La fuga masiva que ocurrió en el centro policial de Los Cocos, municipio Mariño del estado Nueva Esparta el pasado 16 de marzo, pudo haber sido motivada por el hacinamiento en el que se encuentran los privados de libertad en ese recinto, según declaró la alta comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio del Servicio Penitenciario, Milka Olivero, quien reconoció que las bases policiales de la entidad se han convertido en una “bomba de tiempo” por las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
Olivero aseguró que esta realidad ha llevado al Ministerio a impulsar distintos planes para descongestionar los distintos calabozos que hay en la entidad y fue enfática al afirmar que la única forma de lograr esta meta es que se incorporen todos los organismos que tienen competencia en la materia.
“Si se van a establecer culpas tengo que decir que es de todo el sistema. Yo no puedo culpar a una u otra institución, la tenemos todos los que formamos parte de esto. Todos somos copartícipes y corresponsables. Es una realidad innegable el hacinamiento, también lo es que hay detenidos que no son culpables y otros que ya cumplieron sus penas y no han salido por el retardo procesal, pero para que se revisen esos casos y ellos salgan deben estar presentes los jueces, los fiscales y los defensores. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad: el Ministerio Penitenciario es de acompañamiento, cuida que el reo esté como debe estar, pero el retardo procesal no tiene absolutamente nada que ver con nosotros”, aseveró.
También indicó que aun cuando los centros de detención preventiva no dependen directamente del Ministerio, sino de la gobernación, las alcaldías y la policía del estado (en este momento intervenida), el 27 de febrero iniciaron un plan diagnóstico -con el acompañamiento de la Defensa Pública- para agilizar los procesos penales de los privados de libertad que se encuentran recluidos en estos recintos. Hasta el momento han visitado seis bases y atendido más de 450 casos. Siguen esperando que se incorporen los jueces y fiscales.
Nuevamente los exhortó a participar, recordando que la población de Nueva Esparta requiere de una atención especial y un apoyo mayor porque hasta el momento el único recinto penitenciario de la isla no cuenta con las condiciones para recluirlos a todos y por su condición de insularidad, que hace que la situación sea más crítica para las familias que deben trasladarse a otros estados por sus detenidos.
“Es una situación atípica. Esto no es tierra firme, los familiares muchas veces no pueden trasladarse. No hay traslados para llevarlos afuera porque no hay la capacidad, es un trabajo que requiere de mucho compromiso”, refirió.
Nuevo Plan Cayapa
La alta comisionada informó que esta semana se estuvo desarrolló en el estado una nueva jornada del Plan Cayapa para atender a los detenidos que se encuentran en el Internado Judicial de San Antonio: 98 hombres y unas 100 mujeres. En esta oportunidad el Plan solo atendió a la población del internado y esperan próximamente poder incluir a los privados de libertad de los centros de detención preventiva.
Reiteró que en este centro se respetan completamente los derechos humanos y que allí no hay hacinamiento. “Tienen su régimen, su comida, su ropa. Estudio, trabajo, atención médica. Se está haciendo un muy buen trabajo allí, pero todavía no está en la capacidad de recibirlos a todos”.
“Estoy segura de que si todos trabajamos con compromiso podemos desocupar esas bases, si todos los que estamos involucrados, todas las autoridades y hasta la comunidad, hacemos un buen trabajo, el que nos corresponde, podemos lograrlo. Este plan se creó para descongestionar las bases, para darles prioridad y atención a los privados, calidad humana, derechos humanos. Los entes que estamos involucrados en el proceso penal, todos tenemos que responder”, concluyó.
Texto: Johanna Bozo
Foto: Sebastián Guido
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