiendo a los otros detenidos, a los funcionarios y el personal administrativo de la policía.

“Hay mucha cercanía entre ellos, el área es muy cerrada. En la noche están en un espacio más pequeño y en el día los tenemos en el área más grande para que puedan aguantar el calor. Por el asunto de la comida y la basura hay muchas alimañas, focos de contaminación. Es infrahumana la condición en la que están estas personas que lamentablemente decidieron tener una conducta indebida en un momento dado y ahora están privadas de libertad. Se nos escapa de las manos tenerlos en ese espacio”, aseveró.

Diariamente, en procedimientos que son positivos, cuando son atrapados en flagrancia y los casos reúnen todos los elementos para que sean privados de libertad, son detenidas 3 o 4 personas y los fines de semana hasta 8 al día; por lo que la cifra de recluidos no suele bajar. Cuando logran sacar a uno, entran varios más.

A esto se suma que las nuevas directrices del Sistema Penitenciario exigen que para que las personas privadas de libertad sean trasladadas y tengan cupos en los centros de reclusión deben ser dotadas con un kit que tenga una colchoneta, almohada, dos juegos de sábanas, 3 uniformes, 1 toalla, jabón y zapatos deportivos sin trenzas. Además las policías municipales tendrían que pagarle el pasaje, más el del funcionario que lo custodia.

“Todo esto supera el millón de bolívares y si lo multiplicamos por la cantidad de privados de libertad es una suma muy alta que no se ejecutó ni financiera ni presupuestariamente, porque nunca se previó. Eso es nuevo y empeora toda la situación, no tenemos presupuesto. El Ministerio es el que debería correr con esos gastos porque nosotros hacemos el trabajo preventivo buscando la manera de subsanar los delitos”, comentó el director.

Sin seguridad

Dada la condición de hacinamiento también existen grandes riesgos de seguridad. La población de detenidos sobrepasa enormemente al número de funcionarios que pueden tener de guardia en el calabozo, que no tiene cámaras de seguridad.

“Es un riesgo a su integridad física. Siempre se resguardan los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero ya es bien sabido que se han presentado tres motines, dos de ellos este año, en los que han quebrado todas las vidrieras, dañado las computadoras e impresoras, que son muy costosas y sirven para llevar un mejor control. A veces lo hacen para ser escuchados, pero no es la forma”, dijo.

Señaló que todo esto dificulta la labor policial externa e interna, porque el personal que podrían tener en las calles patrullando debe quedarse resguardando a estas personas. Igual a las que están enfermas o lesionadas, que deben ser acompañadas por un funcionario en todo momento sin son llevados al hospital. En este momento hay uno internado por una fractura en la pierna que debe ser operada.

Frontado informó que la inquietud de esta problemática que los afecta todos los días ha sido elevada al Viceministerio de Interior, Justicia y Paz, a los tribunales de ejecución y control y la Defensoría del Pueblo, sin lograr mayores resultados.

“El llamado es a los organismos competentes de la administración de justicia para que tomen las medidas pertinentes. Recordemos que tenemos una cuadratura que dice que son dos funcionarios por cada 1.000 habitantes, ahora tenemos uno por cada 4.000. Estamos dejando de cuidar a muchas más personas”, dijo.

La Policía de Mariño tiene una nómina de 170 funcionarios. Están formando a 60 más. Algunos de ellos se gradúan en diciembre y otros en marzo. Aun así es insuficiente para atender los requerimientos del municipio y el calabozo. El déficit de funcionarios es muy alto.

Hablan los detenidos

Al acercarse a la zona en la que se encuentra el calabozo puede sentirse el calor y un fuerte olor que sale del lugar. Los detenidos están sin camisas, sentados en el piso. Se acercan para ver quiénes son los visitantes y hacen preguntas para ver si reciben alguna ayuda.

Algunos de los privados de libertad, quienes prefirieron no ser identificados, manifestaron que para ellos lo mejor es estar en ese calabozo y no que los trasladen fuera del estado porque perderían el beneficio de ver a sus familias y recibir alimentos. Por falta de recursos no podrían viajar. Otros dijeron que les da miedo, porque en un penal recibirían “plomo parejo”.

Pidieron que se haga una jornada médica para atenderlos porque la mayoría tiene “sarna” por las condiciones en las que se encuentran y que llegue el Plan Cayapa para agilizar los procesos judiciales de quienes allí se encuentran. “Que salgan los que tengan que salir, aquí hay muchos que ya no deberían estar, siempre se tardan con los juicios y todo eso, pero que no nos lleven lejos. Si me llevan a Puente Ayala me matan”, comentó uno de los detenidos.

Esta solicitud surge esto en vista de que desde febrero del 2016 en el Internado Judicial de San Antonio, ubicado en el municipio García, se hacen trabajos de limpieza, reconstrucción y adecuación de los espacios (que estimaron culminarían en dos meses), para imponer el régimen penitenciario que comenzó a aplicarse en el país el 26 de julio de 2012.

Por orden de la ministra de Asuntos Penitenciarios del momento, Iris Varela, trasladaron a 1.828 privados de libertad, dejando únicamente a 92 mujeres recluidas en el anexo femenino. Estos fueron llevados al penal de Puente Ayala en Barcelona, estado Anzoátegui; y las cárceles de Tocuyito, en Carabobo; Vista Hermosa, en Bolívar; Tocorón, en Aragua; y La Pica, en Monagas, lugares a los que aún hoy los envían.

Texto: Johanna Bozo

Foto: Sebastián Guido

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