Centros de detención preventiva viven una de sus peores crisis en Nueva Esparta

Centros de detención preventiva viven una de sus peores crisis en Nueva Esparta

La situación de los privados de libertad en los centros de detención preventiva de Nueva Esparta se hace cada día más difícil. Las cifras de detenidos siguen aumentando tras las acciones de los diferentes cuerpos policiales para mantener la seguridad y la implementación de la Gran Misión Justicia Socialista en la entidad (que ha reportado la captura y privación de al menos 260 personas por diferentes delitos en menos de un mes), mientras se multiplican las enfermedades entre los reclusos y el hacinamiento empeora, a causa del retardo procesal y la falta de un recinto penitenciario formal en el estado.

Anthony Frontado, director de la Policía Municipal de Mariño, afirmó que la crisis penitenciaria es cada vez más dura porque la situación económica ha empeorado y esto dificulta que los detenidos reciban por parte de sus familiares la atención de alimentos y medicamentos que requieren para sobrevivir. Esto, en vista de que la institución no cuenta con los recursos para brindarles ese apoyo y según las leyes que rigen la materia los presos deben permanecer como máximo 48 horas en estos espacios.

“La población de detenidos se incrementa cada día como resultado de los procedimientos positivos que se realizan en el municipio. Si llegan a salir una o dos personas, ingresan 10 más. Actualmente tenemos 117 privados bajo nuestra custodia. 93 de ellos en un calabozo de 5x4 que es para albergar máximo a 30 personas”, dijo tras manifestar que tienen un grave problema con las féminas, ya que no cuentan con un espacio idóneo para recluirlas.

Para mantenerlas separadas de los hombres las tienen en un pequeño calabozo situado en una base policial de Porlamar. Este cuenta con un área de 2x1, con capacidad para 2 personas, sin embargo, hoy permanecen allí 10 mujeres. “Tienen que dormir casi una encima de la otra. Hay dos colchonetas y dos ventiladores. Ellas requieren ir al baño con más frecuencia y no tienen baño en ese lugar, tienen que adaptarse a un horario para satisfacer sus necesidades fisiológicas y su aseo personal. Se nos dificulta mucho. Además, la cantidad de reclusas sobrepasa enormemente el recurso humano que tenemos allí para custodiarlas”, precisó Frontado.

En este mismo comando están detenidos dos adolescentes que ni siquiera pueden permanecer en un calabozo. Por falta de espacio los tienen esposados uno al otro, sentados en unas sillas, en un espacio abierto. Para dormir cuentan con una sola colchoneta y dos almohadas. El Director informó que han tenido serios inconvenientes con la recepción de los mismos en el Centro de Internamiento de Los Cocos, donde deben estar los menores de edad, porque las autoridades alegan que tienen muy mala conducta y no los aceptan. Uno de ellos forma parte del grupo de 37 evadidos de ese recinto el 30 de agosto de 2017.

Indicó que tratando de mejorar sus condiciones, alargaron los horarios de visita, respetando así su derecho y buscando mantenerlos controlados, “porque eso es lo que más nos reclaman”. “Hay cosas como la visitas conyugales y de niños que no se las podemos respetar. El lugar en el que se encuentran está contaminado. Cuando hemos podido se ha fumigado y les hemos llevado jornadas médicas para que estén relativamente bien, aun así por el hacinamiento muchos están enfermos con escabiosis y tenemos casos de tuberculosis”, agregó.

En las policías de los municipios Arismendi y Maneiro la situación es similar. La cantidad de presos sigue aumentando y el hacinamiento empeorando. En la primera, el calabozo mide 4x4 (máximo 5 personas) y tienen recluidas a 15. En la segunda hay dos celdas de 3x2 (para 8 privados), pero la población es de 51 reclusos. Algunos permanecen de pie, otros en hamacas y el resto en otra área en la que también hay adolescentes.

Esto es lo que se conoce oficialmente, sin embargo, distintos funcionarios que prestan sus servicios para los cuerpos policiales del gobierno, aseguran que en sus centros la situación es mucho peor y que en este momento viven una de las peores crisis que han enfrentado. Se ha tratado de obtener las cifras de detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Porlamar, uno de los peores de acuerdo con los policías que declararon bajo anonimato, y los directores se niegan a dar la información. Lo mismo ocurre con los jefes de las distintas bases de la policía estadal.

Excluidos y sin respuesta

A pesar de que los directores municipales han elevado sus denuncias innumerables veces a las autoridades competentes y que les han prometido atender la situación, no lo han hecho. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, se comprometió a implementar el Plan Cayapa en los centros de detención preventiva de la entidad, el 9 de septiembre de este año, no obstante, los privados de los calabozos policiales y militares fueron excluidos.

“Si aquí hay esa necesidad vamos a ver cómo la atendemos. El Plan Cayapa es para el estado Nueva Esparta. Si hay hacinamiento nos desplegamos. Vamos a revisar esa situación, en vista de que acá tenemos muy pocos privados, en una semana pudiéramos atender y acercarnos a los centros preventivos, cuenten con ello”, aseguró entonces.

El coordinador de la Gran Misión Justicia Socialista en la entidad, general Luis Irazábal, comandante de la Zona 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, de igual forma dijo que se estaban tomando medidas para aliviar este problema, en conjunto con la fiscal del estado, quien se niega a ofrecer declaraciones al respecto. Tampoco lo han hecho.

“Tuvimos presencia de la Defensoría Pública, pero no todos los poderes necesarios para que se concretara el Plan Cayapa que se ofreció. Seguimos esperando que tomen en cuenta a las personas que aquí se encuentran recluidas. Hemos hecho llamados a la Defensoría del Pueblo, a los tribunales de niños, niñas y adolescentes porque esta institución no puede garantizar el buen desenvolvimiento de esta privativa de libertad que siempre busca reinsertarlos en la sociedad, hay que mantenerlos en condiciones especiales y no podemos. Reiteramos nuestro llamado a los tribunales de ejecución y de juicio correspondientes a fin de que se avoquen a solventar esta problemática de hacinamiento”, aseveró Frontado.

La comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio del Servicio Penitenciario, Milka Olivero, confirmó que el Plan Cayapa no atendió a los centros de detención preventiva en esta oportunidad e informó que se está evaluando una nueva fecha para hacerlo.

Texto: Johanna Bozo

Fotos: Sebastián Guido

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